Una protesta menor en comparación con las de jornadas anteriores, en el centro de Concepción, también derivó ayer en choques con Carabineros y otra concentración tuvo lugar en Santiago, pese al acuerdo sellado ayer a la madrugada para encaminar una reforma de la Constitución nacional y el llamado del Gobierno a “salir de la calle y empezar a dialogar”.
Cerca de 200 personas se juntaron en la plaza de la Independencia de Concepción y cuando Carabineros intentó dispersar al grupo que ocupaba la calle O’Higgins los manifestantes respondieron con piedrazos. Al menos cuatro personas han sido detenidas.
Otra multitud se reunía hacia última hora en la plaza Italia, de Santiago, punto neurálgico de las protestas desde hace semanas, que por la mañana fue cubierta con un inmenso lienzo blanco como símbolo por el acuerdo del que saldrá la reforma de la Carta Magna.
Las dos concentraciones parecieron esquivar el llamado del Ejecutivo de Sebastián Piñera a abandonar las calles y concentrarse en las negociaciones para encarar la reforma, pactada en la madrugada por todos los sectores con representación parlamentaria.
“Tal vez es mejor salir de la calle y dialogar en nuestros barrios. Partimos agradeciendo a esos ciudadanos movilizados que nos movieron, nos remecieron a nosotros, pero también creemos que es importante avanzar, alzar la mirada, entender que hoy día tal vez es mejor salir de la calle y dialogar en nuestros barrios, en nuestras poblaciones, cuál es el Chile que queremos construir”, evaluó la ministra vocera, Karina Rubilar.
La funcionaria prometió que el Gobierno será "muy respetuoso con la gente que se quiere manifestar pacíficamente", pero insistió en la “oportunidad histórica” de poner “manos a la obra para concretar los sueños y anhelos de la agenda urgente social”.
Consulta
El acuerdo de la coalición gobernante, Chile Vamos, y de la oposición es para para celebrar un plebiscito en abril, para que la ciudadanía decida si quiere una nueva Constitución y cómo quieren que se confeccione.
Rubilar resaltó la decisión de Piñera de no participar en las conversaciones: "Él no apareció porque con humildad reconoció que era el tiempo del Congreso Nacional", remarcó. Y puso de relieve que está "muy contento, muy alegre de ver que se están dando pasos firmes hacia avanzar al acuerdo por la paz”.
La idea de reformar o redactar directamente una nueva Constitución no partió de los partidos políticos, sino de los manifestantes que, desde el 17 de octubre, salieron casi a diario a las calles de Santiago y las principales ciudades.
Las protestas comenzaron inicialmente por la suba del precio del metro pero crecieron hasta denunciar la desigualdad social y exigir un cambio constitucional.
La persistencia y la fuerza de la protesta social que desde el 18 de octubre mantiene en vilo a los chilenos convenció a los líderes de los partidos políticos, de la coalición gobernante y de la oposición, de la necesidad de llevar a buen puerto una áspera negociación para marcar los tiempos y elegir los mecanismos de la reforma.
El precio de la apertura del debate sobre la nueva Constitución fue, sin embargo, muy alto. Al menos 22 muertos, miles de heridos y detenidos, saqueos, incendios, millonarios daños materiales y un grave impacto sobre la economía.
La Constitución que rige en Chile fue sancionada en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet, y fue objeto de una veintena de reformas en el curso de la democracia.
Dos días de intensas negociaciones entre las fuerzas con representación parlamentaria bastaron para poner en marcha el mecanismo, que incluirá un plebiscito en abril en el que la población se pronunciará por la necesidad de reformar la Carta Magna y elegirá el marco legal dentro del cual se desarrollará el debate.
Las opciones que ofrece la clase política son las de una "convención mixta constitucional", compuesta al cincuenta por ciento por parlamentarios y otra mitad por ciudadanos electos o una "convención constitucional", para la que todos sus integrantes serán electos para este efecto.
La elección de los miembros de ambas instancias se realizará en octubre de 2020 juntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal.
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Otra multitud se reunía hacia última hora en la plaza Italia, de Santiago, punto neurálgico de las protestas desde hace semanas, que por la mañana fue cubierta con un inmenso lienzo blanco como símbolo por el acuerdo del que saldrá la reforma de la Carta Magna.
Las dos concentraciones parecieron esquivar el llamado del Ejecutivo de Sebastián Piñera a abandonar las calles y concentrarse en las negociaciones para encarar la reforma, pactada en la madrugada por todos los sectores con representación parlamentaria.
“Tal vez es mejor salir de la calle y dialogar en nuestros barrios. Partimos agradeciendo a esos ciudadanos movilizados que nos movieron, nos remecieron a nosotros, pero también creemos que es importante avanzar, alzar la mirada, entender que hoy día tal vez es mejor salir de la calle y dialogar en nuestros barrios, en nuestras poblaciones, cuál es el Chile que queremos construir”, evaluó la ministra vocera, Karina Rubilar.
La funcionaria prometió que el Gobierno será "muy respetuoso con la gente que se quiere manifestar pacíficamente", pero insistió en la “oportunidad histórica” de poner “manos a la obra para concretar los sueños y anhelos de la agenda urgente social”.
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El acuerdo de la coalición gobernante, Chile Vamos, y de la oposición es para para celebrar un plebiscito en abril, para que la ciudadanía decida si quiere una nueva Constitución y cómo quieren que se confeccione.
Rubilar resaltó la decisión de Piñera de no participar en las conversaciones: "Él no apareció porque con humildad reconoció que era el tiempo del Congreso Nacional", remarcó. Y puso de relieve que está "muy contento, muy alegre de ver que se están dando pasos firmes hacia avanzar al acuerdo por la paz”.
La idea de reformar o redactar directamente una nueva Constitución no partió de los partidos políticos, sino de los manifestantes que, desde el 17 de octubre, salieron casi a diario a las calles de Santiago y las principales ciudades.
Las protestas comenzaron inicialmente por la suba del precio del metro pero crecieron hasta denunciar la desigualdad social y exigir un cambio constitucional.
La persistencia y la fuerza de la protesta social que desde el 18 de octubre mantiene en vilo a los chilenos convenció a los líderes de los partidos políticos, de la coalición gobernante y de la oposición, de la necesidad de llevar a buen puerto una áspera negociación para marcar los tiempos y elegir los mecanismos de la reforma.
El precio de la apertura del debate sobre la nueva Constitución fue, sin embargo, muy alto. Al menos 22 muertos, miles de heridos y detenidos, saqueos, incendios, millonarios daños materiales y un grave impacto sobre la economía.
La Constitución que rige en Chile fue sancionada en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet, y fue objeto de una veintena de reformas en el curso de la democracia.
Dos días de intensas negociaciones entre las fuerzas con representación parlamentaria bastaron para poner en marcha el mecanismo, que incluirá un plebiscito en abril en el que la población se pronunciará por la necesidad de reformar la Carta Magna y elegirá el marco legal dentro del cual se desarrollará el debate.
Las opciones que ofrece la clase política son las de una "convención mixta constitucional", compuesta al cincuenta por ciento por parlamentarios y otra mitad por ciudadanos electos o una "convención constitucional", para la que todos sus integrantes serán electos para este efecto.
La elección de los miembros de ambas instancias se realizará en octubre de 2020 juntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal.
