Gustavo Oyarzábal, actualmente procesado y con prisión preventiva en el marco de la megacausa del narcolavado, era en la superficie el jefe de Investigaciones de la Policía de Río Cuarto pero, por lo bajo, actuaba casi como un empleado de Claudio Torres, el jefe narco que fue asesinado en enero de este año y que había armado una amplia red de tráfico de estupefacientes y de lavado de activos.
Relatan que Oyarzábal había puesto a 2 policías a cuidar la droga de Torres
El dato consta en un informe que la Gendarmería Nacional le presentó al Juzgado Federal. Los dos agentes debían vigilar un centro de acopio de estupefacientes e informar al jefe policial para que pusiera en alerta al capo narco
Según consta en la resolución que emitió el juez federal Carlos Ochoa, y en la que se definió la situación procesal de los investigados, Oyarzábal había puesto a dos policías a custodiar uno de los centros de acopio de drogas que Torres tenía en la ciudad; esos agentes tenían la misión de detectar movimientos extraños para que, inmediatamente, se diera aviso al capo narco.
El dato surge de un informe oficial que elaboró la Gendarmería Nacional y que está fechado el 5 de junio de 2018, meses antes de que el jefe de la banda muriera acribillado a balazos frente a su casa.
“Del informe elevado por Gendarmería Nacional se desprende como dato de interés lo detallado en el punto 2, donde la prevención informa que de consultas efectuadas a vecinos del domicilio de calle Catamarca 459, se pudo obtener como información que en inmediaciones del Establecimiento Penitenciario N° 6 de esta ciudad, funcionaría un centro de acopio de estupefacientes propiedad de Claudio Lorenzo Torres y Cristian Berti y que el mismo estaría custodiado por dos policías de la Provincia: Carlos Javier Oyola y Oscar Maximiliano Negretti. Estos efectuarían patrullajes por la zona, y al ver personas o vehículos desconocidos, los identificarían y se lo informarían a Oyarzábal, quien a su vez le informaría inmediatamente a Torres”; se lee en la página 106 de la resolución de Ochoa, en un capítulo específico en el que se detalla la investigación que se enfocó en la actividad desarrollada por el exjefe policial.
Es decir, según el informe de la Gendarmería, Oyarzábal habría tenido apostados a dos agentes policiales como custodios de los cargamentos de droga de Torres y de Berti, otro de los procesados con prisión preventiva en el marco de la causa del narcolavado.
Por supuesto, el entonces jefe de Investigaciones habría realizado esas tareas a cambio de dinero; en la resolución se menciona que Oyarzábal se había mudado después de la separación con su esposa a una casa en el country Los Aromos.
La subordinación del exjefe habría llegado a tal punto que recibía, incluso, reproches de supuestos integrantes de la banda cuando no cumplía con advertir sobre allanamientos o investigaciones. “¿Y por qué vos no le avisaste si sabías que le iban a hacer eso?”, le pregunta al entonces jefe una mujer llamada Mónica, que se refería a un allanamiento policial.
“Pero si nosotros no tenemos ni idea de eso de los allanamientos de drogas. Ellos andan por su lado y nosotros por el nuestro”, dice Oyarzábal y a continuación le relata que se quede tranquila porque “está todo re tranqui esto”.
Sospechas internas
La actitud de Oyarzábal y algunas filtraciones evidentes empezaron a generar sospechas entre los integrantes de otras áreas policiales, que evitaban a Investigaciones en sus operativos.
En conversaciones que el entonces jefe mantuvo con Oyola y Negretti, Oyarzábal relató que tenía información de que había divisiones que no querían hacer allanamientos con Investigaciones porque no confiaban en sus integrantes.
“Miembros de la Policía de la Provincia desconfían de su brigada (en referencia a la de Oyarzábal) por cuestiones vinculadas a drogas, autos y unas cajas fuertes”, se lee en el informe que consta en la resolución del juez federal.
