De acuerdo a lo publicado por La Nación, un arrepentido manifestó que Julio de Vido, quien se desempeñó entre 2003 y 2015 como ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, blanqueaba fondos en una financiera de Córdoba. En este sentido, expresó cómo se pagaban “reintegros millonarios” a empresas como Electroingeniería “en concepto de vuelto o peaje”.
Esta declaración, es preciso indicar, está relacionada con la causa CBI, que “estalló en febrero del 2014, cuando la financiera se descalzó”. La misma llegará a juicio el 5 de noviembre. La confesión de Vera, en consonancia con lo precisado en el diario mencionado, forman parte de la declaración del 28 de diciembre de 2016.
“La mesa de dinero -que operaba desde 2008- manejaba fondos de reconocidos empresarios, y cuando los retiraron en forma masiva por la muerte sospechosa de su vicepresidente, el efecto fue inmediato. Mientras en esos tiempos los bancos pagaban tasas negativas, las colocaciones en CBI podían rendir hasta 20% mensual”, se puede advertir en el matutino nacional.
Por otra parte se señala que, desde hace algún tiempo, la Procuraduría de la Nación “realiza una auditoría al fiscal Enrique Senestrari”, quien es el instructor del caso CBI. En esta dirección, La Nación apunta que “es la respuesta a varias denuncias contra su proceder”. Y, a la vez, precisa que mientras tres son del juez Ricardo Bustos Fierro, otras provienen de defensores que le adjudicaron “falta de objetividad”. También hay una de “un exempleado cambiado de oficina”.
En otro punto de la nota se menciona que meses antes de lo dicho por Vera, concejales de Villa María denunciaron “en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral al Ente Intermunicipal para el Desarrollo Regional (Eninder)”. Al respecto cabe decir que el exintendente Eduardo Accastello presidió el organismo y Javier Pretto lo secundó.
“En octubre de 2016, el fiscal federal Ramiro González imputó por esa causa al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y al exministro de Planificación Julio De Vido por el desvío de más de $180 millones”, se puede leer también en el texto. Y, posteriormente, se aclara que la acusación involucró, además, al exsubsecretario de Obras Públicas Avel Fatala, al exsecretario Carlos Santiago Kirchner, al exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti y a Accastello.
Otro fragmento que se expone en la publicación sostiene: “El hilo conductor entre los cuadernos de las coimas y la declaración del cordobés pasa porque el dinero que provendría de sobreprecios y coimas se habría blanqueado con diferentes mecanismos, por ejemplo, mesas de dinero, que después lo terminaban volcando al circuito legal”.
Un aspecto más para señalar tiene que ver con que en la nota se añade que Vera también menciona que el entonces intendente de Laguna Larga, Fernando Boldú, se dirigía continuamente a Buenos Aires “teóricamente operando, por orden de Accastello, en fondos de obra pública, PAMI, contratos laborales, para la dirigencia”. Y agregó que eran “para pagar a la tropa kirchnerista de la provincia de Córdoba”.
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“La mesa de dinero -que operaba desde 2008- manejaba fondos de reconocidos empresarios, y cuando los retiraron en forma masiva por la muerte sospechosa de su vicepresidente, el efecto fue inmediato. Mientras en esos tiempos los bancos pagaban tasas negativas, las colocaciones en CBI podían rendir hasta 20% mensual”, se puede advertir en el matutino nacional.
Por otra parte se señala que, desde hace algún tiempo, la Procuraduría de la Nación “realiza una auditoría al fiscal Enrique Senestrari”, quien es el instructor del caso CBI. En esta dirección, La Nación apunta que “es la respuesta a varias denuncias contra su proceder”. Y, a la vez, precisa que mientras tres son del juez Ricardo Bustos Fierro, otras provienen de defensores que le adjudicaron “falta de objetividad”. También hay una de “un exempleado cambiado de oficina”.
En otro punto de la nota se menciona que meses antes de lo dicho por Vera, concejales de Villa María denunciaron “en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral al Ente Intermunicipal para el Desarrollo Regional (Eninder)”. Al respecto cabe decir que el exintendente Eduardo Accastello presidió el organismo y Javier Pretto lo secundó.
“En octubre de 2016, el fiscal federal Ramiro González imputó por esa causa al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y al exministro de Planificación Julio De Vido por el desvío de más de $180 millones”, se puede leer también en el texto. Y, posteriormente, se aclara que la acusación involucró, además, al exsubsecretario de Obras Públicas Avel Fatala, al exsecretario Carlos Santiago Kirchner, al exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti y a Accastello.
Otro fragmento que se expone en la publicación sostiene: “El hilo conductor entre los cuadernos de las coimas y la declaración del cordobés pasa porque el dinero que provendría de sobreprecios y coimas se habría blanqueado con diferentes mecanismos, por ejemplo, mesas de dinero, que después lo terminaban volcando al circuito legal”.
Un aspecto más para señalar tiene que ver con que en la nota se añade que Vera también menciona que el entonces intendente de Laguna Larga, Fernando Boldú, se dirigía continuamente a Buenos Aires “teóricamente operando, por orden de Accastello, en fondos de obra pública, PAMI, contratos laborales, para la dirigencia”. Y agregó que eran “para pagar a la tropa kirchnerista de la provincia de Córdoba”.