Pese al pedido de perdón de Piñera, hubo masivas protestas, incidentes, saqueos y un paro
Crecieron las denuncias de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. Tensa sesión del Congreso para analizar la grave situación
El "perdón" que pidió anteanoche a sus compatriotas el presidente de Chile, Sebastián Piñera, no bastó para sofocar una rebelión popular que ayer se expresó con masivas protestas en distintas ciudades del país, una huelga general, saqueos y nuevas batallas callejeras entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
En el sexto día de la revuelta, se multiplicaron las denuncias por supuestas torturas, detenciones ilegales, disparos contra civiles indefensos y todo tipo de abusos y maltratos por parte de las fuerzas de represión, las cuales forzaron al Gobierno a prometer investigaciones y "consecuencias" para los responsables de esos actos contrarios a la ley.
Ni el estado de excepción, ni los protocolos previstos para situaciones de emergencia ni los toques de queda evitaron la multiplicación de manifestaciones de protesta en Santiago y en otras ciudades.
En muchas de ellas volvieron a verse las repetidas escenas de personas corriendo en medio de las nubes de humo que se forman tras los disparos de las granadas de gas lacrimógeno o entre chorros de agua lanzados desde tanquetas, todo en medio de ciudades completamente militarizadas.
Una de esas escaramuzas fue reportada en cercanías del Palacio de la Moneda, donde las fuerzas usaron gases para dispersar la manifestación, mientras en otras plazas de Santiago miles de personas se agrupaban en diferentes expresiones de protesta, al igual que en Viña del Mar, Concepción y Valparaíso.
En Viña del Mar, un agente de seguridad exhibió una bandera de Chile en medio de la multitud, en aparente señal amistosa, y otros jugaron con una pelota con los manifestantes, en lo que parecieron extrañas escenas en medio de tanta violencia y extrema represión.
En muchas de estas protestas se oyeron reclamos de renuncia para Piñera, una posición que hasta ayer a la tarde no había sido avalada institucionalmente por ningún partido político de la oposición.
Acusación constitucional
El Partido Comunista, sin embargo, informó que se preparaba para presentar una "acusación constitucional" contra el jefe del Estado y el ministro del Interior, Andrés Chadwick. A este último también le exige la dimisión el Frente Amplio.
Chadwick, incluso, afrontó una muy tensa sesión cuando le tocó dar un informe en el Congreso, donde hubo griteríos, insultos y algunos empujones.
El ministro entregó al Congreso un informe elaborado sobre la base de datos reunidos por Carabineros, en el que se advirtió que desde el inicio de las protestas hubo en Chile 1.073 "eventos graves" de violencia, entre saqueos, incendios y destrozos.
“Hemos enfrentado una situación de violencia y acción vandálica como yo no tengo recuerdo de haber vivido en estos últimos años; realmente vandálica, en la que no ha habido límite alguno para causar gravísimo daño a las personas, a su seguridad”, dijo.
Santiago y otras ciudades afrontaron anoche nuevos toques de queda impuestos por las autoridades para evitar nuevos disturbios, mientras en la Moneda Piñera analizaba los detalles de las medidas que anunció anteanoche para mejorar la situación social.
Entre ellas figuran bajas en los precios de los medicamentos, aumentos de 20% en los haberes previsionales, la creación de un salario mínimo, la anulación de un incremento de las tarifas de la luz y suba de impuestos para los de mayores ganancias.
En su discurso televisado de anteanoche, Piñera pidió "perdón" por no haberse anticipado a la crisis social, pero optó por mantener la militarización, en contra de la demanda mayoritaria de la sociedad chilena.
Desde el inicio del estallido social, 18 personas murieron, la mayoría de ellas atrapadas en incendios aparentemente declarados durante saqueos a tiendas o supermercados, pero otras cinco a causa de la acción represiva de agentes del Estado.
Piñera recibió ayer a Sergio Micco, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que en las últimas horas había denunciado falta de transparencia en la difusión de cifras oficiales sobre personas muertas, heridas o detenidas en el curso del estallido social.
Ese instituto, autónomo pero con financiamiento de fondos públicos, reportó hasta la tarde de ayer 376 heridos (173 de bala) y 2.138 detenidos, casi 250 de ellos niños o adolescentes.
"La acción policial y militar ha ido in crescendo" en los últimos días, "lo cual se refleja en los números de detenidos, heridos y muertos", dijo Micco.
Frente a las denuncias, el ministro chileno de Justicia, Hernán Larraín, ofreció una rueda de prensa en la que se refirió a esta situación y advirtió que "todos los que tengan responsabilidades deberán sufrir las consecuencias si se constatan acciones delictivas".
