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Planes de autoahorro: Carasso trabaja en un proyecto para regularlos

El diputado nacional se reunió con adjudicatarios afectados por los aumentos desmedidos en los valores de las cuotas. Junto con Daniel Arroyo, del Frente de Todos, impulsan una iniciativa unificada en la Cámara Baja

El diputado nacional Marcos Carasso mantuvo ayer una reunión con adjudicatarios de planes de autoahorro, en el marco del proceso de elaboración de un proyecto de ley para regular la actividad. Se apunta a evitar, entre otras cosas, los aumentos desmedidos en los valores de las cuotas mensuales, que en la actualidad generan graves perjuicios económicos a los titulares.

"Las automotrices son la parte fuerte de esta relación contractual. Hay mucha gente desesperada", dijo Carasso, quien indicó que seguirán receptando los reclamos de los afectados directos, como lo vienen haciendo hasta ahora.

"Trabajamos en un proyecto de ley para que encuadremos todas las demandas de los adjudicatarios y empezar a resolver los problemas. Hay aumentos de cuotas del 100 por ciento, cuando la inflación es del 50 por ciento, por ejemplo”, indicó Carasso.

El legislador explicó que hay otros proyectos de ley en proceso de discusión dentro de la Cámara Baja, y en este sentido señaló que apuntan al trabajo conjunto.

“Como diputado nacional, mi tarea es recopilar las demandas de los mismos afectados y traducirlas en un proyecto de ley. Lo trabajo junto con el diputado Daniel Arroyo, del bloque del Frente de Todos. La idea es un proyecto integral unificado", precisó.

Resolución del Tribunal Superior

En otro plano, recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba resolvió que las demandas por los planes de autoahorro se tramitarán en los tribunales provinciales. El fallo tiene un efecto práctico más allá de lo jurisdiccional: revalida las medidas cautelares que retrotraen el valor de las cuotas. El caso había llegado en Casación a instancias de la ONG de defensa del consumidor Club de Derecho de Córdoba, que inició una acción colectiva, y el 18 de abril pasado logró una sentencia favorable del máximo órgano judicial en la provincia. La decisión fue por el voto de los vocales María Marta Cáceres, Domingo Sesín y Luis Angulo, que integran la Sala Civil y Comercial del TSJ.

En rigor, el Tribunal Superior de Justicia revirtió el fallo de la Cámara Civil y Comercial de Séptima Nominación de la Ciudad de Córdoba, en la causa Acosta contra Volkswagen SA, que el 11 de diciembre último había dejado sin efecto una medida cautelar que retrotraía las subas en el valor de las cuotas.

Los puntos clave

La resolución del Tribunal Superior consta de dos puntos centrales:

-"Hacer lugar al recurso de casación articulado por la Fundación Club de Derecho, y, en consecuencia, anular el Auto 290 de fecha 11 de diciembre de 2020, dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Séptima Nominación de esta ciudad de Córdoba. La anulación se extiende también a la decisión adoptada en relación a la medida cautelar".

-"Reenviar la causa a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad que sigue en Nominación a la de origen, a fin de que se pronuncie en torno a la materia que ha sido objeto de anulación".

Con ello, el Tribunal Superior establece que la acción colectiva que inició la Fundación Club de Derecho contra la firma Volkswagen SA debe tramitarse en la fuero provincial. Además, deja expresamente aclarado que la cautelar que retrotrajo el valor de las cuotas vuelve a tener plena vigencia.

Se trata de la acción colectiva entablada por un grupo de ahorristas que suscribieron a un contrato de autoahorro para la compra de un vehículo con la empresa Volkswagen SA y que luego reclamaron por el aumento desmedido que sufrieron en el valor de las cuotas mensuales.

“Es un avance enorme”

Para Carlos Gasó, abogado y referente del grupo local de los afectados por los planes de autoahorro, resaltó que, con la resolución "las medidas que adoptaron los juzgados cordobeses tuvieron, tienen y tendrán efecto: con esto, las cautelares dictadas oportunamente deben respetarse".

El letrado explicó que esto "entraría en conflicto con el comportamiento de las empresas, que dejaron de aplicar estas medidas judiciales y pretenden cobrar un diferencial por haberlo hecho. Si ya de hecho y derecho, la pretensión de cobro de ese diferencial era ilegítima, porque no tenía fundamento legal, queda definitivamente descartada la posibilidad de que las empresas puerdan exigir el cobro de las diferencias que están exigiendo".

Y agregó: "Esa diferencia surge de haber obedecido una orden judicial, que a partir de la resolución del TSJ debe considerarse una resolución válida, dictada por un tribunal competente. Nunca, obedecer la manda de un juez puede generar deuda alguna. Al menos, hasta que se resuelva la cuestión principal. Y, cuando esto se defina, difícilmente sea en beneficio de las empresas, tal como ellas quieren, con los intereses que ellas pretenden y el modo que consideran".

"Esta resolución del TSJ es un avance enorme para todos los perjudicados por los planes de autoahorro. Esperamos que surta efecto en lo inmediato. Y algo de eso hay, porque Fiat solicitó una audiencia de mediación para intentar acercar a las partes", concluyó Gasó.

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