Producción periurbana: asesores analizaron la problemática
En el marco de un curso de actualización previsto en la ley provincial estuvieron presentes productores y profesionales de Dique Chico, localidad en donde se generaron fuertes roces con miembros de la comunidad
La compleja relación entre el campo y la ciudad que muchas veces se vive en las denominadas zonas periurbanas se trasladó días pasados a Villa María en una jornada de actualización técnica para asesores fitosanitarios, que forma parte de la capacitación permanente para los profesionales que se dedican a esa actividad prevista por la Ley 9164, que regula la aplicación de agroquímicos en la provincia.
El Colegio de Ingenieros Agrónomos provincial, entidad organizadora del encuentro, invitó a profesionales y productores de Dique Chico - pequeña localidad cercana a Alta Gracia- para que relaten los sucesos que ocurridos en el lugar.
La comuna de esa pequeña localidad de sólo 300 habitantes dictó una norma que restringe la aplicación de agroquímicos por encima de lo legislado por la Provincia, lo que determinó el reclamo de los productores. Estos lograron una medida cautelar favorable en la justicia luego de encadenarse frente al despacho comunal para visibilizar la protesta en diciembre del año pasado.
Pero cuando estaban sembrando en enero bajo la supervisión del Ministerio de Agricultura ingresaron al campo un grupo de activistas liderados por Sofía Gatica, referente ambiental, quien fue detenida por la policía. Aunque el hecho no pasó a mayores y Gatica quedó rápidamente en libertad, no se trata de un tema menor ni tampoco alejado a lo sucedido en otras localidades, como Monte Maíz.
Al ser consultado sobre el motivo que llevó a incluir este caso en medio de disertaciones técnicas referidas a la aplicación de productos, Diego Santos, coordinador de la Comisión de Agroquímicos del colegio profesional, indicó que lo definieron motivados por la forma de actuar de profesionales y productores involucrados. Según su punto de vista “son un modelo a seguir, ya que se vincularon con las instituciones, como el colegio, la comunidad de Dique Chico y el Ministerio de Agricultura; y llevaron adelante su actividad bajo las reglas que tienen que seguir. Ahora están acercándole a la justicia las pruebas que les pide porque están con un recurso de amparo para demostrar que hacían las cosas bajo la ley, correctamente”.
El agrónomo Ernesto Carreño, asesor privado de productores del lugar, señalo que en la jornada le comentaron a los presentes “con qué se pueden encontrar ingenieros y productores, ya que esta situación se puede repetir. Nosotros incluso hemos realizado un video para demostrar de qué manera trabajamos. Más allá del problema hay que tomar conciencia y generar el compromiso de hacer las cosas con responsabilidad. Hay una ley que nos protege, debemos respetarla y también hacerla respetar. En ese trabajo estamos”.
Explicó que en la zona que circunda a la comuna desde hace mucho tiempo tienen problemas con las aplicaciones de productos fitosanitarios, pero recalcó que los productores “trabajan en forma responsable, cumpliendo con las buenas prácticas agrícolas, usando la receta fitosanitaria y todas las prescripciones de la ley. Nos encontramos con un conflicto y la situación se está complicando porque del otro lado tenemos ambientalistas que nos impiden trabajar bajo la ley con argumentos que no son válidos”.
Al ser consultado sobre las causas que según su parecer podrían motivar los hechos acaecidos en la localidad, el profesional expresó que “algo raro pasa con el desarrollo inmobiliario que se está generando en la zona; también pueden haber cuestiones políticas, pero ahí no llegamos. Lo único que nos queda es hacer las cosas bien, con absoluta responsabilidad. Tuvimos que acudir a la justicia para poder seguir trabajando como la ley dice”.
