En la Cámara del Crimen, los ingenieros agrimensores y docentes José Ambrosio Teghillo —defendido por José María Franchisena— y Guillermo César Turco —asesorado por José Ismael Miguel—, ambos de 57 años, fueron condenados por ser los responsables de los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
En este sentido, de acuerdo a la sentencia dictada por el Tribunal (constituido por la jueza Eve Flores), recibieron la pena de un año de ejecución condicional. Asimismo es importante precisar que quedaron inhabilitados para ocupar un cargo público.
Los hechos
Para entender los sucesos, que tuvieron lugar entre 2012 y 2014, en primer lugar, Carlos Martín Díaz, quien se constituyó como querellante particular —en representación del Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba— dialogó con la prensa, una vez que finalizó el debate.
En esta dirección, dijo: “Esto se inicia por algunas denuncias que fueron efectuadas ante el Colegio por matriculados de la regional de Bell Ville, con relación a la existencia de ciertas incompatibilidades en trabajos denunciados ante la Municipalidad de esta localidad y ante la Dirección de Catastro, en donde, en sociedad, ellos intervenían y tenían una incompatibilidad previa”. Es decir, en términos simples, se aprobaban sus propios planos.
Seguidamente, realizó algunas precisiones: “Turco era el secretario de Obras Públicas y, Teghillo, el director de Catastro. Mientras uno (Turco) realizaba los planos, con el aditamento de que los mismos no se ajustaban a las normas catastrales ni a los códigos de edificación, el otro los aprobaba. Y luego, en forma conjunta lo tramitaban ante la repartición catastral de la Provincia de Córdoba”.
Por último expresó que, en función de lo manifestado se formuló la denuncia y añadió: “La instrucción consideró la existencia de cuatro hechos de abuso de autoridad y, por ello, requirió la elevación a juicio. El Colegio de Ingenieros Civiles se constituyó en querellante particular, más allá de denunciante”.
Posteriormente recordó que originalmente se fijó una audiencia en Bell Ville en la que se sobreseyó a los imputados. Como consecuencia, contó que ellos, desde el Colegio, “casaron” (anularon) la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia hizo lugar y, de esa manera, se reenvió la causa al Tribunal local donde se dictó la sentencia mencionada.
En contrapartida, Franchesina también conversó con los medios sobre lo ocurrido: “Esto se trata, indudablemente, de un caso netamente político, ya que hay una disputa entre los ingenieros agrimensores y, por otro lado, los ingenieros civiles. Hay doce causas con sentencia firme en el TSJ y todas han sido ganadas por los ingenieros agrimensores”.
Con motivo de su respuesta, se lo interrogó sobre el eje de la disputa entre ambas profesiones. “El eje de la disputa es que los ingenieros civiles no pueden hacer mensuras porque para eso están los ingenieros agrimensores que son formados por la universidad, específicamente para ello. Como acá hay un rédito económico, están cargando contra los agrimensores y este juicio es a causa de eso”, manifestó.
Finalmente aclaró que, respecto a la inhabilitación, dentro de cinco años, en caso de no cometer ningún tipo de ilícito, podrán pedir su rehabilitación y volver a ejercer la función pública.
Los alegatos
En este punto es preciso decir, antes que nada, que la audiencia fue de carácter abreviado; es decir, se llegó a un acuerdo entre el fiscal Horacio Vázquez y los abogados defensores, respecto a los cuatro hechos que llevaron a los dos hombres al banquillo de los acusados.
En resumidas cuentas, y para facilitar la comprensión de los acontecimientos, los imputados violaron disposiciones establecidas en la Carta Orgánica de la localidad y en el Código de Edificación, en vinculación con las medidas y las superficies de los planos. A la vez es oportuno señalar que ambos reconocieron los hechos.
Sin embargo, los asesores, cuando tuvieron la palabra, insistieron en la “buena voluntad” de sus clientes y en que trabajaban, desde la administración pública, para solucionarle los problemas a la gente. Asimismo insistieron en que lo sucedido está relacionado a una “cuestión de incumbencia profesional” (entre ingenieros agrimensores y civiles) y destacaron que, en muchas ocasiones, a los civiles “sí les aprobaron inmuebles en iguales condiciones” que las denunciadas en esta oportunidad.
No quería la presencia de periodistas
Apenas comenzada la audiencia, uno de los abogados defensores le realizó un planteo al Tribunal.
En este sentido, le solicitó a la jueza Eve Flores —quien no dio lugar— que la prensa, quienes minutos antes habían tomado fotografías y filmado a los presentes en la sala, fuera retirada debido a que ello podría afectar el futuro profesional de los imputados.
Tal pedido está afectando el acceso a la información pública y va en contra de las garantías constitucionales que resguardan la libertad de prensa.
Asimismo es también oportuno aclarar que el debate es oral y público, por lo que no habría motivo para impedir la presencia de los periodistas en el recinto.
