La Cámara Federal porteña puso a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, al borde de otro juicio oral y público, esta vez por el presunto delito de "peculado" por la utilización irregular de aviones de la flota presidencial para trasladar muebles para los hoteles familiares en El Calafate.
Por unanimidad, los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens calificaron la conducta de la vicepresidenta como utilización "en provecho propio un servicio pagado por la administración pública".
Llorens, incluso, propuso que el procesamiento fuera notificado al Senado para que avanzara con el desafuero de Cristina Kirchner con miras a una eventual detención, invocando los tratados internacionales de combate contra la corrupción, una postura que, por ser minoritaria, no es resolutiva.
Llorens, arquero en partidos de fútbol compartidos con el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu del juicio Vialidad que tiene entre sus imputados a la Vicepresidenta, consideró necesario "poner en conocimiento" del Parlamento la resolución judicial para que se evalúe el inicio de un proceso de juicio político.
La Cámara convalidó todo lo actuado anteriormente y volvió a pronunciarse sobre un caso en el que ya había intervenido, pero que había sido parcialmente revertido (excluyeron el traslado de diarios e informes de prensa) por la Cámara Federal de Casación –el máximo tribunal penal del país- por omisiones de procedimiento. Es que, previamente, la cámara conformada por Bruglia, Bertuzzi y Llorens había rechazado un planteo de nulidad formulado por la defensa de la exmandataria ante lo actuado por el juez Claudio Bonadio, a partir de que el fallecido juez había obrado como denunciante (al extraer testimonios de la causa de los cuadernos) y luego como instructor de la causa.
Tanto Fernández de Kirchner como Parrilli habían sido procesados por "haber usado y/o haber ordenado el uso de los aviones de la flota presidencial con el único fin de llevar diarios a Néstor Kirchner y/o a Cristina Fernández de Kirchner a las ciudades de Calafate y/o Río Gallegos". En noviembre de 2019, Bruglia, Bertuzzi y Llorens confirmaron de manera parcial el procesamiento: le dictaron la falta de mérito por haberla utilizado para transportar diarios e informes de prensa, pero le confirmaron el procesamiento por los muebles.
La resolución dice que "utilizó el avión Tango 01 en varias oportunidades para transportar muebles, ropa de blanco y otro tipo de enseres, que no tenían una utilidad relacionada con la función pública”.