El juez federal Luis Rodríguez envió ayer a juicio oral y público al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y a su exmano derecha Roberto Baratta por presuntas irregularidades con el manejo de fondos públicos en obras en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio en la provincia de Santa Cruz.
Tras el pedido del fiscal Carlos Stornelli, el magistrado dispuso la elevación a juicio del caso, que tiene en total a 19 imputados, informaron a NA fuentes judiciales.
Según la acusación, "el perjuicio a las arcas del Estado ascendió, en principio y cuanto menos, a la suma de $ 176.074.373", y -de acuerdo a la Sindicatura General de la Nación (Sigen)- existía un monto de $ 88.320.750 sólo en concepto de "gastos administrativos".
En la causa están procesados De Vido, el exinterventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio Atanacio Pérez Osuna; el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta; el exsecretario de Minería Jorge Omar Mayoral; el decano de la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Martín Juan Goicoechea; el exgerente de Explotación de YCRT Juan Marcelo Vargas; y el coordinador general del convenio Tren Turístico, Jaime Horacio Álvarez; entre otros. Todos están acusados de "haber participado de una maniobra defraudatoria" entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016 por la que hubo una "ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado nacional".
Según el fiscal, "con excepción de Mayoral, a quien debe atribuírsele el delito de abuso de autoridad en su modalidad de omisión, el resto de los imputados deberán responder por el delito administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
Esta causa llevó a la cárcel con prisión preventiva a De Vido, quien está detenido desde hace dos años y recientemente fracasó en un intento de obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.
Los fondos públicos de Río Turbio eran para obras en la mina de carbón ubicada en Santa Cruz y las irregularidades surgieron cuando el actual interventor de YCRT, Omar Zeidán, realizó una auditoría interna, a partir del presupuesto global que fue de 26.000 millones de pesos desde 2005 a 2015.
Entre otras obras se planificó la construcción de la usina térmica que la mina de carbón debía abastecer, la cual nunca se terminó y la puesta en marcha de un tren turístico por casi 443 millones de pesos, que tampoco se finalizó.
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Según la acusación, "el perjuicio a las arcas del Estado ascendió, en principio y cuanto menos, a la suma de $ 176.074.373", y -de acuerdo a la Sindicatura General de la Nación (Sigen)- existía un monto de $ 88.320.750 sólo en concepto de "gastos administrativos".
En la causa están procesados De Vido, el exinterventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio Atanacio Pérez Osuna; el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta; el exsecretario de Minería Jorge Omar Mayoral; el decano de la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Martín Juan Goicoechea; el exgerente de Explotación de YCRT Juan Marcelo Vargas; y el coordinador general del convenio Tren Turístico, Jaime Horacio Álvarez; entre otros. Todos están acusados de "haber participado de una maniobra defraudatoria" entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016 por la que hubo una "ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado nacional".
Según el fiscal, "con excepción de Mayoral, a quien debe atribuírsele el delito de abuso de autoridad en su modalidad de omisión, el resto de los imputados deberán responder por el delito administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
Esta causa llevó a la cárcel con prisión preventiva a De Vido, quien está detenido desde hace dos años y recientemente fracasó en un intento de obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.
Los fondos públicos de Río Turbio eran para obras en la mina de carbón ubicada en Santa Cruz y las irregularidades surgieron cuando el actual interventor de YCRT, Omar Zeidán, realizó una auditoría interna, a partir del presupuesto global que fue de 26.000 millones de pesos desde 2005 a 2015.
Entre otras obras se planificó la construcción de la usina térmica que la mina de carbón debía abastecer, la cual nunca se terminó y la puesta en marcha de un tren turístico por casi 443 millones de pesos, que tampoco se finalizó.