Segundo día de violentas protestas en Barcelona por la condena a secesionistas
Rechazan el fallo del Tribunal Supremo español que sentenció a prisión a los líderes del fallido proceso separatista en el 2017
La violencia irrumpió ayer en Cataluña al término de la segunda jornada de protestas contra el fallo del Tribunal Supremo español, que condenó a prisión a los líderes del fallido proceso de secesión de 2017, y multiplicó las presiones para que el gobierno central español intervenga otra vez la norteña región.
Casi sobre la medianoche, cuando la situación de violencia que se había extendido de Barcelona hacia otras ciudades de Cataluña todavía no estaba completamente controlada, el gobierno español del socialista Pedro Sánchez emitió un comunicado en el que aseguró que en todo momento "garantizará la seguridad y la convivencia".
Sería una minoría
"Una minoría está queriendo imponer la violencia en las calles de las ciudades catalanas, especialmente Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida. La violencia de esta noche está siendo generalizada en todas las protestas", aseguró el gobierno.
En consecuencia, el gobierno español respaldó el accionar de la Policía Nacional y destacó la coordinación con las demás fuerzas de seguridad, incluida la policía catalana y la Guardia Civil, que intervinieron posteriormente para contener las protestas.
Tres manifestantes fueron detenidos, según el diario El Mundo, y al menos 74 resultaron heridos, según los servicios de Emergencia.
Ajena a las críticas de Madrid, la vocera del gobierno catalán, Mertixell Budó, reivindicó el carácter "cívico y pacífico del movimiento independentista" y, tras "condenar cualquier tipo de violencia", llamó a los propios militantes y simpatizantes independentistas a "aislar a los violentos".
"Hay un grupo de personas organizadas que dañan la imagen del independentismo", dijo en declaraciones a TVE.
Pero las imágenes de caos y violencia fueron suficientes para que el líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, exigiera ayer a Sánchez activar la "Ley de Seguridad Nacional", una norma que permite al gobierno central coordinar a todas las fuerzas de seguridad del Estado.
"Los catalanes no podemos vivir en una tierra donde los violentos imponen su ley. Sánchez tiene que actuar inmediatamente para protegernos no sólo de los radicales sino del gobierno que les alienta", aseguró Inés Arrimadas, exlíder de Ciudadanos en Cataluña.
Tras una primera jornada de protestas en la que manifestantes bloquearon parcialmente el aeropuerto internacional El Prat, el movimiento independentista volvió ayer a las calles para rechazar la sentencia contra sus líderes.
El propio presidente catalán, Quim Torra, había prometido que garantizaría el derecho de los independentistas a protestar contra esta "injusticia".
Comentá esta nota
Casi sobre la medianoche, cuando la situación de violencia que se había extendido de Barcelona hacia otras ciudades de Cataluña todavía no estaba completamente controlada, el gobierno español del socialista Pedro Sánchez emitió un comunicado en el que aseguró que en todo momento "garantizará la seguridad y la convivencia".
Sería una minoría
"Una minoría está queriendo imponer la violencia en las calles de las ciudades catalanas, especialmente Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida. La violencia de esta noche está siendo generalizada en todas las protestas", aseguró el gobierno.
En consecuencia, el gobierno español respaldó el accionar de la Policía Nacional y destacó la coordinación con las demás fuerzas de seguridad, incluida la policía catalana y la Guardia Civil, que intervinieron posteriormente para contener las protestas.
Tres manifestantes fueron detenidos, según el diario El Mundo, y al menos 74 resultaron heridos, según los servicios de Emergencia.
Ajena a las críticas de Madrid, la vocera del gobierno catalán, Mertixell Budó, reivindicó el carácter "cívico y pacífico del movimiento independentista" y, tras "condenar cualquier tipo de violencia", llamó a los propios militantes y simpatizantes independentistas a "aislar a los violentos".
"Hay un grupo de personas organizadas que dañan la imagen del independentismo", dijo en declaraciones a TVE.
Pero las imágenes de caos y violencia fueron suficientes para que el líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, exigiera ayer a Sánchez activar la "Ley de Seguridad Nacional", una norma que permite al gobierno central coordinar a todas las fuerzas de seguridad del Estado.
"Los catalanes no podemos vivir en una tierra donde los violentos imponen su ley. Sánchez tiene que actuar inmediatamente para protegernos no sólo de los radicales sino del gobierno que les alienta", aseguró Inés Arrimadas, exlíder de Ciudadanos en Cataluña.
Tras una primera jornada de protestas en la que manifestantes bloquearon parcialmente el aeropuerto internacional El Prat, el movimiento independentista volvió ayer a las calles para rechazar la sentencia contra sus líderes.
El propio presidente catalán, Quim Torra, había prometido que garantizaría el derecho de los independentistas a protestar contra esta "injusticia".