Tras la polémica con La Saladita, el oficialismo refuerza las regulaciones
Presentó un proyecto de ordenanza para extender su poder de policía fuera del ejido urbano. Si se aprueba la normativa, cualquier emprendimiento cercano a la ciudad deberá solicitar habilitaciones en la Municipalidad
El Municipio no quiere protagonizar otra polémica como la ocurrida días atrás con la feria “La Saladita”, que finalmente terminó cerrando luego de una serie de clausuras consecutivas.
El bloque oficialista en el Concejo Deliberante presentó un proyecto de ordenanza para extender las regulaciones fuera del ejido urbano. En efecto, hay un reconocimiento implícito de que las actuales normas no alcanzan para frenar emprendimientos comerciales de este tipo en áreas cercanas a la ciudad, pero fuera de la competencia municipal.
La iniciativa se presentó ayer y entre sus fundamentos sostiene que es obligación del Estado local bregar para que no se violenten o puedan violentar los derechos humanos de sus habitantes y las garantías establecidas en nuestra Carta Orgánica Municipal (COM). “Entre ellos, obviamente, el derecho a la vida, a la salud, a la preservación del ambiente, etcétera”, dice el texto.
Y agrega que la competencia municipal, conforme lo dispone la Constitución Provincial y la COM, está dada por la zona en donde se preste algún servicio.
“Ocurre que hay actividades próximas a los ejidos que afectan o ponen en peligro los derechos mencionados anteriormente y que pueden causar, como ya lo expresamos, daños al ambiente, la salud y la seguridad de sus habitantes”, refiere el proyecto.
En efecto, el oficialismo asegura que cualquier establecimiento, del rubro que fuera, radicado a poca distancia de los límites territoriales, puede generar severas consecuencias en el mismo.
“Es por ello que resulta claramente necesario regular actividades que tienen incidencia directa sobre los ejidos municipales”, enfatiza el proyecto.
En esta línea, proponen que para habilitar comercios cercanos al radio urbano se requiera la respectiva autorización al Departamento Ejecutivo, “siguiendo las normas generales y particulares de cada rubro, como así también, se propicia la modificación del Artículo 1° del Código de Faltas sancionando a los establecimientos que no cumplan con las normas de esta Municipalidad”.
Además, y en conformidad a lo determinado por la Ley 9.206, sus modificaciones y decretos reglamentarios, la iniciativa contempla una expresa autorización y cesión de facultades de la Comunidad Regional General San Martín, “para no violentar competencias y funciones”.
Martín Alanis. Redacción Puntal Villa María
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El bloque oficialista en el Concejo Deliberante presentó un proyecto de ordenanza para extender las regulaciones fuera del ejido urbano. En efecto, hay un reconocimiento implícito de que las actuales normas no alcanzan para frenar emprendimientos comerciales de este tipo en áreas cercanas a la ciudad, pero fuera de la competencia municipal.
La iniciativa se presentó ayer y entre sus fundamentos sostiene que es obligación del Estado local bregar para que no se violenten o puedan violentar los derechos humanos de sus habitantes y las garantías establecidas en nuestra Carta Orgánica Municipal (COM). “Entre ellos, obviamente, el derecho a la vida, a la salud, a la preservación del ambiente, etcétera”, dice el texto.
Y agrega que la competencia municipal, conforme lo dispone la Constitución Provincial y la COM, está dada por la zona en donde se preste algún servicio.
“Ocurre que hay actividades próximas a los ejidos que afectan o ponen en peligro los derechos mencionados anteriormente y que pueden causar, como ya lo expresamos, daños al ambiente, la salud y la seguridad de sus habitantes”, refiere el proyecto.
En efecto, el oficialismo asegura que cualquier establecimiento, del rubro que fuera, radicado a poca distancia de los límites territoriales, puede generar severas consecuencias en el mismo.
“Es por ello que resulta claramente necesario regular actividades que tienen incidencia directa sobre los ejidos municipales”, enfatiza el proyecto.
En esta línea, proponen que para habilitar comercios cercanos al radio urbano se requiera la respectiva autorización al Departamento Ejecutivo, “siguiendo las normas generales y particulares de cada rubro, como así también, se propicia la modificación del Artículo 1° del Código de Faltas sancionando a los establecimientos que no cumplan con las normas de esta Municipalidad”.
Además, y en conformidad a lo determinado por la Ley 9.206, sus modificaciones y decretos reglamentarios, la iniciativa contempla una expresa autorización y cesión de facultades de la Comunidad Regional General San Martín, “para no violentar competencias y funciones”.
Martín Alanis. Redacción Puntal Villa María