Calcaterra se presentó y declaró que hizo “aportes” bajo presión
El primo del presidente Mauricio Macri y exdueño de la constructora Iecsa fue espontáneamente a los tribunales y se sumó al grupo de empresarios “arrepentidos” que tras dar su testimonio quedaron libres
El exdueño de la constructora Iecsa y primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, declaró ayer ante el juez federal Claudio Bonadio que realizó pagos ilegales al gobierno kirchnerista bajo "presión" del exsecretario Roberto Baratta y se sumó al grupo de empresarios "arrepentidos" que quedaron en libertad.
Calcaterra se presentó voluntariamente en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como "imputado colaborador" en la causa por los cuadernos con detalles del presunto pago de sobornos por la obra pública al Gobierno anterior: dijo que efectivamente ordenó desembolsos en negro pero no a modo de "retornos" por las obras concedidas a su empresa sino en medio de "aprietes" de Baratta para financiar las campañas electorales del kirchnerismo en 2013 y 2015.
Tras su testimonio, Calcaterra dejó los Tribunales en libertad, lo mismo que ocurrió con el ex CEO de Iecsa Javier Sánchez Caballero, detenido desde el miércoles y ayer excarcelado también bajo calidad de "arrepentido".
“Pagaba por orden mía”
"Yo le daba la plata a Sánchez Caballero, él pagaba por orden mía", dijo Calcaterra en su declaración ante Bonadio y, si bien avaló los domicilios anotados en los cuadernos del chofer Oscar Centeno como lugares de pago, sostuvo que los montos eran inferiores a los allí registrados.
El tercer empresario que se ajustó a la nueva figura penal para aportar información a cambio de reducción de la pena fue Juan Carlos de Goycoechea, entonces director de la firma española Isolux Corsán en el país, quien también fue beneficiado con la excarcelación.
Su abogado, Juan Araoz de Lamadrid, sostuvo ayer que su defendido fue víctima de extorsión y no conformó una asociación ilícita, ya que era presionado con los pagos para que se destrabaran los certificados de obra de la usina de carbón de Río Turbio.
"Creemos que la calificación que le correspondería sería diferente a la de asociación ilícita. Fue víctima de una extorsión por parte de los funcionarios. Si no correspondía a estos reclamos no le liberaban los pagos de las obras con todos los problemas que les traían", manifestó.
Araoz de Lamadrid señaló además que Goycoechea era funcionario de una empresa multinacional y lo que hizo fue transmitirle la exigencia para que desde España le indicaran dónde tenía que buscar el dinero y entregarlo.
En tanto el diputado del FPV-PJ Rodolfo Tailhade pidió ayer a la Justicia que le ofrezca a De Goycoechea declarar bajo la figura de imputado arrepentido en la causa que investiga si funcionarios del actual Gobierno favorecieron a empresas vinculadas a la familia Macri en la venta de seis parques eólicos.
Asimismo, presentó nuevas pruebas que aseguró "demuestran que la familia presidencial, a través de Sideco Americana SA, fue la verdadera dueña del negocio cuyas irregularidades investiga el juez Marcelo Martínez De Georgi y que le reportó más de 48 millones de dólares en ganancias".
Declaró el titular de MSU
Otros dos empresarios que figuran en los cuadernos del chofer, Alejandro Ivanissevich de Emgasud y Manuel Santos Uribelarrea de MSU, declararon ayer y aseguraron que también habían sido presionados para realizar aportes a la campaña del FPV por parte de Roberto Baratta, ex mano derecha del ex ministro Julio De Vido en Planificación Federal y quien se encuentra detenido en esta causa.
Según detalló Uribelarrea, en 2015 Baratta le reclamó 100 mil dólares y él los pagó en tres cuotas, una antes de las primarias y las otros dos previas a las generales: además, dijo haberse sentido "presionado" para realizar ese pago, algo de lo que también ratificó en su indagatoria Ivanissevich.
