El concejal Carlos De Falco, presidente de la bancada oficialista, presentó ayer una acción declarativa de certeza en la Justicia Federal para que el juez Roque Rebak defina si el Concejo Deliberante puede o no dictar normas que reglamenten la circulación de motos eléctricas en la ciudad.
“El Estado nacional permite la importación, la venta y no entrega los papeles. La capacidad de sorpresa no se pierde nunca”, se quejó el edil, y recordó que Villa María adhirió a la Ley Nacional de Tránsito, que no contempla la habilitación de este tipo de vehículos a propulsión eléctrica.
De Falco le contó a este diario que en la ciudad ya se han vendido más de 200 motos. “Son personas que la han comprado de buena fe y de pronto se dan con que, de acuerdo al régimen nacional de la propiedad del automotor y la Ley Nacional del Tránsito, no puede circular porque esa moto no están autorizadas para inscribirse y, por ende, no tiene la documentación que se requiere para circular, que es la tarjeta verde”, explicó.
Cabe recordar que la edil accastellista Verónica Navarro, que forma parte del oficialismo, presentó esta semana un proyecto de ordenanza para que las motos y bicis eléctricas se incorporen al Código de Tránsito.
No obstante, De Falco planteó algunas dudas respecto a la posibilidad de que el Estado municipal pueda crear un registro sobre vehículos a propulsión eléctrica y reglamente su circulación en la vía pública. Por ello fue a la Justicia.
“Nos encontramos ante una situación que la Nación no ha regulado. De acuerdo a la Ley Nacional de Tránsito, a la que nosotros estamos adheridos, no podrían circular; y por otro lado, están los vecinos que compraron esa moto que con todo derecho reclaman una solución”, reseñó el edil.
Y habló sobre las competencias: “Si bien el Estado municipal, de acuerdo a la Constitución de Córdoba, tiene facultades para regir en materia de Tránsito, habría que preguntarse hasta dónde van esas facultades. Por definición del Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, le corresponde al Estado nacional regular en materia civil y de propiedades”.
En efecto, De Falco dijo que se encuentra en un estado de “incertidumbre” y se preguntó si “¿tenemos la autoridad suficiente para sobrepasar la normativa nacional sobre el régimen de la propiedad del automotor o no?”
“En razón de este estado de incertidumbre, presenté en la jornada de hoy (por ayer) una acción declarativa de certeza ante el juez federal para que de certeza o no al derecho que podemos tener como concejales a regular un registro y circulación de estas motos”.
De Falco dijo entender que este tema es competencia de la Justicia Federal “porque está en juego la interpretación de una norma nacional”. “Lo que resuelva obraremos en consecuencia”, puntualizó.
Y además se preguntó qué pasaría con un ciudadano que sufre un accidente a consecuencia de una moto eléctrica. “¿Quién lo autorizó? ¿La Municipalidad? ¿Y en base a qué? Puede haber problemas”, advirtió.
Por ello, el concejal manifestó que si la Justicia resuelve que el Concejo no tiene facultad de regulación, reclamarán al Departamento Ejecutivo Nacional que dicte el decreto reglamentario que corresponda.
También aclaró que no es la misma situación de los cuatriciclos: “Sí están autorizados para circular. Tienen la tarjeta verde, pero como vehículos rurales, y por eso no pueden circular en el ejido urbano”.
Martín Alanís
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De Falco le contó a este diario que en la ciudad ya se han vendido más de 200 motos. “Son personas que la han comprado de buena fe y de pronto se dan con que, de acuerdo al régimen nacional de la propiedad del automotor y la Ley Nacional del Tránsito, no puede circular porque esa moto no están autorizadas para inscribirse y, por ende, no tiene la documentación que se requiere para circular, que es la tarjeta verde”, explicó.
Cabe recordar que la edil accastellista Verónica Navarro, que forma parte del oficialismo, presentó esta semana un proyecto de ordenanza para que las motos y bicis eléctricas se incorporen al Código de Tránsito.
No obstante, De Falco planteó algunas dudas respecto a la posibilidad de que el Estado municipal pueda crear un registro sobre vehículos a propulsión eléctrica y reglamente su circulación en la vía pública. Por ello fue a la Justicia.
“Nos encontramos ante una situación que la Nación no ha regulado. De acuerdo a la Ley Nacional de Tránsito, a la que nosotros estamos adheridos, no podrían circular; y por otro lado, están los vecinos que compraron esa moto que con todo derecho reclaman una solución”, reseñó el edil.
Y habló sobre las competencias: “Si bien el Estado municipal, de acuerdo a la Constitución de Córdoba, tiene facultades para regir en materia de Tránsito, habría que preguntarse hasta dónde van esas facultades. Por definición del Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, le corresponde al Estado nacional regular en materia civil y de propiedades”.
En efecto, De Falco dijo que se encuentra en un estado de “incertidumbre” y se preguntó si “¿tenemos la autoridad suficiente para sobrepasar la normativa nacional sobre el régimen de la propiedad del automotor o no?”
“En razón de este estado de incertidumbre, presenté en la jornada de hoy (por ayer) una acción declarativa de certeza ante el juez federal para que de certeza o no al derecho que podemos tener como concejales a regular un registro y circulación de estas motos”.
De Falco dijo entender que este tema es competencia de la Justicia Federal “porque está en juego la interpretación de una norma nacional”. “Lo que resuelva obraremos en consecuencia”, puntualizó.
Y además se preguntó qué pasaría con un ciudadano que sufre un accidente a consecuencia de una moto eléctrica. “¿Quién lo autorizó? ¿La Municipalidad? ¿Y en base a qué? Puede haber problemas”, advirtió.
Por ello, el concejal manifestó que si la Justicia resuelve que el Concejo no tiene facultad de regulación, reclamarán al Departamento Ejecutivo Nacional que dicte el decreto reglamentario que corresponda.
También aclaró que no es la misma situación de los cuatriciclos: “Sí están autorizados para circular. Tienen la tarjeta verde, pero como vehículos rurales, y por eso no pueden circular en el ejido urbano”.
Martín Alanís
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