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Un juicio en piloto automático

De los tres testigos que debían comparecer ayer en la sala de audiencias solo lo hizo la esposa de Ricardo Araujo, convocada a pedido del defensor Marcelo Brito. La otra que estaba citada, Amuchástegui de Pagliari, mandó a decir que estaba en Córdoba y no tenía pensado viajar a Río Cuarto en estos días. El tercero en cuestión, José Amado Fara, murió… ¡en 2014! Al acostumbrado retraso de media hora en el inicio de las audiencias se sumó ayer otra media hora porque no funcionaban las cámaras que registran el debate.

Eran las diez cuando el presidente del tribunal dio por iniciada una nueva jornada del debate, pero a poco de andar se dio cuenta de que la única testigo que comprometió su presencia había sido citada a las 10.30. Para cubrir el bache, Brito, en un rapto de sensatez que fue compartido por el fiscal Julio Rivero, sugirió que se incorporaran por lectura las declaraciones de los testigos fallidos. Así se hizo. ¿Qué aportaron estos testimonios a la causa? Nada. Absolutamente nada.

María Amuchástegui de Cagliari declaró en 2007 y contó su discusión con Poly Ruiz la noche en que las “congresistas” compartieron su última cena con Nora Dalmasso. Ni siquiera estuvo en esa cena, ni vio esa noche a Nora. José Amado Fara declaró en forma “espontánea” en enero de 2007 y dijo que conocía a Félix Macarrón, el suegro de la víctima, porque ambos integraron las Fuerzas Armadas. ¿Algo para aportar a la causa? Nada. Absolutamente nada.

Virginia Fuentes Lester, la esposa de Ricardo Araujo, fue interrogada por Brito sobre temas completamente ajenos al hecho que se investiga. Al punto de que se la obligó a concurrir con los pasaportes de su familia para demostrar (sic) que había viajado a los Estados Unidos. Sorprendida por el tenor del interrogatorio –a Brito solo le faltó preguntarle qué ropa interior usa-, la testigo protestó porque fotocopiaron los pasaportes de sus hijos, que son menores de edad y tienen derecho a preservar su intimidad.

¿Para qué querían los pasaportes de sus hijos si la testigo contó bajo juramento que hizo un viaje familiar de casi tres meses a Estados Unidos un año y medio después del crimen de Nora? En el afán de escamotear datos a los periodistas que cubrimos el juicio, se resolvió no decir en voz alta las fechas de ingreso y egreso a los Estados Unidos que figuraban en el pasaporte. Como la testigo se mantuvo en sus trece, Rivero se acercó a decirle que las fechas que ella decía no coincidían con los sellos del pasaporte. Pero la mujer le marcó una superposición de sellos. ¡Y las fechas coincidían! Los periodistas no pudimos saber las fechas que figuraban en los sellos del pasaporte. Tampoco los jurados populares. No es un detalle menor en un juicio oral y (no tan) público. En esos menesteres se fue buena parte de la jornada de ayer. Y del miércoles. Y del jueves. Y así van pasando las audiencias, los días, las semanas…

(In)Sensatez

¿El tribunal piensa citar a todos los testigos que figuran en la requisitoria fiscal? No lo sabemos. Hay que retacear esa información al periodismo, no vaya a ser que entorpezcamos una investigación que en quince años no logró cerrar el círculo sobre ninguno de los sospechosos de siempre. O solo sobre uno. Que ahora está solo y espera. ¿En serio piensan citar a todas las personas que declararon en el expediente? ¿Y a los que se le vayan ocurriendo a Brito, como Roberto Cagnolatti, que concurrirá a Tribunales para precisar quién le comentó el chisme del supuesto amorío de Nora con Magnasco hace casi dieciséis años? ¿Qué sentido tuvo incorporar al debate los testimonios del instructor de karate y el profesor de ajedrez de Gastón Zárate? ¿Para qué pidió Brito –y autorizó el tribunal- que se libren oficios a Salta pidiendo los papeles de la sociedad anónima El Curaca, que integraban Rohrer y su entonces “mano derecha”, Ricardo Araujo?

Ayer el tribunal leyó –a pedido de Brito- los poderes otorgados por Marcelo Macarrón a su vocero Lacase para que se constituyera en querellante en la causa que investigaba el homicidio de su esposa. El viudo lo empoderó en representación suya y de sus hijos, que eran menores de edad. Lacase asumió el rol de querellante pese a que ya había declarado en la causa y direccionó la investigación hacia la hipótesis de los amantes (Magnasco, Daniele y el propio Rohrer, entre otros). Lo único que prueba la lectura de esos documentos -¡aportados por Brito!- es la total connivencia que había por aquellos días entre el viudo y su vocero, que además era su abogado.

Es paradójico: mientras el abogado del viudo complica la situación de su cliente aportando pruebas que constatan que actuaba en tándem con Lacase, el fiscal manda investigar al vocero por un delito que ya prescribió. Si la supuesta extorsión de Lacase a Rohrer que mencionó Araujo efectivamente se produjo en 2007 –como declaró-, esa causa prescribió hace cinco años. Si Rivero hubiera imputado a Lacase en la causa de las dádivas pagadas al comisario Rafael Sosa y su tropa, que se alojó a sus anchas en el hotel Opera hasta inculpar a un perejil por el crimen, hoy sí se podría investigar a Lacase. Pero no por extorsión, sino por su rol en el plan criminal que describe el fiscal Luis Pizarro en su decreto de elevación a juicio.

El hecho que se investiga es claro: un homicidio premeditado. Y tiene como único imputado a Marcelo Macarrón. El tribunal debería arbitrar las medidas pertinentes para que esa hipótesis se pruebe o se descarte; acotar la lista de testigos y poner coto y exigir sensatez a las partes, evitando innecesarios, tediosos y desgastantes interrogatorios a testigos que nada tienen para aportar a la causa. Preocuparse menos por los periodistas y más por la transparencia del proceso, porque la sociedad de Río Cuarto –y del país todo- mira con justificado escepticismo el zigzagueante desarrollo de un proceso que por momentos parece conducir hacia ninguna parte.

Hernán Vaca Narvaja. Especial para Puntal