Era presidente de una cooperativa de trabajo mientras vendía droga
Marcelo Fabián Pérez fue considerado ayer, en los Tribunales de Villa María, autor responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Le habían encontrado 78 gramos de cocaína
Un hombre recibió tres años y medio de prisión efectiva por ser encontrado culpable de comercializar estupefacientes. Se trata de Marcelo Fabián Perez, quien se desempeñaba como presidente de la cooperativa Nueva Esperanza y está acusado de dos hechos; uno por venta de droga y otro donde ingresó a un domicilio y amenazó con un arma de fuego a la familia que allí residía.
El primero de los acontecimientos en los que Pérez tuvo participación ocurrió en diciembre de 2016 en barrio Felipe Botta. Allí, el condenado ingresó a la casa de un hombre, le disparó con un arma de fuego -errando el tiro- y lo amenazó a él y al resto de su familia diciendo que “los iba a matar a todos”.
Por este hecho fue condenado por el delito de amenazas, disparo de arma de fuego y violación de domicilio.
El hallazgo
Por otra parte, el segundo hecho sucedió en enero de este año cuando personal de la Departamental General San Martín allanó la vivienda de Pérez en busca de objetos vinculados a un robo.
En el lugar, advirtieron que Pérez intentaba esconder un frasco que, intuyeron, contenía droga.
Es por eso que en ese momento tomó participación la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) que, una vez allí, pudo constatar que el envase contenía 78 gramos de cocaína.
El acusado confesó la tenencia pero en su teléfono celular encontraron llamadas y mensajes relacionados a transacciones de la sustancia ilegal. Es por eso que fue condenado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
El fiscal Francisco Márquez pidió el mínimo de la pena para este tipo de delitos; cuatro años con declaración de reincidencia. Por su parte, el abogado defensor Francisco Argarañaz realizó el planteo de inconstitucionalidad de la escala penal para el narcomenudeo y pidió la mínima de tres años.
Además, el letrado advirtió en su alegato que Pérez desarrollaba tareas como presidente de una cooperativa de trabajo, la Nueva Esperanza, y que esto no sólo le permitía ingresos a él sino que proveía de trabajo a otras personas del barrio Botta.
Sobre esto, el fiscal Márquez dijo que el acusado venía delinquiendo desde antes de integrar la cooperativa y que lo siguió haciendo una vez que ya estaba en esa cooperativa de trabajo, desestimando lo manifestado por el defensor.
Finalmente, la jueza Eve Flores declaró la inconstitucionalidad de la escala penal pero le dio una condena de tres años y seis meses.
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El primero de los acontecimientos en los que Pérez tuvo participación ocurrió en diciembre de 2016 en barrio Felipe Botta. Allí, el condenado ingresó a la casa de un hombre, le disparó con un arma de fuego -errando el tiro- y lo amenazó a él y al resto de su familia diciendo que “los iba a matar a todos”.
Por este hecho fue condenado por el delito de amenazas, disparo de arma de fuego y violación de domicilio.
El hallazgo
Por otra parte, el segundo hecho sucedió en enero de este año cuando personal de la Departamental General San Martín allanó la vivienda de Pérez en busca de objetos vinculados a un robo.
En el lugar, advirtieron que Pérez intentaba esconder un frasco que, intuyeron, contenía droga.
Es por eso que en ese momento tomó participación la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) que, una vez allí, pudo constatar que el envase contenía 78 gramos de cocaína.
El acusado confesó la tenencia pero en su teléfono celular encontraron llamadas y mensajes relacionados a transacciones de la sustancia ilegal. Es por eso que fue condenado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
El fiscal Francisco Márquez pidió el mínimo de la pena para este tipo de delitos; cuatro años con declaración de reincidencia. Por su parte, el abogado defensor Francisco Argarañaz realizó el planteo de inconstitucionalidad de la escala penal para el narcomenudeo y pidió la mínima de tres años.
Además, el letrado advirtió en su alegato que Pérez desarrollaba tareas como presidente de una cooperativa de trabajo, la Nueva Esperanza, y que esto no sólo le permitía ingresos a él sino que proveía de trabajo a otras personas del barrio Botta.
Sobre esto, el fiscal Márquez dijo que el acusado venía delinquiendo desde antes de integrar la cooperativa y que lo siguió haciendo una vez que ya estaba en esa cooperativa de trabajo, desestimando lo manifestado por el defensor.
Finalmente, la jueza Eve Flores declaró la inconstitucionalidad de la escala penal pero le dio una condena de tres años y seis meses.