En este punto cabe recordar que sólo los delitos de instancia privada se desarrollan a puertas cerradas para resguardar a las víctimas de los hechos que hayan tenido lugar.
Finalmente, cabe expresar que los profesionales de la información median, en distintos acontecimientos, para poder hacer efectivo el derecho a la información de cada individuo.
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Los hechos
Para entender los sucesos, que tuvieron lugar entre 2012 y 2014, en primer lugar, Carlos Martín Díaz, quien se constituyó como querellante particular —en representación del Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba— dialogó con la prensa, una vez que finalizó el debate.
En esta dirección, dijo: “Esto se inicia por algunas denuncias que fueron efectuadas ante el Colegio por matriculados de la regional de Bell Ville, con relación a la existencia de ciertas incompatibilidades en trabajos denunciados ante la Municipalidad de esta localidad y ante la Dirección de Catastro, en donde, en sociedad, ellos intervenían y tenían una incompatibilidad previa”. Es decir, en términos simples, se aprobaban sus propios planos.
Seguidamente, realizó algunas precisiones: “Turco era el secretario de Obras Públicas y, Teghillo, el director de Catastro. Mientras uno (Turco) realizaba los planos, con el aditamento de que los mismos no se ajustaban a las normas catastrales ni a los códigos de edificación, el otro los aprobaba. Y luego, en forma conjunta lo tramitaban ante la repartición catastral de la Provincia de Córdoba”.
Por último expresó que, en función de lo manifestado se formuló la denuncia y añadió: “La instrucción consideró la existencia de cuatro hechos de abuso de autoridad y, por ello, requirió la elevación a juicio. El Colegio de Ingenieros Civiles se constituyó en querellante particular, más allá de denunciante”.
Posteriormente recordó que originalmente se fijó una audiencia en Bell Ville en la que se sobreseyó a los imputados. Como consecuencia, contó que ellos, desde el Colegio, “casaron” (anularon) la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia hizo lugar y, de esa manera, se reenvió la causa al Tribunal local donde se dictó la sentencia mencionada.
En contrapartida, Franchesina también conversó con los medios sobre lo ocurrido: “Esto se trata, indudablemente, de un caso netamente político, ya que hay una disputa entre los ingenieros agrimensores y, por otro lado, los ingenieros civiles. Hay doce causas con sentencia firme en el TSJ y todas han sido ganadas por los ingenieros agrimensores”.
Con motivo de su respuesta, se lo interrogó sobre el eje de la disputa entre ambas profesiones. “El eje de la disputa es que los ingenieros civiles no pueden hacer mensuras porque para eso están los ingenieros agrimensores que son formados por la universidad, específicamente para ello. Como acá hay un rédito económico, están cargando contra los agrimensores y este juicio es a causa de eso”, manifestó.
Finalmente aclaró que, respecto a la inhabilitación, dentro de cinco años, en caso de no cometer ningún tipo de ilícito, podrán pedir su rehabilitación y volver a ejercer la función pública.
Los alegatos
En este punto es preciso decir, antes que nada, que la audiencia fue de carácter abreviado; es decir, se llegó a un acuerdo entre el fiscal Horacio Vázquez y los abogados defensores, respecto a los cuatro hechos que llevaron a los dos hombres al banquillo de los acusados.
En resumidas cuentas, y para facilitar la comprensión de los acontecimientos, los imputados violaron disposiciones establecidas en la Carta Orgánica de la localidad y en el Código de Edificación, en vinculación con las medidas y las superficies de los planos. A la vez es oportuno señalar que ambos reconocieron los hechos.
Sin embargo, los asesores, cuando tuvieron la palabra, insistieron en la “buena voluntad” de sus clientes y en que trabajaban, desde la administración pública, para solucionarle los problemas a la gente. Asimismo insistieron en que lo sucedido está relacionado a una “cuestión de incumbencia profesional” (entre ingenieros agrimensores y civiles) y destacaron que, en muchas ocasiones, a los civiles “sí les aprobaron inmuebles en iguales condiciones” que las denunciadas en esta oportunidad.
No quería la presencia de periodistas
Apenas comenzada la audiencia, uno de los abogados defensores le realizó un planteo al Tribunal.
En este sentido, le solicitó a la jueza Eve Flores —quien no dio lugar— que la prensa, quienes minutos antes habían tomado fotografías y filmado a los presentes en la sala, fuera retirada debido a que ello podría afectar el futuro profesional de los imputados.
Tal pedido está afectando el acceso a la información pública y va en contra de las garantías constitucionales que resguardan la libertad de prensa.
Asimismo es también oportuno aclarar que el debate es oral y público, por lo que no habría motivo para impedir la presencia de los periodistas en el recinto.
En este punto cabe recordar que sólo los delitos de instancia privada se desarrollan a puertas cerradas para resguardar a las víctimas de los hechos que hayan tenido lugar.
Finalmente, cabe expresar que los profesionales de la información median, en distintos acontecimientos, para poder hacer efectivo el derecho a la información de cada individuo.
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