El fiscal Jorge Di Lello le pidió al juez Ariel Lijo que eleve a juicio oral una causa en la que el exvicepresidente Amado Boudou está acusado de presunto peculado, es decir malversación de fondos públicos, por la "presentación de declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos" en la rendición de viajes oficiales cuando era ministro de Economía.
El delito por el que está acusado Boudou, quien ya cumple prisión efectiva en el penal de Ezeiza tras haber sido condenado a cinco años y diez meses por la causa Ciccone, tiene en este caso una pena de entre dos y diez años de cárcel.
Otros involucrados
El pedido involucra también al ex jefe de Gabinete del Palacio de Hacienda Guido Forcieri y su exsecretario privado, Héctor "Cachi" Romano, ambos procesados.
"La conducta imputable a Amado Boudou, Héctor Romano y Guido César Forcieri consiste en haber presentado declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos", sostuvo el dictamen de Di Lello.
Según señaló el fiscal, "Amado Boudou era la autoridad máxima a la que se le entregaban los gastos eventuales y sobre quien recaía la obligación de rendir cuentas de esos gastos".
Se trata de montos "destinados a solventar imprevistos, como alquiler de vehículos y de espacios de reuniones" y al pago a traductores: los fondos se asignan a la máxima autoridad de la comitiva y la rendición debe contener un detalle de los correspondientes comprobantes de los gastos efectivamente realizados por la comitiva.
Al declarar en la causa, Boudou había asegurado que desconocía las facturas presentadas y que no estaba "dentro de sus funciones ocuparse de esas cuestiones logísticas". "Jamás llevé dinero ni recibí facturas ni las tramité de los gastos eventuales. Para esto, existe una estructura de ceremonial y secretaría privada que se ocupa de estas cuestiones. No estoy diciendo que exista el hecho que se me imputa, sino simplemente que aún en el improbable caso de ser cierto, yo soy ajeno al mismo, ya que existe una estructura de confianza administrativa”, señaló.
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Otros involucrados
El pedido involucra también al ex jefe de Gabinete del Palacio de Hacienda Guido Forcieri y su exsecretario privado, Héctor "Cachi" Romano, ambos procesados.
"La conducta imputable a Amado Boudou, Héctor Romano y Guido César Forcieri consiste en haber presentado declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos", sostuvo el dictamen de Di Lello.
Según señaló el fiscal, "Amado Boudou era la autoridad máxima a la que se le entregaban los gastos eventuales y sobre quien recaía la obligación de rendir cuentas de esos gastos".
Se trata de montos "destinados a solventar imprevistos, como alquiler de vehículos y de espacios de reuniones" y al pago a traductores: los fondos se asignan a la máxima autoridad de la comitiva y la rendición debe contener un detalle de los correspondientes comprobantes de los gastos efectivamente realizados por la comitiva.
Al declarar en la causa, Boudou había asegurado que desconocía las facturas presentadas y que no estaba "dentro de sus funciones ocuparse de esas cuestiones logísticas". "Jamás llevé dinero ni recibí facturas ni las tramité de los gastos eventuales. Para esto, existe una estructura de ceremonial y secretaría privada que se ocupa de estas cuestiones. No estoy diciendo que exista el hecho que se me imputa, sino simplemente que aún en el improbable caso de ser cierto, yo soy ajeno al mismo, ya que existe una estructura de confianza administrativa”, señaló.