Dos horas de acusaciones en el primer juicio a Lázaro Báez
Estuvo sentado junto a uno de sus 4 hijos, todos procesados por integrar con otras 20 personas una organización destinada a ingresar al circuito financiero legal fondos ilícitos
El detenido empresario Lázaro Báez y sus cuatro hijos se sentaron ayer por primera vez en el banquillo de los acusados para enfrentar un juicio oral y público por lavado de dinero obtenido de manera ilícita con obra pública durante el kirchnerismo, y tuvieron que escuchar durante dos horas las acusaciones por las que se los acusa junto a otros 20 procesados por maniobras para ingresar al circuito financiero legal al menos 60 millones de dólares.
Entre los involucrados están Báez, sus hijos Luciana, Melina, Martín y Leandro; el mediático y "arrepentido" Leonardo Fariña; el financista Federico Elaskar, y Fabián Rossi, por las maniobras realizadas a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita", que se hizo conocida cuando salieron a la luz videos en los que se contaba dinero.
En la denominada Sala Amia de los tribunales de Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal 4, integrado por Gabriela López Iñíguez, Guillermo Costabel y Adriana Palliotti, emprendió el primer juicio contra Báez, que está detenido desde abril de 2016 con prisión preventiva por orden del juez federal Sebastián Casanello.
Allí, se dio lectura al requerimiento de elevación a juicio hecho por la Fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan y las querellas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA).
De sport, con una campera polar color ladrillo, el dueño de Austral Construcciones ingresó a la sala escoltado por agentes del Servicio Penitenciario Federal y se sentó junto a Martín Báez, uno de sus cuatro hijos.
Dos filas más atrás estaban ya desde un rato antes los otros tres hijos del dueño de "Austral Construcciones", también juzgados por lavado de dinero, Luciana, Leandro y Melina.
Los tres se saludaron con su padre e intercambiaron gestos y miradas durante los intervalos de la audiencia, que tiene lugar en la sala Amia del edificio de Comodoro Py 2002. El empresario, junto al contador Daniel Pérez Gadín y al abogado Jorge Chueco, ambos con prisión preventiva, fueron custodiados de cerca por personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
En el juicio no hay exfuncionarios públicos en el banquillo de los acusados, ya que el caso del extitular de la Afip Ricardo Echegaray recientemente fue elevado al Tribunal Oral, con lo cual su juzgamiento será posterior; mientras que la expresidenta Cristina Kirchner fue indagada y resta que el juez Casanello defina su situación procesal.
Tras la lectura del requerimiento, que llevó más de dos horas, los abogados de las defensas hicieron una serie de planteos para impedir el avance del juicio oral y público.
Báez, a través del abogado Víctor Hortel, reiteró el pedido hecho el lunes por escrito de suspender el juicio en su contra, al recusar al juez Rodrigo Giménez Uriburu, cuarto integrante del tribunal, por supuesto "temor de parcialidad".
Ante el TOF 4, el letrado reclamó también la nulidad del requerimiento fiscal porque -según dijo- se ha omitido enviar a juicio a las personas jurídicas de las empresas Austral Construcciones, SGI y Top Air, entre otras.
A los planteos de Báez se sumaron los de las defensas de Chueco, a través de su defensor Eduardo Chita, quien recordó que parte de la causa aún se sigue investigando y ello puede afectar el desarrollo del juicio.
También presentaron sus pedidos Pérez Gadín, el empresario Jorge Molinari, Julio Mendoza y otros.
Los jueces dispusieron un cuarto intermedio hasta el miércoles de la próxima semana, cuando resolverán sobre una catarata de planteos hechos para frenar el juicio por la llamada "ruta del dinero K".
En el proceso se acusa al empresario de "haber conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita" para "convertirlos e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud, al menos durante el período comprendido entre los años 2010 y 2013".
Además, Báez está acusado por múltiples hechos de lavado de dinero así como por utilización de facturas truchas para justificar gastos millonarios.
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Entre los involucrados están Báez, sus hijos Luciana, Melina, Martín y Leandro; el mediático y "arrepentido" Leonardo Fariña; el financista Federico Elaskar, y Fabián Rossi, por las maniobras realizadas a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita", que se hizo conocida cuando salieron a la luz videos en los que se contaba dinero.
En la denominada Sala Amia de los tribunales de Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal 4, integrado por Gabriela López Iñíguez, Guillermo Costabel y Adriana Palliotti, emprendió el primer juicio contra Báez, que está detenido desde abril de 2016 con prisión preventiva por orden del juez federal Sebastián Casanello.
Allí, se dio lectura al requerimiento de elevación a juicio hecho por la Fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan y las querellas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA).
De sport, con una campera polar color ladrillo, el dueño de Austral Construcciones ingresó a la sala escoltado por agentes del Servicio Penitenciario Federal y se sentó junto a Martín Báez, uno de sus cuatro hijos.
Dos filas más atrás estaban ya desde un rato antes los otros tres hijos del dueño de "Austral Construcciones", también juzgados por lavado de dinero, Luciana, Leandro y Melina.
Los tres se saludaron con su padre e intercambiaron gestos y miradas durante los intervalos de la audiencia, que tiene lugar en la sala Amia del edificio de Comodoro Py 2002. El empresario, junto al contador Daniel Pérez Gadín y al abogado Jorge Chueco, ambos con prisión preventiva, fueron custodiados de cerca por personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
En el juicio no hay exfuncionarios públicos en el banquillo de los acusados, ya que el caso del extitular de la Afip Ricardo Echegaray recientemente fue elevado al Tribunal Oral, con lo cual su juzgamiento será posterior; mientras que la expresidenta Cristina Kirchner fue indagada y resta que el juez Casanello defina su situación procesal.
Tras la lectura del requerimiento, que llevó más de dos horas, los abogados de las defensas hicieron una serie de planteos para impedir el avance del juicio oral y público.
Báez, a través del abogado Víctor Hortel, reiteró el pedido hecho el lunes por escrito de suspender el juicio en su contra, al recusar al juez Rodrigo Giménez Uriburu, cuarto integrante del tribunal, por supuesto "temor de parcialidad".
Ante el TOF 4, el letrado reclamó también la nulidad del requerimiento fiscal porque -según dijo- se ha omitido enviar a juicio a las personas jurídicas de las empresas Austral Construcciones, SGI y Top Air, entre otras.
A los planteos de Báez se sumaron los de las defensas de Chueco, a través de su defensor Eduardo Chita, quien recordó que parte de la causa aún se sigue investigando y ello puede afectar el desarrollo del juicio.
También presentaron sus pedidos Pérez Gadín, el empresario Jorge Molinari, Julio Mendoza y otros.
Los jueces dispusieron un cuarto intermedio hasta el miércoles de la próxima semana, cuando resolverán sobre una catarata de planteos hechos para frenar el juicio por la llamada "ruta del dinero K".
En el proceso se acusa al empresario de "haber conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita" para "convertirlos e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud, al menos durante el período comprendido entre los años 2010 y 2013".
Además, Báez está acusado por múltiples hechos de lavado de dinero así como por utilización de facturas truchas para justificar gastos millonarios.