El empresario Cristóbal López, uno de los dueños del Grupo Indalo, se entregó en la tarde de este viernes en el edificio Centinela de la Gendarmería Nacional. Minutos después, su socio, Fabián De Sousa, también se presentó ante Gendarmería.
De esta manera, ambos regresan a prisión.
Horas antes, se había conocido la noticia de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal había ordenado la "inmediata detención" del empresario y de su socio, recaratulando la causa en su contra por la falta del pago de 8.000 millones de pesos en impuestos al expendio de combustibles.
De esta manera, el expediente pasó nuevamente de "apropiación indebida de tributos" a "defraudación a la administración pública", tal como había reclamado la AFIP y la Fiscalía al apelar el cuestionado fallo de la Cámara Federal.
López y De Sousa habían sido liberados el pasado 16 de marzo por la Sala I de la Cámara Federal con el voto de Eduardo Farah y Jorge Ballestero, quienes a raíz de ese fallo fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por presunto cohecho.
Los jueces Gustavo Hornos, Ana María Figueroa y Eduardo Riggi ahora revirtieron la excarcelación al considerar los peligros procesales de mantenerse López y De Sousa en libertad, esto es posible entorpecimiento de la causa, y restituyeron la caratula a defraudación contra la administración pública.
Casación siguió de esta forma el mismo criterio adoptado en primera instancia por el juez federal Julián Ercolini, quien los había detenido de manera preventiva al considerar que los empresarios habían intentado desprenderse de activos mientras se tramitaba la investigación y burlar así la inhibición de bienes.
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Horas antes, se había conocido la noticia de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal había ordenado la "inmediata detención" del empresario y de su socio, recaratulando la causa en su contra por la falta del pago de 8.000 millones de pesos en impuestos al expendio de combustibles.
De esta manera, el expediente pasó nuevamente de "apropiación indebida de tributos" a "defraudación a la administración pública", tal como había reclamado la AFIP y la Fiscalía al apelar el cuestionado fallo de la Cámara Federal.
López y De Sousa habían sido liberados el pasado 16 de marzo por la Sala I de la Cámara Federal con el voto de Eduardo Farah y Jorge Ballestero, quienes a raíz de ese fallo fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por presunto cohecho.
Los jueces Gustavo Hornos, Ana María Figueroa y Eduardo Riggi ahora revirtieron la excarcelación al considerar los peligros procesales de mantenerse López y De Sousa en libertad, esto es posible entorpecimiento de la causa, y restituyeron la caratula a defraudación contra la administración pública.
Casación siguió de esta forma el mismo criterio adoptado en primera instancia por el juez federal Julián Ercolini, quien los había detenido de manera preventiva al considerar que los empresarios habían intentado desprenderse de activos mientras se tramitaba la investigación y burlar así la inhibición de bienes.