Moody’s les bajó la nota crediticia a Córdoba y a otras siete provincias
La calificadora de riesgo norteamericana redujo de “estable” a “negativa” la perspectiva para la toma de fondos en el mercado. El principal factor, argumenta la agencia, son la incertidumbre política y las dudas sobre el país
La calificadora de riesgo Moody’s le redujo de “estable” a “negativa” la perspectiva crediticia a la provincia de Córdoba y otras siete provincias, además de a ciudades como Córdoba y Buenos Aires, en el marco de una revisión a la baja de colocadores nacionales. En esa modificación también fueron incluidas empresas de primera línea, que de ahora en más deberán pagar una mayor tasa de interés en el caso de que salgan a buscar financiamiento.
La decisión se da porque la calificadora analiza que existe un empeoramiento de las expectativas sobre el futuro del país.
Esa agencia norteamericana, una de las principales calificadoras de riesgo del mundo, estudió también las situaciones de exposición crediticia de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Río Negro, Formosa, Misiones, Tucumán y Capital Federal.
Esa modificación implica la evaluación de que la perspectiva crediticia es más compleja porque esas jurisdicciones enfrentan un “entorno sistémico desafiante”.
Bonos
Moody’s determinó un cambio que está relacionado con la modificación de la perspectiva negativa que generaron los bonos del país en moneda local y extranjera. La calificación fue B2 para esos bonos y fue anunciada el 12 de julio por la agencia estadounidense.
En esa evaluación, Moody’s señaló que existe una mayor incertidumbre con respecto a la posibilidad de que exista una implementación continua de políticas que abordan los desequilibrios macroeconómicos del país. Esa incertidumbre, indicó evaluadora, se sustenta en que la indefinición electoral genera dudas sobre el camino económico que el país va a seguir a partir del 10 de diciembre, cuando asuma el próximo gobierno.
Las calificaciones se usan para determinar el riesgo que implica prestarle a un Estado nacional, provincial, municipal o a una empresa que intente colocar deuda tanto en moneda nacional o extranjera.
Uno de los factores que más preocupación generan para los próximos dos años no sólo es la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones sino, además, la enorme carga de vencimientos que tiene el país por delante, fundamentalmente en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Existen dudas de que Argentina pueda cumplir con esos vencimientos y, por esa razón, hay candidatos que ya están exponiendo la necesidad de renegociar el acuerdo con el organismo internacional para liberar el peso de las obligaciones para 2020 y 2021.
Panorama político
Según plantea Moody’s, los focos de incertidumbre están generados porque dos precandidatos, Alberto Fernández y Roberto Lavagna, ya manifestaron que si ganan las elecciones mantendrán el objetivo del equilibrio fiscal pero que pretenden una renegociación de la deuda con el Fondo. Además, los dos también han señalado que deben revisarse las políticas tarifarias que implementó Cambiemos e impulsan una revisión de los contratos de las empresas reguladas. Eso implicaría, según las especulaciones de Moody’s, a un mayor nivel de subsidios a a una mayor necesidad de financiamiento.
Para el 2020, el país tiene compromisos de deuda, que incluyen capital e intereses, por unos 41.400 millones de dólares y hay serias dudas de que el país pueda cumplir el año próximo con semejante caudal de compromiso.
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La decisión se da porque la calificadora analiza que existe un empeoramiento de las expectativas sobre el futuro del país.
Esa agencia norteamericana, una de las principales calificadoras de riesgo del mundo, estudió también las situaciones de exposición crediticia de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Río Negro, Formosa, Misiones, Tucumán y Capital Federal.
Esa modificación implica la evaluación de que la perspectiva crediticia es más compleja porque esas jurisdicciones enfrentan un “entorno sistémico desafiante”.
Bonos
Moody’s determinó un cambio que está relacionado con la modificación de la perspectiva negativa que generaron los bonos del país en moneda local y extranjera. La calificación fue B2 para esos bonos y fue anunciada el 12 de julio por la agencia estadounidense.
En esa evaluación, Moody’s señaló que existe una mayor incertidumbre con respecto a la posibilidad de que exista una implementación continua de políticas que abordan los desequilibrios macroeconómicos del país. Esa incertidumbre, indicó evaluadora, se sustenta en que la indefinición electoral genera dudas sobre el camino económico que el país va a seguir a partir del 10 de diciembre, cuando asuma el próximo gobierno.
Las calificaciones se usan para determinar el riesgo que implica prestarle a un Estado nacional, provincial, municipal o a una empresa que intente colocar deuda tanto en moneda nacional o extranjera.
Uno de los factores que más preocupación generan para los próximos dos años no sólo es la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones sino, además, la enorme carga de vencimientos que tiene el país por delante, fundamentalmente en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Existen dudas de que Argentina pueda cumplir con esos vencimientos y, por esa razón, hay candidatos que ya están exponiendo la necesidad de renegociar el acuerdo con el organismo internacional para liberar el peso de las obligaciones para 2020 y 2021.
Panorama político
Según plantea Moody’s, los focos de incertidumbre están generados porque dos precandidatos, Alberto Fernández y Roberto Lavagna, ya manifestaron que si ganan las elecciones mantendrán el objetivo del equilibrio fiscal pero que pretenden una renegociación de la deuda con el Fondo. Además, los dos también han señalado que deben revisarse las políticas tarifarias que implementó Cambiemos e impulsan una revisión de los contratos de las empresas reguladas. Eso implicaría, según las especulaciones de Moody’s, a un mayor nivel de subsidios a a una mayor necesidad de financiamiento.
Para el 2020, el país tiene compromisos de deuda, que incluyen capital e intereses, por unos 41.400 millones de dólares y hay serias dudas de que el país pueda cumplir el año próximo con semejante caudal de compromiso.