El juez federal Julián Ercolini ordenó la intervención judicial de Idea S.A., la sociedad comercial que administra el Hotel Alto Calafate de la familia Kirchner, en el marco de la causa Hotesur.
La medida había sido requerida por el fiscal Gerardo Pollicita para "asegurar los activos pasibles de decomiso y aquellos útiles para garantizar la indemnización y costas del proceso", y la intervención tendrá "potestades informativas, de recaudación y administración de la firma Idea S.A.".
La intervención de Idea S.A., que será en principio por seis meses e implica el desplazamiento de las autoridades de la firma administradora propiedad de Osvaldo Sanfelice, se suma a la ya dispuesta en marzo pasado en Hotesur, también de la familia Kirchner.
"Se hará lugar a lo peticionado y se dispondrá su intervención judicial con facultades de información, administración y recaudación por el término de seis meses con la remoción de sus actuales autoridades; en el entendimiento de que la situación actual impone la necesidad de adoptar nuevas medidas tendientes a garantizar el aseguramiento del patrimonio pasible de recupero que, en última instancia, dependería del buen funcionamiento de las empresas involucradas", indicó Ercolini en su fallo.
Pagos irregulares
Como principal argumento para dictar la medida, el juez advirtió que -tal como señaló el fiscal Pollicita- la firma Idea celebró un contrato con Hotesur para alquilar y explotar el Hotel Alto Calafate, aunque desde que comenzaron su gestión los veedores Alberto Hocsman y Norberto Lisman, "los pagos acordados comenzaron a volverse irregulares y hasta cesaron en la parte variable de utilidades que se había pactado".
"El incumplimiento contractual no puede entenderse sino en el contexto global en que estaría ocurriendo, en el que entra en juego que su accionista y presidente, Osvaldo Sanfelice, se encuentra imputado por maniobras de lavado; y que la falta de pago a la sociedad dueña del hotel por una actividad que le estaría otorgando ganancias resulta cuando menos llamativa. Máxime si se observa que tal actitud tuvo lugar a partir de las medidas judiciales ordenadas", indicó Ercolini.
Evasivas para responder
A esto se sumaron, advirtió el magistrado, las "evasivas a dar respuestas certeras a los requerimientos" formulados por el interventor de Hotesur, Daniel Altman, "para determinar los montos adeudados, regularizar el contrato de explotación y posibilitar un plan de pagos".
"Los requerimientos han arrojado resultados negativos, lo que exhibe su intención de ocultar la situación actual en que se encuentran para evitar hacer frente a las deudas que pesan sobre Idea SA", indicó Ercolini.
Al respecto, señaló que los veedores debieron analizar las declaraciones juradas de ganancias para, "tangencialmente", intentar conocer el dinero que habría en su haber: a partir de ese estudio, los profesionales concluyeron que la empresa registraba un saldo positivo de 4.062.158 pesos, mientras que la deuda ascendería a un total de 2.019.461 pesos, es decir que podría haber una decisión intencional de no cancelar la deuda.
"Este panorama me conduce al convencimiento de que resulta necesaria la intervención, porque así se intentará aclarar las deudas que registren sus negocios, conservar el patrimonio de la empresa cautelada, continuar con la actividad que desarrolla hasta el momento y subsanar las deficiencias administrativas y contables".
Dos interventores
Ercolini dispuso la designación de dos interventores judiciales para que actúen directamente en la ciudad de El Calafate, que serán nombrados por el Juzgado Federal de Río Gallegos y deberán realizar un informe sobre el cuadro de situación de la empresa en un plazo de 15 días.
A su vez, se les encomendará la rendición de cuentas en forma mensual, determinar cuál es el activo y el pasivo de la sociedad, establecer conjuntamente con Altman el monto de la deuda que registra con esa firma, calcular cuáles son las ganancias que se obtuvieron de la explotación del hotel Alto Calafate y "llevar adelante las medidas que estime adecuadas para mejorar el desarrollo de ese negocio".
En esta causa se investigan presuntas maniobras de lavado de activos llevadas a cabo por la expresidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, el empresario Lázaro Antonio Báez y Osvaldo Sanfelice, quienes habrían actuado a través de varias sociedades (Hotesur SA, Valle Mitre SA e Idea SA).
