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"Ciberpatrullaje": advierten sobre peligros de la vigilancia

Desde Amnistía Internacional manifestaron su preocupación sobre la utilización de las redes sociales para controlar el "humor social"
 

A través de un comunicado emitido por sus redes sociales sobre la temática, la ONG Amnistía Internacional Argentina expresó una “profunda preocupación por las declaraciones de la ministra de Seguridad ante la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, Sabina Frederic, quien en video conferencia admitió que el Gobierno utiliza el “ciberpatrullaje” en las redes sociales “para ver el humor social y prevenir situaciones”.

Desde el organismo indicaron que en la actualidad, el mundo entero se encuentra ante una situación inédita. “Amnistía Internacional valora el enorme esfuerzo y coordinación que está llevando adelante el gobierno nacional junto con el de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y las provincias de todo el país para controlar al coronavirus”, consideraron en tanto desde la ONG.

No obstante, sostuvieron que es el Estado el que debe “garantizar el derecho a la salud y de prevenir, tratar y controlar la pandemia” y agregaron: “Con este fin, puede restringir temporalmente algunos derechos humanos para responder a situaciones puntuales y coordinadas”.

Amnistía Internacional sostuvo en su comunicado que, sin embargo, “advierte que, en este marco de excepcionalidad y conforme lo establece el derecho internacional, es esencial que las medidas que se adopten sean necesarias, legítimas y proporcionales”. Y completaron: “Es indispensable que el Estado demuestre que no existe otra vía menos lesiva para lograr el fin requerido”.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, sostuvo en el documento difundido por la ONG: “Estamos viviendo una situación excepcional, pero el derecho de los derechos humanos sigue siendo aplicable. De hecho, el marco de los derechos humanos tiene por objeto garantizar un cuidadoso equilibrio para proteger a las personas y las sociedades en general. Los Estados no pueden desatender derechos como la privacidad y la libertad de expresión con el pretexto de gestionar una crisis de salud pública. Justamente por ello, el Gobierno debe ser transparente con respecto a las medidas que toma. No podemos dejar que la pandemia de Covid-19 sirva de excusa para ejercer vigilancia masiva indiscriminada”, señaló.

En este sentido, desde la entidad consideran que la tecnología puede y debe desempeñar importantes funciones durante esta emergencia, sobre todo para salvar vidas. “Por ejemplo, difundir mensajes de salud pública y/o aumentar el acceso a los servicios de salud son vitales”, dijeron, aunque precisaron: “El aumento de los poderes de vigilancia digital de los Estados puede representar una violación a la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación”.

Finalmente, destacaron que para Amnistía Internacional “una buena iniciativa sería convocar a especialistas, académicos, expertos y organizaciones de la sociedad civil para conversar y debatir acerca de los incrementos de vigilancia digital que son necesarios implementar para hacerlo de forma legítima y transparente”.

Uso de datos

En su sitio web, Amnistía Internacional analiza la legalidad del uso de datos de localización personales en el combate contra el Covid-19, y explica que “muchos países utilizan datos de los teléfonos móviles para rastrear los movimientos de las personas en su respuesta a la pandemia de Covid-19. Austria, Bélgica, Italia, Reino Unido y Alemania están recopilando, según informes, datos de localización anónimos o agregados de las compañías de telecomunicaciones para ayudar a rastrear contactos de coronavirus”.

De este modo, manifiesta que otros países usan los datos de los teléfonos móviles pero sin las protecciones añadidas de anonimato o agregación. “Por ejemplo, informaciones de medios de comunicación sugieren que el gobierno de Ecuador ha autorizado la localización por GPS para hacer cumplir la cuarentena”, indica la ONG, que agrega: “La iniciativa de las autoridades de Israel de permitir que los servicios de seguridad usen los datos de los teléfonos móviles de personas infectadas ha planteado ya motivos de preocupación relacionados con la privacidad. Al parecer, este sistema está ya operativo, y 400 personas han recibido recientemente mensajes SMS en los que se les advertía de posibles contactos con personas infectadas”.

Comentan que en Corea del Sur, en tanto, las autoridades envían textos orientativos sobre salud que van acompañados de datos personales de pacientes infectados, incluidos enlaces que dirigen a datos pormenorizados sobre sus movimientos. “Esta medida ha hecho saltar las alarmas porque quebranta la confidencialidad médica y alimenta el estigma contra las personas que tienen el virus. No parece que cumpla las condiciones exigidas para que la vigilancia sea lícita y es una violación del derecho a la privacidad”, dicen desde la ONG.

Finalmente, señalan que estas medidas plantean importantes interrogantes sobre la manera en que se recopila, utiliza y comparte nuestra información personal. “Una vez recopilados los datos personales, existe el peligro real de que se compartan y utilicen con fines distintos del seguimiento de la salud”, concluyeron.