Argentino del Valle Larrabure, subdirector de la Fábrica Militar local durante 1974, fue secuestrado, de acuerdo a lo publicado por Página 12 en su edición del sábado, por el Ejército Revoluncionario del Pueblo (ERP) en agosto de ese año. El mismo mes del año siguiente, su cadáver apareció en Ovidio Lagos y Muñoz, en Rosario.
Cabe decir que mientras algunas versiones indican que el militar —defendidas por el Ejército y su hijo— fue asesinado, desde el ERP sostienen que fue un suicidio.
En este sentido, a partir de lo publicado en el matutino nacional, es oportuno manifestar que se presentó “ante la Cámara Federal de Rosario un amicus curiae para pedir que no se reabra la causa Larrabure, un pedido que el Tribunal analiza desde la audiencia del 21 de marzo”.
Seguidamente, se añade: “En diciembre de 2017, el juez federal Marcelo Bailaque rechazó la reapertura al considerar que no se trató de un delito de lesa humanidad, como pretende Arturo Larrabure (hijo), representado por el abogado Javier Vigo Leguizamón, que fue subsecretario de Justicia y Culto de la provincia de Santa Fe en 1981, en plena dictadura militar”.
Por otra parte, en el texto se hace referencia al Amicus firmado donde se advierte: “nos identificamos claramente con la toma de posición como grupos interesados para que en la Argentina no se adopte, desde la Cámara Federal de Rosario, una posición que aliente la llamada ‘Teoría de los Dos Demonios’ cuyo objetivo apunta a distorsionar en la sociedad la compresión del pasado, negando el terrorismo de Estado y los itinerarios dela represión, recorridos desde el Estado”.
En esta dirección, Estela de Carlotto de Abuelas, Taty Almeida de Madres, Horacio Verbitsky del CELS, Angela Catalina Paolin de Boitano de Familiares, Graciela Rosenblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, así como HIJOS y la adhesión de Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel son algunos de los nombres que aparecen entre los firmantes.
Investigación
En el medio también se explica que una investigación llevada adelante por el periodista y diputado provincial del Frente Social y Popular Carlos del Frade, revela que “la autopsia realizada el 24 de agosto de ese año no demuestra que haya sido asesinado. Desde 2007 su hijo Arturo Larrabure insiste en los Tribunales por la reapertura de la causa y en este caso Vigo Leguizamón pide la indagatoria de Juan Arnold Kremer, que fue integrante de la conducción del ERP”.
Algunas precisiones sobre el amicus curiae
Entre otras cosas, la nota de Página 12 expone: “El amicus curiae detalla diversas razones por las cuales no puede considerarse a este secuestro y posterior muerte como delito de lesa humanidad, ya que para que ello ocurre hace falta un ataque sistemático sobre la población civil de parte del estado o de organizaciones con control territorial. Para demostrar que el ERP no tuvo control territorial, el amicus curiae tomó “documentos del propio Ejército Argentino y declaraciones de personal militar de la época”.
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En este sentido, a partir de lo publicado en el matutino nacional, es oportuno manifestar que se presentó “ante la Cámara Federal de Rosario un amicus curiae para pedir que no se reabra la causa Larrabure, un pedido que el Tribunal analiza desde la audiencia del 21 de marzo”.
Seguidamente, se añade: “En diciembre de 2017, el juez federal Marcelo Bailaque rechazó la reapertura al considerar que no se trató de un delito de lesa humanidad, como pretende Arturo Larrabure (hijo), representado por el abogado Javier Vigo Leguizamón, que fue subsecretario de Justicia y Culto de la provincia de Santa Fe en 1981, en plena dictadura militar”.
Por otra parte, en el texto se hace referencia al Amicus firmado donde se advierte: “nos identificamos claramente con la toma de posición como grupos interesados para que en la Argentina no se adopte, desde la Cámara Federal de Rosario, una posición que aliente la llamada ‘Teoría de los Dos Demonios’ cuyo objetivo apunta a distorsionar en la sociedad la compresión del pasado, negando el terrorismo de Estado y los itinerarios dela represión, recorridos desde el Estado”.
En esta dirección, Estela de Carlotto de Abuelas, Taty Almeida de Madres, Horacio Verbitsky del CELS, Angela Catalina Paolin de Boitano de Familiares, Graciela Rosenblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, así como HIJOS y la adhesión de Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel son algunos de los nombres que aparecen entre los firmantes.
Investigación
En el medio también se explica que una investigación llevada adelante por el periodista y diputado provincial del Frente Social y Popular Carlos del Frade, revela que “la autopsia realizada el 24 de agosto de ese año no demuestra que haya sido asesinado. Desde 2007 su hijo Arturo Larrabure insiste en los Tribunales por la reapertura de la causa y en este caso Vigo Leguizamón pide la indagatoria de Juan Arnold Kremer, que fue integrante de la conducción del ERP”.
Algunas precisiones sobre el amicus curiae
Entre otras cosas, la nota de Página 12 expone: “El amicus curiae detalla diversas razones por las cuales no puede considerarse a este secuestro y posterior muerte como delito de lesa humanidad, ya que para que ello ocurre hace falta un ataque sistemático sobre la población civil de parte del estado o de organizaciones con control territorial. Para demostrar que el ERP no tuvo control territorial, el amicus curiae tomó “documentos del propio Ejército Argentino y declaraciones de personal militar de la época”.