En la hipótesis bajo investigación, esos hechos tendrían como antecedente la defraudación al Estado Nacional cometida mediante la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a empresas de Báez.
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La intervención de Idea S.A., que será en principio por seis meses e implica el desplazamiento de las autoridades de la firma administradora propiedad de Osvaldo Sanfelice, se suma a la ya dispuesta en marzo pasado en Hotesur, también de la familia Kirchner.
"Se hará lugar a lo peticionado y se dispondrá su intervención judicial con facultades de información, administración y recaudación por el término de seis meses con la remoción de sus actuales autoridades; en el entendimiento de que la situación actual impone la necesidad de adoptar nuevas medidas tendientes a garantizar el aseguramiento del patrimonio pasible de recupero que, en última instancia, dependería del buen funcionamiento de las empresas involucradas", indicó Ercolini en su fallo.
Pagos irregulares
Como principal argumento para dictar la medida, el juez advirtió que -tal como señaló el fiscal Pollicita- la firma Idea celebró un contrato con Hotesur para alquilar y explotar el Hotel Alto Calafate, aunque desde que comenzaron su gestión los veedores Alberto Hocsman y Norberto Lisman, "los pagos acordados comenzaron a volverse irregulares y hasta cesaron en la parte variable de utilidades que se había pactado".
"El incumplimiento contractual no puede entenderse sino en el contexto global en que estaría ocurriendo, en el que entra en juego que su accionista y presidente, Osvaldo Sanfelice, se encuentra imputado por maniobras de lavado; y que la falta de pago a la sociedad dueña del hotel por una actividad que le estaría otorgando ganancias resulta cuando menos llamativa. Máxime si se observa que tal actitud tuvo lugar a partir de las medidas judiciales ordenadas", indicó Ercolini.
Evasivas para responder
A esto se sumaron, advirtió el magistrado, las "evasivas a dar respuestas certeras a los requerimientos" formulados por el interventor de Hotesur, Daniel Altman, "para determinar los montos adeudados, regularizar el contrato de explotación y posibilitar un plan de pagos".
"Los requerimientos han arrojado resultados negativos, lo que exhibe su intención de ocultar la situación actual en que se encuentran para evitar hacer frente a las deudas que pesan sobre Idea SA", indicó Ercolini.
Al respecto, señaló que los veedores debieron analizar las declaraciones juradas de ganancias para, "tangencialmente", intentar conocer el dinero que habría en su haber: a partir de ese estudio, los profesionales concluyeron que la empresa registraba un saldo positivo de 4.062.158 pesos, mientras que la deuda ascendería a un total de 2.019.461 pesos, es decir que podría haber una decisión intencional de no cancelar la deuda.
"Este panorama me conduce al convencimiento de que resulta necesaria la intervención, porque así se intentará aclarar las deudas que registren sus negocios, conservar el patrimonio de la empresa cautelada, continuar con la actividad que desarrolla hasta el momento y subsanar las deficiencias administrativas y contables".
Dos interventores
Ercolini dispuso la designación de dos interventores judiciales para que actúen directamente en la ciudad de El Calafate, que serán nombrados por el Juzgado Federal de Río Gallegos y deberán realizar un informe sobre el cuadro de situación de la empresa en un plazo de 15 días.
A su vez, se les encomendará la rendición de cuentas en forma mensual, determinar cuál es el activo y el pasivo de la sociedad, establecer conjuntamente con Altman el monto de la deuda que registra con esa firma, calcular cuáles son las ganancias que se obtuvieron de la explotación del hotel Alto Calafate y "llevar adelante las medidas que estime adecuadas para mejorar el desarrollo de ese negocio".
En esta causa se investigan presuntas maniobras de lavado de activos llevadas a cabo por la expresidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, el empresario Lázaro Antonio Báez y Osvaldo Sanfelice, quienes habrían actuado a través de varias sociedades (Hotesur SA, Valle Mitre SA e Idea SA).
En la hipótesis bajo investigación, esos hechos tendrían como antecedente la defraudación al Estado Nacional cometida mediante la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a empresas de Báez.