Por su parte Alejandro Dalmasso, productor agrícola, subrayó que a partir de la sanción de la ordenanza “un grupo de productores decidimos llevar este tema a la justicia para que dictamine si corresponde o no su aplicación. A raíz de esto desarrollamos un protocolo de trabajo junto al Ministerio de Agricultura para dar más soporte a lo que ya veníamos haciendo, con fiscalización de ese organismo al momento de las aplicaciones. Fuimos agredidos por activistas una vez con piedras, también recibieron los empleados del ministerio, y en otra se metió gente en el campo para impedir una aplicación que es legal y está avalada por la misma justicia”.
Para el productor se trata de una “situación penosa porque nosotros trabajamos con mis hermanos; somos pequeños productores que estamos ahí todos los días, vivimos en el mismo lugar; que se haya generado tanto odio por falta de información o por intencionalidad de algunos es muy triste, pone en jaque nuestra forma de vida y de trabajo; cumpliendo con la ley uno debería tener todas las garantías y no todos los problemas”. Señaló además que en el conflicto participó gente de otras latitudes.
“Los actores son los mismos, basta verles las caras. Están acá, en Monte Maíz y otras localidades. Le siembran miedo a la gente con falacias, con mentiras, y generan una percepción negativa del productor, que en nuestro caso no es así”, afirmó.
Ley
Este medio también quiso conocer la opinión de los profesionales sobre los alcances de la Ley 9164, teniendo en cuenta que la ordenanza cuestiona la herramienta jurídica ya que marca una zona de exclusión mayor a la legislada.
“Mi opinión personal es que este tema no la pone en jaque. La ley es un marco, que puede ser perfectible en algunas cuestiones pero que en otras no hace falta tocarlas. En la provincia estamos muy por encima de otras jurisdicciones. Igualmente pensamos que hay que seguir trabajando en la ley y pulir las cosas que pueden no estar claras. Lo que no se estableció en su momento no significa que quede inconcluso para siempre. La ley puede ser perfectible y se pueden ir acomodando ciertos aspectos, como las distancias de no aplicación y demás”, sostuvo Santos.
Carreño agregó que “tenemos la tecnología, los productos banda verde y azul que nos permiten trabajar cerca, equipos electrónicos que sirven para determinar la velocidad del viento, humedad, temperatura; también hay maquinaria de alta tecnología, cursos vigentes para aplicadores y toda la información. Está faltando el apoyo del gobierno e instituciones. El desafío es muy grande porque la actividad está comprometida por todos los inconvenientes productivos que se generan”.
Pablo Correa. Colaborador.
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El Colegio de Ingenieros Agrónomos provincial, entidad organizadora del encuentro, invitó a profesionales y productores de Dique Chico - pequeña localidad cercana a Alta Gracia- para que relaten los sucesos que ocurridos en el lugar.
La comuna de esa pequeña localidad de sólo 300 habitantes dictó una norma que restringe la aplicación de agroquímicos por encima de lo legislado por la Provincia, lo que determinó el reclamo de los productores. Estos lograron una medida cautelar favorable en la justicia luego de encadenarse frente al despacho comunal para visibilizar la protesta en diciembre del año pasado.
Pero cuando estaban sembrando en enero bajo la supervisión del Ministerio de Agricultura ingresaron al campo un grupo de activistas liderados por Sofía Gatica, referente ambiental, quien fue detenida por la policía. Aunque el hecho no pasó a mayores y Gatica quedó rápidamente en libertad, no se trata de un tema menor ni tampoco alejado a lo sucedido en otras localidades, como Monte Maíz.
Al ser consultado sobre el motivo que llevó a incluir este caso en medio de disertaciones técnicas referidas a la aplicación de productos, Diego Santos, coordinador de la Comisión de Agroquímicos del colegio profesional, indicó que lo definieron motivados por la forma de actuar de profesionales y productores involucrados. Según su punto de vista “son un modelo a seguir, ya que se vincularon con las instituciones, como el colegio, la comunidad de Dique Chico y el Ministerio de Agricultura; y llevaron adelante su actividad bajo las reglas que tienen que seguir. Ahora están acercándole a la justicia las pruebas que les pide porque están con un recurso de amparo para demostrar que hacían las cosas bajo la ley, correctamente”.
