Cruces y polémica por el pago de aportes a la Caja de Abogados
Parte de la oposición denunció una supuesta relación familiar directa entre letrados de un estudio jurídico y el área de Economía del Municipio. El oficialismo le reprochó que lo aprobaron en comisión y lo rechazaron en sala
En una sesión que a priori no presentaba temas significativos en su orden del día, finalmente se desató una polémica inesperada y se registraron cruces entre concejales de ambas bancadas y también hacia el interior del bloque opositor.
Sólo ocho de los doce ediles participaron de la sesión y el oficialismo casi no consigue el quórum para habilitar el debate. La votación terminó 5 a 3, con el aporte de la macrista Karina Bruno a los 4 de la mayoría.
La discusión giró en torno a un proyecto de ordenanza para ratificar el acuerdo de pago de aportes del Departamento Ejecutivo a la Caja de Previsión de Abogados y Procuradores de la provincia. El mismo se originó a partir de litigios que inició el Municipio contra contribuyentes que no cumplieron con sus obligaciones impositivas, que requirió del asesoramiento de un estudio jurídico.
El monto a pagar supera 1.300.000 pesos en 12 cuotas de 140 mil. Pero el foco no estuvo en la cantidad de dinero ni en el plazo, sino en supuestas “incompatibilidades” que denunció la oposición y en la “falta de palabra” que reclamó el oficialismo ante el cambio de postura de ediles de la minoría.
El presidente de la bancada de Juntos por Villa María, Gustavo Bustamante, dijo que rechazarían el acuerdo tal cual lo hicieron el año pasado, porque existe “una relación directa” entre abogados del estudio jurídico contratado para tal fin con funcionarios del área de Economía.
Por su parte, el presidente del bloque Villa María para la Victoria, Carlos De Falco, le recriminó a la minoría haber aprobado el dictamen de comisión por unanimidad y luego rechazarlo en el recinto legislativo. Bustamante y Nora Landart no participaron de la votación en comisión, por lo que las críticas apuntaban hacia la juecista Gisele Machicado. “Cada concejal tiene libertad de decisión, no se firmó ningún despacho de unanimidad”, se defendió la edil.
“Son entendibles los argumentos, pero en comisión dieron la palabra que se aprobaba, se hizo el acta y se firmó. El despacho fue por unanimidad”, retrucó el oficialista Mauro Beltrami. Y allí mismo, De Falco agregó que en Comisión de Acuerdos “no se plantearon dudas” y señaló que “es un principio lógico” sostener en sala lo acordado previamente. “Nadie puede ir en contra de sus propios actos, es un principio de legalidad”, disparó.
Finalmente, Bruno defendió el proyecto y aseveró que si algún concejal tiene dudas sobre alguna incompatibilidad “que haga la denuncia en la Justicia”.
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