Con cambios de último momento en la redacción, la oposición se encaminaba esta noche a lograr la media sanción del proyecto que declara la emergencia tarifaria, limitando futuros aumentos en las boletas de luz, gas y agua.
En medio de las turbulencias por el tipo de cambio, los distintos bloques en que se divide el peronismo y otros bloques menores de la oposición pudieron cerrar filas detrás de la iniciativa que propone retrotraer los valores de las tarifas a noviembre del 2017.
Además, impide que las eventuales alzas sean superiores a la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) en el caso de los usuarios residenciales, y al Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) publicado por el INDEC para pymes y cooperativas de trabajo.
El proyecto fue suavizado en su redacción por iniciativa del peronismo "no K" de Argentina Federal y el Frente Renovador.
Mientras se sucedían uno tras otro los discursos en el recinto, los diputados Marco Lavagna (Frente Renovador) y Diego Bossio (Justicialista), en aras de mitigar el impacto fiscal de la medida, negociaron cambios al proyecto original, como excluir al transporte y los peajes de la regulación.
En ese sentido, sólo quedó en pie el límite a los aumentos en las facturas de luz, agua y gas (incluida la garrafa). También se quitaron las restricciones a las subas sobre las facturas de consumos más altos, en tanto que ya se había dado marcha atrás con la reducción del IVA en las tarifas de servicios públicos.
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Además, impide que las eventuales alzas sean superiores a la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) en el caso de los usuarios residenciales, y al Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) publicado por el INDEC para pymes y cooperativas de trabajo.
El proyecto fue suavizado en su redacción por iniciativa del peronismo "no K" de Argentina Federal y el Frente Renovador.
Mientras se sucedían uno tras otro los discursos en el recinto, los diputados Marco Lavagna (Frente Renovador) y Diego Bossio (Justicialista), en aras de mitigar el impacto fiscal de la medida, negociaron cambios al proyecto original, como excluir al transporte y los peajes de la regulación.
En ese sentido, sólo quedó en pie el límite a los aumentos en las facturas de luz, agua y gas (incluida la garrafa). También se quitaron las restricciones a las subas sobre las facturas de consumos más altos, en tanto que ya se había dado marcha atrás con la reducción del IVA en las tarifas de servicios públicos.