La defensa alega que es un “acto de persecución política enmascarado bajo el ropaje de una pretendida resolución judicial”
La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió este viernes frenar el decomiso de 19 propiedades a nombre de sus hijos Máximo y Florencia ubicadas en la provincia de Santa Cruz por la causa Vialidad.
La defensa de la dos veces presidenta de los argentinos argumenta que se trata de un “acto de persecución política enmascarado bajo el ropaje de una pretendida resolución judicial”.
Ante esa requisotoria, el fiscal Mario Villar solicitó ante la Cámara Federal de Casación rechazar cada uno de los recursos planteados por la defensa y avanzar con el proceso de confiscación de más de 100 bienes de la familia de CFK.
En tanto, la sala IV del máximo tribunal penal federal había previsto una audiencia para este viernes a las 11, pero no se llevó a cabo porque las partes involucradas decidieron presentar “breves notas”, dejando de lado la exposición oral, por lo que ahora los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña definirán cuáles serán las condiciones para resolver el caso.
Desde lo económico, la suma asciende a $684.990.350.139,86. En esta parte del caso se juega el destino de 111 bienes de la ex presidenta, sus hijos, el dueño de “Austral Construcciones” Lázaro Báez y empresas, entre ellas el hotel Los Sauces.
La orden de decomiso se había dictado el 18 de noviembre del año pasado. La medida había sido tomada por parte del Tribunal Oral Federal 2, luego de que Casación confirmara la actualización de los $685 mil millones a decomisar.