“Nos duele profundamente constatar la existencia de personas que han fallecido o han recibido lesiones graves; nuestro compromiso con la democracia es irrenunciable y es inseparable del respeto y protección de los derechos humanos y el Estado de derecho”, añadió.
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En el sexto día de la revuelta, se multiplicaron las denuncias por supuestas torturas, detenciones ilegales, disparos contra civiles indefensos y todo tipo de abusos y maltratos por parte de las fuerzas de represión, las cuales forzaron al Gobierno a prometer investigaciones y "consecuencias" para los responsables de esos actos contrarios a la ley.
Ni el estado de excepción, ni los protocolos previstos para situaciones de emergencia ni los toques de queda evitaron la multiplicación de manifestaciones de protesta en Santiago y en otras ciudades.
En muchas de ellas volvieron a verse las repetidas escenas de personas corriendo en medio de las nubes de humo que se forman tras los disparos de las granadas de gas lacrimógeno o entre chorros de agua lanzados desde tanquetas, todo en medio de ciudades completamente militarizadas.
Una de esas escaramuzas fue reportada en cercanías del Palacio de la Moneda, donde las fuerzas usaron gases para dispersar la manifestación, mientras en otras plazas de Santiago miles de personas se agrupaban en diferentes expresiones de protesta, al igual que en Viña del Mar, Concepción y Valparaíso.
En Viña del Mar, un agente de seguridad exhibió una bandera de Chile en medio de la multitud, en aparente señal amistosa, y otros jugaron con una pelota con los manifestantes, en lo que parecieron extrañas escenas en medio de tanta violencia y extrema represión.
En muchas de estas protestas se oyeron reclamos de renuncia para Piñera, una posición que hasta ayer a la tarde no había sido avalada institucionalmente por ningún partido político de la oposición.
Acusación constitucional
El Partido Comunista, sin embargo, informó que se preparaba para presentar una "acusación constitucional" contra el jefe del Estado y el ministro del Interior, Andrés Chadwick. A este último también le exige la dimisión el Frente Amplio.
Chadwick, incluso, afrontó una muy tensa sesión cuando le tocó dar un informe en el Congreso, donde hubo griteríos, insultos y algunos empujones.
El ministro entregó al Congreso un informe elaborado sobre la base de datos reunidos por Carabineros, en el que se advirtió que desde el inicio de las protestas hubo en Chile 1.073 "eventos graves" de violencia, entre saqueos, incendios y destrozos.
“Hemos enfrentado una situación de violencia y acción vandálica como yo no tengo recuerdo de haber vivido en estos últimos años; realmente vandálica, en la que no ha habido límite alguno para causar gravísimo daño a las personas, a su seguridad”, dijo.
Santiago y otras ciudades afrontaron anoche nuevos toques de queda impuestos por las autoridades para evitar nuevos disturbios, mientras en la Moneda Piñera analizaba los detalles de las medidas que anunció anteanoche para mejorar la situación social.
Entre ellas figuran bajas en los precios de los medicamentos, aumentos de 20% en los haberes previsionales, la creación de un salario mínimo, la anulación de un incremento de las tarifas de la luz y suba de impuestos para los de mayores ganancias.
En su discurso televisado de anteanoche, Piñera pidió "perdón" por no haberse anticipado a la crisis social, pero optó por mantener la militarización, en contra de la demanda mayoritaria de la sociedad chilena.
Desde el inicio del estallido social, 18 personas murieron, la mayoría de ellas atrapadas en incendios aparentemente declarados durante saqueos a tiendas o supermercados, pero otras cinco a causa de la acción represiva de agentes del Estado.
Piñera recibió ayer a Sergio Micco, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que en las últimas horas había denunciado falta de transparencia en la difusión de cifras oficiales sobre personas muertas, heridas o detenidas en el curso del estallido social.
Ese instituto, autónomo pero con financiamiento de fondos públicos, reportó hasta la tarde de ayer 376 heridos (173 de bala) y 2.138 detenidos, casi 250 de ellos niños o adolescentes.
"La acción policial y militar ha ido in crescendo" en los últimos días, "lo cual se refleja en los números de detenidos, heridos y muertos", dijo Micco.
Frente a las denuncias, el ministro chileno de Justicia, Hernán Larraín, ofreció una rueda de prensa en la que se refirió a esta situación y advirtió que "todos los que tengan responsabilidades deberán sufrir las consecuencias si se constatan acciones delictivas".
“Nos duele profundamente constatar la existencia de personas que han fallecido o han recibido lesiones graves; nuestro compromiso con la democracia es irrenunciable y es inseparable del respeto y protección de los derechos humanos y el Estado de derecho”, añadió.