El exjefe de Investigaciones es uno de los 20 procesados que tiene la causa y uno de los 9 que quedaron con prisión preventiva.
Según consta en la resolución del juez, desde 2018 comenzaron a tener indicios de que Oyarzábal tenía no sólo relación con la banda de Torres sino, además, participación directa. Su rol fundamental era el de protección, se lee en el texto.
La resolución lo ubica como partícipe necesario en el funcionamiento de la organización delictiva. A través de su cargo en la Policía y por su influencia, Oyarzábal les habría dado protección a los miembros de la banda y los mantenía informados y a salvo de los allanamientos y las investigaciones en su contra.
La organización estaba conformada por Torres, los hermanos Mariano y Andrés Rivarola, Gabriel Bossi, Cristian Berti, Cristian Schiaroli, Jonathan Becerra y Jonathan Monserrat. Sus actividades encontraban paraguas protector en el expolicía.
Por su contribución, la banda podía traer cocaína y marihuana desde Paraguay, Bolivia, Buenos Aires o Santa Fe. Los estupefacientes eran vendidos luego en Río Cuarto, San Luis, Chubut o Chile.
Las enormes sumas de dinero que producía el negocio volvían después al mercado formal a través de maniobras de lavado. De ahí que se hayan allanado concesionarias de autos -en las que la organización tenía participación directa-, inmobiliarias y estudios contables.
Oyarzábal tenía un rol clave. “Habría utilizado los contactos a los que habría accedido en el marco de la labor policial para así obtener y proporcionar información relativa a fuerzas de seguridad que podrían estar investigándolos o eventuales procedimientos que se podrían llevar a cabo en sus domicilios”.
Los involucrados en la causa
Implicados
En la investigación conocida como del narcolavado hay 20 procesados y 9 detenidos.
Los nombres
Los procesados con prisión preventiva son: Gabriel Bossi, Mariano Rivarola, Andrés Rivarola, Jonathan Becerra, Cristian Berti, Andrés Schiaroli, Jonathan Monserrat y Osvaldo Gustavo Oyarzábal.
Además, se dictó el procesamiento con prisión preventiva de Gabriela Sueli Suárez, pareja de Cristian Ortiz, que está prófugo. Además, están procesados sin prisión preventiva Franco Soffli, Jorge Luis Etcharren, María del Luján López de Bravo, Marcelino Mansilla, María Luz Montoya, Eduardo Domínguez, Mario Batistini, Tatiana Gallo, Mariano Peirano, Rodrigo Villar Benítez y Cristian Pereyra.
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El dato surge de un informe oficial que elaboró la Gendarmería Nacional y que está fechado el 5 de junio de 2018, meses antes de que el jefe de la banda muriera acribillado a balazos frente a su casa.
“Del informe elevado por Gendarmería Nacional se desprende como dato de interés lo detallado en el punto 2, donde la prevención informa que de consultas efectuadas a vecinos del domicilio de calle Catamarca 459, se pudo obtener como información que en inmediaciones del Establecimiento Penitenciario N° 6 de esta ciudad, funcionaría un centro de acopio de estupefacientes propiedad de Claudio Lorenzo Torres y Cristian Berti y que el mismo estaría custodiado por dos policías de la Provincia: Carlos Javier Oyola y Oscar Maximiliano Negretti. Estos efectuarían patrullajes por la zona, y al ver personas o vehículos desconocidos, los identificarían y se lo informarían a Oyarzábal, quien a su vez le informaría inmediatamente a Torres”; se lee en la página 106 de la resolución de Ochoa, en un capítulo específico en el que se detalla la investigación que se enfocó en la actividad desarrollada por el exjefe policial.
Es decir, según el informe de la Gendarmería, Oyarzábal habría tenido apostados a dos agentes policiales como custodios de los cargamentos de droga de Torres y de Berti, otro de los procesados con prisión preventiva en el marco de la causa del narcolavado.
