El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy a 92 intendentes y ex intendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública a través de un programa de gestión de residuos urbanos (PGRISU).
La causa investiga la presunta malversación de fondos entre 2013 y 2015, para que distintos municipios ejecutaran obras de tratamiento de residuos sólidos urbanos. La maniobra fraudulenta habría superado los 600 millones de pesos.
Entre los cordobeses aparecen el exintendente de Las Acequias, Luis Stanicia, el actual jefe comunal de Las Higueras, Alberto Escudero, y Juan Manuel Pereyra, exjefe comunal de Villa Dolores. Los tres habían sido imputados a mediados del año pasado.
En la causa ya estaban procesados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, así como otros tres ex secretarios de Ambiente durante el kirchnerismo, todos responsables políticos del manejo del programa.
Bonadio además dictó el sobreseimiento de otros tres y la falta de mérito de uno. Los procesados fueron embargados por 3 millones de pesos.
Junto a los cordobeses, están procesados intendentes y ex intendentes de ciudades ubicadas en las provincias de Chaco, Santa Cruz, Chubut, Santa Fe, Tucumán, Río Negro, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, La Pampa y Buenos Aires.
"Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, haya sido cumplimentado", sostuvo Bonadio en el fallo de 347 páginas.
"Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, de una suma aproximada de seiscientos cuatro millones quinientos veintinueve mil seiscientos setenta pesos", sostuvo el juez.
"Cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del PGIRSU al que se habían obligado", remarcó.
Comentá esta nota
Entre los cordobeses aparecen el exintendente de Las Acequias, Luis Stanicia, el actual jefe comunal de Las Higueras, Alberto Escudero, y Juan Manuel Pereyra, exjefe comunal de Villa Dolores. Los tres habían sido imputados a mediados del año pasado.
En la causa ya estaban procesados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, así como otros tres ex secretarios de Ambiente durante el kirchnerismo, todos responsables políticos del manejo del programa.
Bonadio además dictó el sobreseimiento de otros tres y la falta de mérito de uno. Los procesados fueron embargados por 3 millones de pesos.
Junto a los cordobeses, están procesados intendentes y ex intendentes de ciudades ubicadas en las provincias de Chaco, Santa Cruz, Chubut, Santa Fe, Tucumán, Río Negro, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, La Pampa y Buenos Aires.
"Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, haya sido cumplimentado", sostuvo Bonadio en el fallo de 347 páginas.
"Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, de una suma aproximada de seiscientos cuatro millones quinientos veintinueve mil seiscientos setenta pesos", sostuvo el juez.
"Cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del PGIRSU al que se habían obligado", remarcó.