Concejales, interpelados por el femicidio de Agostina
Las intervenciones tuvieron lugar en un contexto de profunda sensibilidad social y coincidieron en la necesidad de mantener vivo el reclamo de justicia y reforzar las acciones destinadas a prevenir la violencia contra las mujeres
El Concejo Deliberante se pronunció este jueves en torno al lamentable femicidio de Agostina Vega, la menor de 14 años que fue brutalmente asesinada en Córdoba, aparentemente por Claudio Barrelier, el único imputado que tiene la causa.
Con distintos enfoques, los concejales expresaron su dolor, reflexionaron sobre la violencia de género y analizaron las responsabilidades institucionales que rodean el caso que conmociona a Córdoba y al país.
Las intervenciones tuvieron lugar en un contexto de profunda sensibilidad social y coincidieron en la necesidad de mantener vivo el reclamo de justicia y reforzar las acciones destinadas a prevenir la violencia contra las mujeres.
La concejala Yaslil Oses, al abrir el debate, sostuvo que el caso representa una tragedia que interpela a toda la sociedad.
Durante su intervención, remarcó que un femicidio implica mucho más que la pérdida de una vida y pidió llamar a los hechos por su nombre para evitar cualquier forma de relativización.
Además, señaló la importancia de promover cambios culturales y educativos que permitan erradicar conductas naturalizadas que favorecen la violencia de género.
Por su parte, el concejal Pablo Perret manifestó su acompañamiento a las expresiones de Oses y consideró que el caso debe generar una discusión más amplia sobre el rol de las instituciones.
En ese sentido, planteó interrogantes vinculados a decisiones políticas, antecedentes judiciales y actuaciones de distintos organismos estatales.
El edil sostuvo que la gravedad de lo ocurrido obliga a analizar aspectos que exceden el hecho policial y que merecen ser revisados para determinar si existieron fallas o responsabilidades que deban ser esclarecidas.
El concejal Felipe Botta también se refirió al femicidio de Agostina Vega y vinculó el caso con otros episodios recientes de violencia extrema ocurridos en distintas provincias argentinas.
Durante su exposición, cuestionó la respuesta estatal ante situaciones de riesgo previamente denunciadas.
Asimismo, afirmó que las instituciones deben enfocarse en la prevención y no solamente en la actuación posterior a los hechos.
Según expresó, la sociedad tiene derecho a exigir respuestas cuando existen antecedentes que podrían haber permitido evitar una tragedia.
Desde otra perspectiva, el concejal Diego Olivero consideró que el problema principal radica en una crisis social más profunda. En su mensaje, sostuvo que la violencia no puede analizarse únicamente desde el funcionamiento institucional y llamó a reflexionar sobre los valores que se transmiten dentro de las familias.
Para Olivero, la pérdida del respeto por la vida y la falta de empatía representan desafíos que deben ser abordados colectivamente.
La concejala Natalia González, quien trabaja desde hace años en temas vinculados a la violencia de género, adoptó una postura más cautelosa al expresar que, debido a la cercanía temporal del hecho, hubiera preferido mantener un respetuoso silencio.
No obstante, aprovechó la oportunidad para plantear interrogantes sobre la capacitación de los funcionarios públicos en materia de género y recordó la importancia de la Ley Micaela.