Las asociaciones cooperadoras, históricamente fundamentales para el mantenimiento y mejora de las escuelas públicas, están experimentando una significativa reducción en las contribuciones voluntarias de las familias. “Es mínima la participación. Podemos decir que anteriormente teníamos un poco más de ingresos, pero hoy está muy quebrada la economía familiar y lo notamos nosotras en nuestra interna familiar con un trabajo”, explicó Adriana Trigo, directora de la escuela José Mármol. Estas organizaciones, que tradicionalmente financian desde material didáctico hasta mejoras edilicias, están teniendo que priorizar gastos esenciales.
“Hay muchas familias que están pasando situaciones complejas y eso lo observamos en nuestra escuela”, indicó la docente, argumentando que la baja participación se representa en un 20% de familias para un pago de $1.000 mensuales.
En el sector privado, la situación presenta matices diferentes pero igualmente desafiantes. Si bien se mantiene un alto nivel de compromiso en el pago de matrículas, las instituciones han tenido que implementar estrategias más flexibles para retener a su alumnado.
“Es una preocupación, pero las familias vienen acompañando”, dijo el presidente de la Biblioteca y sus Anexos, Sergio Gilabert.
Y añadió:“Hay que ser realista, tenemos alrededor de 400 empleados y esto no se podría sostener sin el compromiso de las familias, pero a pesar de la situación las familias vienen acompañando y aquellas que tienen inconvenientes se acercan y en la medida que uno puede, acompaña”.
Gilabert remarcó que el compromiso y el trabajo conjunto entre familia e institución se mantienen intactos, “quizás este año es difícil, pero reconocemos el compromiso de las familias que evitan atrasarse en las cuotas”, dijo.
Insistió en que, a pesar de la coyuntura, se ha tomado la educación como factor de importancia para los estudiantes, “a veces se anticipan y vienen a plantear algunas cuestiones y si necesitan algún tipo de ayuda, hay un trabajo desde ese punto de vista positivo”, cerró.
Desafíos
Ambos educadores coincidieron en que esta situación no solo afecta el aspecto financiero de las instituciones, sino que también impacta en la calidad educativa.
Las escuelas públicas ven limitada su capacidad para realizar mejoras en infraestructura o adquirir nuevos recursos pedagógicos, mientras que las privadas enfrentan el desafío de mantener sus estándares educativos con presupuestos más ajustados.
