Pocos días después del golpe que significó la difusión del índice inflacionario de enero, que resultó superior al esperado y -lo que resulta especialmente crítico por la tendencia que sugiere- el del mes precedente, el dato de que los productos de la canasta básica alimentaria subieron más que el promedio general añade a la mala noticia económica un sesgo particularmente crítico en lo social. La diferencia es la manifestación de un fenómeno conocido y previsible, que de hecho constituye una de las razones por las cuales queda demostrada la aseveración de que la inflación afecta a todos los sectores, salvo ciertos oportunistas que saben cómo sacar partido de ella, pero impacta especialmente en los más vulnerables.
Si bien en términos generales la administración de Cambiemos nunca consiguió poner bajo control el ciclo continuo de aumento de precios heredado del kirchnerismo -aun cuando se le reconozca que al menos sinceró la situación al normalizar el funcionamiento del Indec-, el brote desbocado que se extiende hasta hoy se relaciona con la corrida cambiaria que en pocos meses redujo el valor del peso a la mitad, y sigue provocando zozobra pese a las costosas medidas con que se intenta mantenerla a raya. Sin embargo, está claro que el alineamiento de las subas con la cotización del dólar no se ha dado de manera automática ni pareja: nunca lo hace en este tipo de escaladas.
En rigor, aunque los precios asciendan a un ritmo que el grueso de la población, particularmente la asalariada, percibe como terrorífico, no pueden sin embargo hacerlo en la misma magnitud que el dólar porque en tal caso muchos de los productos en cuestión se volverían inalcanzables para la mayor parte de los consumidores, y la recesión provocada por la pérdida de poder adquisitivo sería todavía peor que la que se verifica ahora. Pero entre el cúmulo de bienes y servicios que forman parte de las transacciones en el seno de la sociedad, aquellos de los cuales no se puede prescindir, porque son indispensables para la vida, son los que menos reparos tendrán en subir de precio, por cuanto las opciones de los ciudadanos de prescindir de ellos están mucho más acotadas.
En esta ocasión puntual, esa discrepancia en la velocidad de las subas determinó que mientras el índice general de precios al consumidor de enero ascendió un 2,9 por ciento, el que mide los productos de la canasta básica alimentaria alcanzó un 3,7 por ciento. Pero naturalmente, no se trata de una cuestión de un solo mes: mientras la comparación interanual acumula un 49,3 por ciento para el caso del IPC, el porcentaje alcanza el 55,8 por ciento cuando de alimentos y bebidas se trata.
Ya se ha advertido que el relevamiento de la edición de la Encuesta Permanente de Hogares que se está realizando por estos días dará con toda seguridad, para cuando se conozcan sus resultados en el primer trimestre del año que viene, un sustancial aumento de la pobreza, en la medida en que más familias argentinas se sumarán a aquellas que no alcanzan a cubrir la canasta básica, y también de la indigencia, en tanto no lleguen a adquirir lo mínimo indispensable para la nutrición más elemental. Un crimen nada novedoso en un país cuya capacidad de producir alimentos es reconocida por todos, que se comete sistemáticamente y desde siempre aun en los momentos de relativa prosperidad, pero encuentra más y más víctimas en los de crisis como el que se transita.
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En rigor, aunque los precios asciendan a un ritmo que el grueso de la población, particularmente la asalariada, percibe como terrorífico, no pueden sin embargo hacerlo en la misma magnitud que el dólar porque en tal caso muchos de los productos en cuestión se volverían inalcanzables para la mayor parte de los consumidores, y la recesión provocada por la pérdida de poder adquisitivo sería todavía peor que la que se verifica ahora. Pero entre el cúmulo de bienes y servicios que forman parte de las transacciones en el seno de la sociedad, aquellos de los cuales no se puede prescindir, porque son indispensables para la vida, son los que menos reparos tendrán en subir de precio, por cuanto las opciones de los ciudadanos de prescindir de ellos están mucho más acotadas.
En esta ocasión puntual, esa discrepancia en la velocidad de las subas determinó que mientras el índice general de precios al consumidor de enero ascendió un 2,9 por ciento, el que mide los productos de la canasta básica alimentaria alcanzó un 3,7 por ciento. Pero naturalmente, no se trata de una cuestión de un solo mes: mientras la comparación interanual acumula un 49,3 por ciento para el caso del IPC, el porcentaje alcanza el 55,8 por ciento cuando de alimentos y bebidas se trata.
Ya se ha advertido que el relevamiento de la edición de la Encuesta Permanente de Hogares que se está realizando por estos días dará con toda seguridad, para cuando se conozcan sus resultados en el primer trimestre del año que viene, un sustancial aumento de la pobreza, en la medida en que más familias argentinas se sumarán a aquellas que no alcanzan a cubrir la canasta básica, y también de la indigencia, en tanto no lleguen a adquirir lo mínimo indispensable para la nutrición más elemental. Un crimen nada novedoso en un país cuya capacidad de producir alimentos es reconocida por todos, que se comete sistemáticamente y desde siempre aun en los momentos de relativa prosperidad, pero encuentra más y más víctimas en los de crisis como el que se transita.