El fiscal federal Carlos Stornelli pidió ayer enviar a juicio a la expresidenta Cristina Kirchner; al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al exsecretario de Obras Públicas, José López, y a un grupo de empresarios por cartelización en la obra pública durante el kirchnerismo.
El pedido, además, incluye a un grupo importante de empresarios, entre quienes están Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri; Aldo Benito Roggio, Cristóbal López, Gerardo Ferreyra y Carlos Wagner, así como al financista Ernesto Clarens.
En su requerimiento de 420 carillas, el fiscal solicitó al juez federal Claudio Bonadio dar por cerrada la investigación y enviar a juicio la pesquisa, un desprendimiento de la causa central por los cuadernos de la corrupción.
"En la causa se probó que los pagos efectuados por los empresarios a los integrantes de la asociación ilícita fueron realizados con la intención de obtener una contraprestación a cambio, lo que descartó, desde un primer momento, la posibilidad de que hayan sido efectuados simplemente por el cargo que detentaban", sostuvo Stornelli en su requerimiento.
"Ninguna de las entregas de dinero acreditadas en el presente fue realizada a título gratuito como simple regalías y por la investidura que poseían los funcionarios. Los privados y los representantes de la organización paraestatal realizaron un claro pacto, en el cual los primeros entregaban dinero a los segundos para que éstos, ejerciendo sus capacidades, hicieran algo específico y determinado con relación a los procedimientos administrativos o contratos en los cuales estaban involucrados", describió en el mismo.
Stornelli señaló que "ambos bandos negociaron, espontánea y voluntariamente, y acordaron un pacto respecto del cual sabían que les iba a generar beneficios económicos recíprocos".
El requerimiento ahora está a estudio del juez Claudio Bonadio, quien definirá si el expediente pasa al Tribunal Oral donde se fueron acumulando tanto la causa "cuadernos" como sus conexas.
En otro orden, el juez federal Luis Rodríguez sobreseyó ayer al exsecretario de Seguridad Sergio Berni en el marco de una causa en la que era investigado junto a su familia por supuesto enriquecimiento ilícito. Se trata de un caso que comenzó en 2014, a partir de una denuncia del exdiputado nacional Manuel Garrido por supuesta "omisión maliciosa en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito y lavado de activos".
En el caso también fueron sobreseídos Agustina Propato, la pareja de Berni; Carlos Domingo Román, uno de sus colaboradores más cercanos; y sus familiares María Alejandra Berni y María Esther Cesari.
Señaló en un fallo al que tuvo acceso NA que "no se han detectado bienes que hayan sido omitidos por los encartados Berni y Propato en sus declaraciones juradas y se han explicado detalladamente todas las divergencias que se introdujeron en la denuncia".
En la sentencia, el magistrado tuvo en cuenta los informes aportados por la Oficina Anticorrupción (OA), la Afip, la Unidad de Información Financiera (UIF), y el Banco Central, entre otros organismos, sobre la situación patrimonial y movimientos efectuados por el secretario de Seguridad.
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En su requerimiento de 420 carillas, el fiscal solicitó al juez federal Claudio Bonadio dar por cerrada la investigación y enviar a juicio la pesquisa, un desprendimiento de la causa central por los cuadernos de la corrupción.
"En la causa se probó que los pagos efectuados por los empresarios a los integrantes de la asociación ilícita fueron realizados con la intención de obtener una contraprestación a cambio, lo que descartó, desde un primer momento, la posibilidad de que hayan sido efectuados simplemente por el cargo que detentaban", sostuvo Stornelli en su requerimiento.
"Ninguna de las entregas de dinero acreditadas en el presente fue realizada a título gratuito como simple regalías y por la investidura que poseían los funcionarios. Los privados y los representantes de la organización paraestatal realizaron un claro pacto, en el cual los primeros entregaban dinero a los segundos para que éstos, ejerciendo sus capacidades, hicieran algo específico y determinado con relación a los procedimientos administrativos o contratos en los cuales estaban involucrados", describió en el mismo.
Stornelli señaló que "ambos bandos negociaron, espontánea y voluntariamente, y acordaron un pacto respecto del cual sabían que les iba a generar beneficios económicos recíprocos".
El requerimiento ahora está a estudio del juez Claudio Bonadio, quien definirá si el expediente pasa al Tribunal Oral donde se fueron acumulando tanto la causa "cuadernos" como sus conexas.
En otro orden, el juez federal Luis Rodríguez sobreseyó ayer al exsecretario de Seguridad Sergio Berni en el marco de una causa en la que era investigado junto a su familia por supuesto enriquecimiento ilícito. Se trata de un caso que comenzó en 2014, a partir de una denuncia del exdiputado nacional Manuel Garrido por supuesta "omisión maliciosa en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito y lavado de activos".
En el caso también fueron sobreseídos Agustina Propato, la pareja de Berni; Carlos Domingo Román, uno de sus colaboradores más cercanos; y sus familiares María Alejandra Berni y María Esther Cesari.
Señaló en un fallo al que tuvo acceso NA que "no se han detectado bienes que hayan sido omitidos por los encartados Berni y Propato en sus declaraciones juradas y se han explicado detalladamente todas las divergencias que se introdujeron en la denuncia".
En la sentencia, el magistrado tuvo en cuenta los informes aportados por la Oficina Anticorrupción (OA), la Afip, la Unidad de Información Financiera (UIF), y el Banco Central, entre otros organismos, sobre la situación patrimonial y movimientos efectuados por el secretario de Seguridad.