Por supuesto, el entonces jefe de Investigaciones habría realizado esas tareas a cambio de dinero; en la resolución se menciona que Oyarzábal se había mudado después de la separación con su esposa a una casa en el country Los Aromos.
La subordinación del exjefe habría llegado a tal punto que recibía, incluso, reproches de supuestos integrantes de la banda cuando no cumplía con advertir sobre allanamientos o investigaciones. “¿Y por qué vos no le avisaste si sabías que le iban a hacer eso?”, le pregunta al entonces jefe una mujer llamada Mónica, que se refería a un allanamiento policial.
“Pero si nosotros no tenemos ni idea de eso de los allanamientos de drogas. Ellos andan por su lado y nosotros por el nuestro”, dice Oyarzábal y a continuación le relata que se quede tranquila porque “está todo re tranqui esto”.
Sospechas internas
La actitud de Oyarzábal y algunas filtraciones evidentes empezaron a generar sospechas entre los integrantes de otras áreas policiales, que evitaban a Investigaciones en sus operativos.
En conversaciones que el entonces jefe mantuvo con Oyola y Negretti, Oyarzábal relató que tenía información de que había divisiones que no querían hacer allanamientos con Investigaciones porque no confiaban en sus integrantes.
“Miembros de la Policía de la Provincia desconfían de su brigada (en referencia a la de Oyarzábal) por cuestiones vinculadas a drogas, autos y unas cajas fuertes”, se lee en el informe que consta en la resolución del juez federal.
El exjefe de Investigaciones es uno de los 20 procesados que tiene la causa y uno de los 9 que quedaron con prisión preventiva.
Según consta en la resolución del juez, desde 2018 comenzaron a tener indicios de que Oyarzábal tenía no sólo relación con la banda de Torres sino, además, participación directa. Su rol fundamental era el de protección, se lee en el texto.
La resolución lo ubica como partícipe necesario en el funcionamiento de la organización delictiva. A través de su cargo en la Policía y por su influencia, Oyarzábal les habría dado protección a los miembros de la banda y los mantenía informados y a salvo de los allanamientos y las investigaciones en su contra.
La organización estaba conformada por Torres, los hermanos Mariano y Andrés Rivarola, Gabriel Bossi, Cristian Berti, Cristian Schiaroli, Jonathan Becerra y Jonathan Monserrat. Sus actividades encontraban paraguas protector en el expolicía.
Por su contribución, la banda podía traer cocaína y marihuana desde Paraguay, Bolivia, Buenos Aires o Santa Fe. Los estupefacientes eran vendidos luego en Río Cuarto, San Luis, Chubut o Chile.
Las enormes sumas de dinero que producía el negocio volvían después al mercado formal a través de maniobras de lavado. De ahí que se hayan allanado concesionarias de autos -en las que la organización tenía participación directa-, inmobiliarias y estudios contables.
Oyarzábal tenía un rol clave. “Habría utilizado los contactos a los que habría accedido en el marco de la labor policial para así obtener y proporcionar información relativa a fuerzas de seguridad que podrían estar investigándolos o eventuales procedimientos que se podrían llevar a cabo en sus domicilios”.
Los involucrados en la causa
Implicados
En la investigación conocida como del narcolavado hay 20 procesados y 9 detenidos.
Los nombres
Los procesados con prisión preventiva son: Gabriel Bossi, Mariano Rivarola, Andrés Rivarola, Jonathan Becerra, Cristian Berti, Andrés Schiaroli, Jonathan Monserrat y Osvaldo Gustavo Oyarzábal.
Además, se dictó el procesamiento con prisión preventiva de Gabriela Sueli Suárez, pareja de Cristian Ortiz, que está prófugo. Además, están procesados sin prisión preventiva Franco Soffli, Jorge Luis Etcharren, María del Luján López de Bravo, Marcelino Mansilla, María Luz Montoya, Eduardo Domínguez, Mario Batistini, Tatiana Gallo, Mariano Peirano, Rodrigo Villar Benítez y Cristian Pereyra.
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