En abril comenzarían a tratar en comisión la reforma del Código Penal
El proyecto del oficialismo reabre el debate sobre temas controvertidos como la despenalización del aborto y la corrupción
El senador nacional de Cambiemos Humberto Schiavoni manifestó ayer su optimismo respecto a la posibilidad de que el proyecto de ley de reforma del Código Penal presentado por el gobierno nacional sea tratado durante este año legislativo y que comenzaría a ser debatido en abril en comisión.
"Creo que sin dudas habrá lugar para comenzar un tratamiento y convocar a los expertos que nos puedan ilustrar en los distintos temas. Es una legislación de fondo, compleja, que requiere el máximo de los análisis", manifestó el misionero.
El Gobierno presentó el lunes a la noche el proyecto de ley de reforma del Código Penal que busca lograr una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal en un único cuerpo legal y que reabre el debate sobre temas controvertidos, como la despenalización del aborto y la corrupción.
Endurece las penas
La propuesta, que modifica el actual Código que rige desde 1921 y que sistematiza unas 900 leyes especiales, endurece las penas para casos de corrupción y narcotráfico así como para los episodios de robos por parte de motochorros, e introduce castigos para quienes arrojen piedras contra fuerzas de seguridad o interrumpan el tránsito.
En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, que ya comenzó a levantar polvareda, no prevé eliminar la penalización, como proponía el proyecto que fracasó a mediados de 2018 en el Senado, sino que deja a criterio de cada juez la aplicación o no del castigo.
El texto enviado por el Gobierno declara la emergencia penitenciaria y despenaliza la tenencia de drogas de uso personal en escasa cantidad.
Contra funcionarios
Para los casos de corrupción que impliquen pago de coimas, sobornos y enriquecimiento ilícito de funcionarios, las penas pasarán de la escala actual que va de 1 a 6 años de prisión a otra de 4 a 12 años, y deberán ser de cumplimiento efectivo.
En este último ítem, no sólo se incluye a funcionarios sino a titulares de obras sociales y a todos aquellos que estén obligados por ley a presentar declaraciones juradas patrimoniales.
La iniciativa incorpora el delito del acoso laboral, castiga la tenencia de pornografía infantil y aplica el seguimiento para casos de delitos como el abuso sexual agravado y dellitos de violencia de género. En caso de aprobarse la iniciativa también se prevé incluir figuras delictivas como "asociaciones ilícitas terroristas", "reclutamiento, adoctrinamiento y entrenamiento de terroristas".
Comentá esta nota
"Creo que sin dudas habrá lugar para comenzar un tratamiento y convocar a los expertos que nos puedan ilustrar en los distintos temas. Es una legislación de fondo, compleja, que requiere el máximo de los análisis", manifestó el misionero.
El Gobierno presentó el lunes a la noche el proyecto de ley de reforma del Código Penal que busca lograr una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal en un único cuerpo legal y que reabre el debate sobre temas controvertidos, como la despenalización del aborto y la corrupción.
Endurece las penas
La propuesta, que modifica el actual Código que rige desde 1921 y que sistematiza unas 900 leyes especiales, endurece las penas para casos de corrupción y narcotráfico así como para los episodios de robos por parte de motochorros, e introduce castigos para quienes arrojen piedras contra fuerzas de seguridad o interrumpan el tránsito.
En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, que ya comenzó a levantar polvareda, no prevé eliminar la penalización, como proponía el proyecto que fracasó a mediados de 2018 en el Senado, sino que deja a criterio de cada juez la aplicación o no del castigo.
El texto enviado por el Gobierno declara la emergencia penitenciaria y despenaliza la tenencia de drogas de uso personal en escasa cantidad.
Contra funcionarios
Para los casos de corrupción que impliquen pago de coimas, sobornos y enriquecimiento ilícito de funcionarios, las penas pasarán de la escala actual que va de 1 a 6 años de prisión a otra de 4 a 12 años, y deberán ser de cumplimiento efectivo.
En este último ítem, no sólo se incluye a funcionarios sino a titulares de obras sociales y a todos aquellos que estén obligados por ley a presentar declaraciones juradas patrimoniales.
La iniciativa incorpora el delito del acoso laboral, castiga la tenencia de pornografía infantil y aplica el seguimiento para casos de delitos como el abuso sexual agravado y dellitos de violencia de género. En caso de aprobarse la iniciativa también se prevé incluir figuras delictivas como "asociaciones ilícitas terroristas", "reclutamiento, adoctrinamiento y entrenamiento de terroristas".