La Sala I de la Cámara Federal procesó ayer al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y confirmó la acusación sobre los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, así como a la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en la causa por presunta defraudación al Estado Nacional con el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales a través del programa "Sueños Compartidos".
El fallo fue firmado por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, quienes además ratificaron el procesamiento del exsecretario de Obra Pública José López y de su vice, Abel Fatala, entre otros exfuncionarios. Los jueces impusieron embargos que van hasta los 250 millones de pesos.
De Vido, que se encuentra detenido desde octubre del año pasado en el penal de Marcos Paz, había llegado a la Cámara con una falta de mérito, aunque ahora los jueces consideraron que la responsabilidad por la defraudación al Estado no era sólo de los funcionarios que estaban bajo su órbita, sino que alcanzaba también al ministro.
El tribunal remarcó que "se utilizó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo en connivencia con funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal".
En concreto, lo que se investiga es el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales, "para lo que contaron con la colaboración de otros empleados infieles de la Fundación, así como también con terceras personas y empresas".
El dinero que pactó el Estado era para la construcción de viviendas en la localidad de Tigre, en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Misiones, y por $ 748.719.414.
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De Vido, que se encuentra detenido desde octubre del año pasado en el penal de Marcos Paz, había llegado a la Cámara con una falta de mérito, aunque ahora los jueces consideraron que la responsabilidad por la defraudación al Estado no era sólo de los funcionarios que estaban bajo su órbita, sino que alcanzaba también al ministro.
El tribunal remarcó que "se utilizó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo en connivencia con funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal".
En concreto, lo que se investiga es el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales, "para lo que contaron con la colaboración de otros empleados infieles de la Fundación, así como también con terceras personas y empresas".
El dinero que pactó el Estado era para la construcción de viviendas en la localidad de Tigre, en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Misiones, y por $ 748.719.414.