Mientras continúa la ronda de declaraciones, el exchofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno volverá a presentarse ante Bonadio en los próximos días para deslindar algunas dudas de los investigadores, a los que ya se sumó el fiscal federal Carlos Rívolo por decisión de la Procuración General de la Nación.
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Calcaterra se presentó voluntariamente en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como "imputado colaborador" en la causa por los cuadernos con detalles del presunto pago de sobornos por la obra pública al Gobierno anterior: dijo que efectivamente ordenó desembolsos en negro pero no a modo de "retornos" por las obras concedidas a su empresa sino en medio de "aprietes" de Baratta para financiar las campañas electorales del kirchnerismo en 2013 y 2015.
Tras su testimonio, Calcaterra dejó los Tribunales en libertad, lo mismo que ocurrió con el ex CEO de Iecsa Javier Sánchez Caballero, detenido desde el miércoles y ayer excarcelado también bajo calidad de "arrepentido".
“Pagaba por orden mía”
"Yo le daba la plata a Sánchez Caballero, él pagaba por orden mía", dijo Calcaterra en su declaración ante Bonadio y, si bien avaló los domicilios anotados en los cuadernos del chofer Oscar Centeno como lugares de pago, sostuvo que los montos eran inferiores a los allí registrados.
El tercer empresario que se ajustó a la nueva figura penal para aportar información a cambio de reducción de la pena fue Juan Carlos de Goycoechea, entonces director de la firma española Isolux Corsán en el país, quien también fue beneficiado con la excarcelación.
Su abogado, Juan Araoz de Lamadrid, sostuvo ayer que su defendido fue víctima de extorsión y no conformó una asociación ilícita, ya que era presionado con los pagos para que se destrabaran los certificados de obra de la usina de carbón de Río Turbio.
"Creemos que la calificación que le correspondería sería diferente a la de asociación ilícita. Fue víctima de una extorsión por parte de los funcionarios. Si no correspondía a estos reclamos no le liberaban los pagos de las obras con todos los problemas que les traían", manifestó.
Araoz de Lamadrid señaló además que Goycoechea era funcionario de una empresa multinacional y lo que hizo fue transmitirle la exigencia para que desde España le indicaran dónde tenía que buscar el dinero y entregarlo.
En tanto el diputado del FPV-PJ Rodolfo Tailhade pidió ayer a la Justicia que le ofrezca a De Goycoechea declarar bajo la figura de imputado arrepentido en la causa que investiga si funcionarios del actual Gobierno favorecieron a empresas vinculadas a la familia Macri en la venta de seis parques eólicos.
Asimismo, presentó nuevas pruebas que aseguró "demuestran que la familia presidencial, a través de Sideco Americana SA, fue la verdadera dueña del negocio cuyas irregularidades investiga el juez Marcelo Martínez De Georgi y que le reportó más de 48 millones de dólares en ganancias".
Declaró el titular de MSU
Otros dos empresarios que figuran en los cuadernos del chofer, Alejandro Ivanissevich de Emgasud y Manuel Santos Uribelarrea de MSU, declararon ayer y aseguraron que también habían sido presionados para realizar aportes a la campaña del FPV por parte de Roberto Baratta, ex mano derecha del ex ministro Julio De Vido en Planificación Federal y quien se encuentra detenido en esta causa.
Según detalló Uribelarrea, en 2015 Baratta le reclamó 100 mil dólares y él los pagó en tres cuotas, una antes de las primarias y las otros dos previas a las generales: además, dijo haberse sentido "presionado" para realizar ese pago, algo de lo que también ratificó en su indagatoria Ivanissevich.
Mientras continúa la ronda de declaraciones, el exchofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno volverá a presentarse ante Bonadio en los próximos días para deslindar algunas dudas de los investigadores, a los que ya se sumó el fiscal federal Carlos Rívolo por decisión de la Procuración General de la Nación.