El agrónomo Ernesto Carreño, asesor privado de productores del lugar, señalo que en la jornada le comentaron a los presentes “con qué se pueden encontrar ingenieros y productores, ya que esta situación se puede repetir. Nosotros incluso hemos realizado un video para demostrar de qué manera trabajamos. Más allá del problema hay que tomar conciencia y generar el compromiso de hacer las cosas con responsabilidad. Hay una ley que nos protege, debemos respetarla y también hacerla respetar. En ese trabajo estamos”.
Explicó que en la zona que circunda a la comuna desde hace mucho tiempo tienen problemas con las aplicaciones de productos fitosanitarios, pero recalcó que los productores “trabajan en forma responsable, cumpliendo con las buenas prácticas agrícolas, usando la receta fitosanitaria y todas las prescripciones de la ley. Nos encontramos con un conflicto y la situación se está complicando porque del otro lado tenemos ambientalistas que nos impiden trabajar bajo la ley con argumentos que no son válidos”.
Al ser consultado sobre las causas que según su parecer podrían motivar los hechos acaecidos en la localidad, el profesional expresó que “algo raro pasa con el desarrollo inmobiliario que se está generando en la zona; también pueden haber cuestiones políticas, pero ahí no llegamos. Lo único que nos queda es hacer las cosas bien, con absoluta responsabilidad. Tuvimos que acudir a la justicia para poder seguir trabajando como la ley dice”.
Por su parte Alejandro Dalmasso, productor agrícola, subrayó que a partir de la sanción de la ordenanza “un grupo de productores decidimos llevar este tema a la justicia para que dictamine si corresponde o no su aplicación. A raíz de esto desarrollamos un protocolo de trabajo junto al Ministerio de Agricultura para dar más soporte a lo que ya veníamos haciendo, con fiscalización de ese organismo al momento de las aplicaciones. Fuimos agredidos por activistas una vez con piedras, también recibieron los empleados del ministerio, y en otra se metió gente en el campo para impedir una aplicación que es legal y está avalada por la misma justicia”.
Para el productor se trata de una “situación penosa porque nosotros trabajamos con mis hermanos; somos pequeños productores que estamos ahí todos los días, vivimos en el mismo lugar; que se haya generado tanto odio por falta de información o por intencionalidad de algunos es muy triste, pone en jaque nuestra forma de vida y de trabajo; cumpliendo con la ley uno debería tener todas las garantías y no todos los problemas”. Señaló además que en el conflicto participó gente de otras latitudes.
“Los actores son los mismos, basta verles las caras. Están acá, en Monte Maíz y otras localidades. Le siembran miedo a la gente con falacias, con mentiras, y generan una percepción negativa del productor, que en nuestro caso no es así”, afirmó.
Ley
Este medio también quiso conocer la opinión de los profesionales sobre los alcances de la Ley 9164, teniendo en cuenta que la ordenanza cuestiona la herramienta jurídica ya que marca una zona de exclusión mayor a la legislada.
“Mi opinión personal es que este tema no la pone en jaque. La ley es un marco, que puede ser perfectible en algunas cuestiones pero que en otras no hace falta tocarlas. En la provincia estamos muy por encima de otras jurisdicciones. Igualmente pensamos que hay que seguir trabajando en la ley y pulir las cosas que pueden no estar claras. Lo que no se estableció en su momento no significa que quede inconcluso para siempre. La ley puede ser perfectible y se pueden ir acomodando ciertos aspectos, como las distancias de no aplicación y demás”, sostuvo Santos.
Carreño agregó que “tenemos la tecnología, los productos banda verde y azul que nos permiten trabajar cerca, equipos electrónicos que sirven para determinar la velocidad del viento, humedad, temperatura; también hay maquinaria de alta tecnología, cursos vigentes para aplicadores y toda la información. Está faltando el apoyo del gobierno e instituciones. El desafío es muy grande porque la actividad está comprometida por todos los inconvenientes productivos que se generan”.
Pablo Correa. Colaborador.