En un informe difundido esta semana, la ONG que trabaja por la defensa de los derechos humanos en todo el mundo, Amnistía Internacional, denunció que la población penitenciaria “ha sido olvidada en todo el mundo, mientras las cárceles se han enfrentado a deficiencias sistémicas para frenar la propagación del virus y han aplicado medidas de control que han provocado violaciones graves de derechos humanos”.
En este marco, la organización solicitó que se incluya en los programas de vacunación a las personas que están privadas de su libertad y que se encuentran en pésimas condiciones en celdas masificadas. Se estima que la población penitenciaria mundial en de más de 11 millones de personas, y se indica que en muchos países estos penales podrían convertirse en focos de propagación de la enfermedad.
“Mientras la Covid-19 continúa asolando las prisiones de todo el mundo, las medidas introducidas por los gobiernos para evitar la propagación de la enfermedad han dado lugar a violaciones de derechos humanos; me refiero, por ejemplo, al uso excesivo del régimen de aislamiento para garantizar la distancia física, y a la aplicación de medidas inadecuadas para paliar los efectos perjudiciales de ese aislamiento”, sostuvo en el informe Netsanet Belay, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional.
Sostienen que al no contar con datos confiables sobre los casos en todo el mundo resulta difìcil conocer la magnitud del impacto de la pandemia, sin embargo es posible llegar a un aproximado sobre su magnitud y cómo afecta a las cárceles. “Mientras van diseñando planes y estrategias de vacunación, numerosos gobiernos guardan silencio con respecto a la vacunación de los presos y presas en situación de riesgo”, denuncia el informe de la ONG.
Entre los factores de riesgo que se destacan está el hacinamiento, una de las problemáticas más frecuentes en las unidades penitenciarias a nivel mundial. “Unos 102 países reflejan niveles de ocupación superiores al 110%, con una proporción considerable de personas condenadas o declaradas culpables de delitos no violentos”, destacan.
“Numerosos países con niveles de masificación peligrosamente altos en las prisiones —como Bulgaria, Egipto, Nepal y la República Democrática del Congo— continúan sin abordar los motivos de preocupación que suscitan los brotes de Covid-19. En otros países, como Irán y Turquía, cientos de personas presas recluidas de manera arbitraria, como los defensores y defensoras de derechos humanos, fueron excluidas de los programas de excarcelación del Covid-19”, explicó Netsanet Belay.
Crisis de salud
“La Covid-19 también ha puesto al descubierto los años de falta de inversiones y de abandono de los servicios de salud en las prisiones. Las autoridades penitenciarias no han podido —o no han querido— responder a la necesidad de mejorar las medidas preventivas de salud y los servicios médicos de la población penitenciaria”, indican desde la ONG, que en las primeras fases de la pandemia observó que en muchos países los detenidos no podían hacerse testeos de la enfermedad por la escasez de insumos, mientras que algunos les negaban arbitrariamente la atención médica a algunas personas presas.
“Sea quien sea, y esté donde esté, toda persona tiene derecho a mascarillas, a cantidades adecuadas de jabón, a artículos desinfectantes y a agua corriente potable”, dijo Netsanet Belay, que agregó: “En las cárceles, especialmente, es preciso facilitar equipos de protección individual gratuitos, y los gobiernos deben fomentar el acceso a pruebas y tratamientos de Covid-19 para prevenir y gestionar posibles brotes”.
Finalmente, el informe hace referencia a la necesidad de incluir a las cárceles como una de las prioridades para los programas de vacunación. “Aunque ciertos países han incluido a la población y el personal penitenciarios entre los grupos prioritarios de vacunación, las investigaciones de Amnistía Internacional han permitido comprobar que muchos otros, algunos de ellos de renta alta, guardan silencio o no son claros con respecto a sus planes”, indica el informe de la ONG
En tanto que su director asegura: “Las cárceles son los lugares más expuestos a brotes de Covid-19, y no podemos descuidar durante más tiempo el derecho a la salud de la población penitenciaria. La falta de claridad sobre los programas de vacunación, las políticas y el tratamiento de las personas recluidas es un acuciante problema mundial. A medida que se van definiendo las estrategias de vacunación, la no consideración de las personas detenidas como grupo prioritario tendrá consecuencias catastróficas para los presos y presas, para sus familias y para el sistema público de atención a la salud”.
Para concluir, la ONG solicitó a los Estados a que “cuando desarrollen políticas y planes de vacunación, no discriminen a las personas presas”, incluso a que hagan todo lo posible por dar prioridad a la población penitenciaria en sus planes nacionales de vacunación, “sobre todo teniendo en cuenta que sus condiciones de reclusión no les permiten mantener la distancia física, y que garanticen que las personas presas especialmente vulnerables a la Covid-19 (como las de edad avanzada y las que padecen enfermedades crónicas) tengan la misma preferencia en los planes de vacunación que las de su misma categoría de la población general”, sentencia.
Medidas de control que permiten abusos
“Para combatir la crisis de Covid-19, las autoridades penitenciarias de numerosos países han recurrido a medidas peligrosas, como confinamientos y cuarentenas excesivos y abusivos, que han dado lugar a violaciones graves de derechos humanos. En determinados lugares, como Argentina y Reino Unido, se aisló a personas detenidas hasta 23 horas al día, a menudo durante semanas o meses”, dice el informe de Amnistía Internacional.