El conjunto de clínicas y sanatorios de la provincia presentó ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia una nota en la que solicita un procedimiento preventivo de crisis sectorial ante lo que definieron como una “severa crisis” que provoca “un caso de extrema fuerza mayor que les impide continuar con el pago de las prestaciones dinerarias de todos los empleados tal cual se realiza en la actualidad”.
La decisión se precipitó esta semana tras la devaluación desatada el lunes, aunque desde el sector remarcan que “hace tiempo que estaba en análisis por el cúmulo de dificultades” que vienen atravesando.
Es que la nueva corrida cambiaria impactó de lleno en los costos, aparatología e insumos importados que tiene el sistema que rápidamente fueron alcanzados por el temblor financiero. Al igual que en otras actividades, se encontraron rápidamente con dificultades para la adquisición de esos insumos por faltante o por el fuerte incremento que tuvieron.
Las clínicas y sanatorios subrayan que entre esa realidad y el financiamiento del sistema hay una distancia muy significativa, acrecentada en las últimas horas.
El escrito destacó que “las medidas a tomar tienen en miras poder seguir brindando las prestaciones de salud a la población general siendo estas instituciones sostén del sistema de salud de la ciudad, provincia y país”.
Las instituciones alertaron que “se encuentran inmersas en una crisis no imputable a ellas y cuyo origen es causado fuera de las empresas, situación que, de mantenerse, harán imposible el cumplimiento de las obligaciones, los sueldos en los términos legales y mucho menos teniendo en cuenta los aumentos que se avecinan”.
Según detallaron, en carpeta está el recorte de cargas horarias, el pago de no remunerativos, pudiendo incluir suspensiones y en algún caso despidos, afectando a la totalidad del personal. De acuerdo a la nota que llegó al Ministerio, hay 8 mil fuentes de trabajo alcanzadas por esta situación en la provincia. Es por eso que además las empresas sanatoriales pidieron que de manera inmediata se convoque al gremio de Atsa para renegociar las paritarias acordadas para buscar una conexión con los aranceles dispuestos por las obras sociales y prepagas que financian el sistema.
En ese ítem, las instituciones sanatoriales explica: “En nuestro país el principal financiador de servicios de salud es el Estado. Cerca del 90% de las prestaciones médicas son financiadas por el Estado y, prescindiendo de la denominación técnica, los principales financiadores son la obra social para jubilados y pensionados (Pami), obra social provincial (Apross) y obras sociales sindicales. El resto de la cobertura es financiada por empresas de medicina prepaga. En la mayoría de las instituciones, el 85% de sus ingresos son provenientes de la atención de pacientes de Pami y Apross”, relataron en la presentación.
Y agregaron: “Una nota distintiva y compleja para el sector es que son los propios financiadores, y no los efectores, quienes fijan el precio de esas prestaciones de salud, es decir quien abona la prestación es quien decide el precio que va a pagar.
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Es que la nueva corrida cambiaria impactó de lleno en los costos, aparatología e insumos importados que tiene el sistema que rápidamente fueron alcanzados por el temblor financiero. Al igual que en otras actividades, se encontraron rápidamente con dificultades para la adquisición de esos insumos por faltante o por el fuerte incremento que tuvieron.
Las clínicas y sanatorios subrayan que entre esa realidad y el financiamiento del sistema hay una distancia muy significativa, acrecentada en las últimas horas.
El escrito destacó que “las medidas a tomar tienen en miras poder seguir brindando las prestaciones de salud a la población general siendo estas instituciones sostén del sistema de salud de la ciudad, provincia y país”.
Las instituciones alertaron que “se encuentran inmersas en una crisis no imputable a ellas y cuyo origen es causado fuera de las empresas, situación que, de mantenerse, harán imposible el cumplimiento de las obligaciones, los sueldos en los términos legales y mucho menos teniendo en cuenta los aumentos que se avecinan”.
Según detallaron, en carpeta está el recorte de cargas horarias, el pago de no remunerativos, pudiendo incluir suspensiones y en algún caso despidos, afectando a la totalidad del personal. De acuerdo a la nota que llegó al Ministerio, hay 8 mil fuentes de trabajo alcanzadas por esta situación en la provincia. Es por eso que además las empresas sanatoriales pidieron que de manera inmediata se convoque al gremio de Atsa para renegociar las paritarias acordadas para buscar una conexión con los aranceles dispuestos por las obras sociales y prepagas que financian el sistema.
En ese ítem, las instituciones sanatoriales explica: “En nuestro país el principal financiador de servicios de salud es el Estado. Cerca del 90% de las prestaciones médicas son financiadas por el Estado y, prescindiendo de la denominación técnica, los principales financiadores son la obra social para jubilados y pensionados (Pami), obra social provincial (Apross) y obras sociales sindicales. El resto de la cobertura es financiada por empresas de medicina prepaga. En la mayoría de las instituciones, el 85% de sus ingresos son provenientes de la atención de pacientes de Pami y Apross”, relataron en la presentación.
Y agregaron: “Una nota distintiva y compleja para el sector es que son los propios financiadores, y no los efectores, quienes fijan el precio de esas prestaciones de salud, es decir quien abona la prestación es quien decide el precio que va a pagar.