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“No podemos depositarlos a los chicos porque son seres humanos”

Lo señaló la exjueza de Menores Cecilia Fernández respecto al proyecto de baja de la edad de imputabilidad a los 15 años. En este sentido, destacó que los niños y adolescentes, ante todo, son personas “que piensan, sienten y sufren”

Hace algunos días se conoció el proyecto elaborado por el Ministerio de Seguridad que tiene por objetivo bajar la edad de imputabilidad a los 15 años y que, en principio, se buscaría aprobar en febrero en sesiones extraordinarias. 

La iniciativa establece que los ilícitos cometidos por adolescentes mayores de 15 y menores de 18 sean penados con condenas máximas de hasta 15 años. Y se establecen escalas por edad. Así se determina que los que tengan 15 sólo serán imputables cuando cometan delitos graves como homicidios, abusos, lesiones graves o robos con arma de fuego. Aquellos que están comprendidos entre la franja etaria de los 16 y los 18, en tanto, podrán ser encarcelados cuando cometan hechos que sean reprimidos, según el Código Penal, con penas iguales o superiores a los 10 años. Igualmente, si se tratara de delitos con penas que no sean de 3 o menos años, también podrán ser acusados. Por último, los menores de 15 —inimputables— que infrinjan la ley en ilícitos castigados con penas de hasta 10 años, se prevé que sean asistidos a través de equipos interdisciplinarios.   

Ejerció como abogada durante 14 años. En mayo del 1994 ingresó como jueza de Menores y se desempeñó en el cargo hasta abril del 2016. Actualmente, si bien está jubilada, sigue trabajando en la Asociación de Magistrados por el estamento de los jubilados. Se trata de Cecilia Fernández y PUNTAL VILLA MARÍA dialogó con ella sobre el proyecto de ley que se conoció días atrás. 

“A los chicos no podemos tenerlos depositados porque son seres humanos, piensan, sienten y sufren, más allá de la cuestión penal”, destacó. Y, a pesar de que considera que la comisión de delitos —fundamentalmente contra la propiedad: robos, hurtos, arrebatos—, por parte de niños y adolescentes, incrementó en el tiempo, apuntó: “He tenido siempre la convicción de que la baja de la edad de imputabilidad no va a resolver la situación. Es lo mismo que sucede con los mayores: aumentamos la pena de acuerdo a determinados delitos pero los ilícitos se siguen cometiendo”.

En relación al aumento de los ilícitos, la mujer subrayó: “Creo que se ha ido perdiendo la conciencia de lo que es el vivir en sociedad y del respeto hacia los derechos de los demás. Los chicos quieren tener un celular mejor, quieren vivir como lo hacen otros chicos y, si a eso le sumás la temática de la droga que ha sido uno de los principales elementos que ha jugado en contra de los jóvenes y que los ha llevado y lleva a cometer delitos de cualquier tipo, estamos en un problema realmente muy serio. Ese es otro tema que hay que trabajar y controlar”.

En otro punto de la conversación expresó que en la iniciativa hay medidas que no están contempladas como lo son aquellas vinculadas al trabajo conjunto entre los chicos y su ámbito familiar. 

“En su época trabajábamos desde ese lugar, cuando existía el Consejo Provincial de Protección al Menor. Logramos buenos resultados porque se trabajaba con el chico que estaba alojado en alguna institución y, de manera conjunta, con la familia que es por donde pasan muchas de las cuestiones”, señaló. 

Y añadió: “Si tenemos un chico al que sacamos de su ámbito, lo trasladamos a una institución donde va a recibir, entre comillas, tratamiento, asistencia y educación y, cuando los técnicos entienden que el menor está en condiciones, lo regresamos a su vida normal, nos encontramos con que la familia no está preparada para recibirlos porque no se trabajó en el lugar al que iba a retornar. Entonces vuelve a su medio sin ningún tipo de contención”.

Fernández concurría a estas instituciones. Y hablaba con los chicos. “Tienen mucha angustia, mucha ansiedad, quieren saber cuándo se va a resolver su situación, quieren salir del lugar de encierro. Están mal. Existe violencia entre ellos y hasta castigos cuasi-carcelarios”, precisó. Una de esos lugares que visitó es el Centro Socioeducativo para varones “Complejo Esperanza”, en Bouwer. “La realidad de hablar con los chicos o conocer cuál es su situación es muy penosa. Además estos chicos están enojados con la vida. Salen y vuelven a cometer delitos porque no sirvió de nada”, manifestó. 

Otro de los espacios que es indispensable mencionar es el Centro Socioeducativo para Adolescentes Mujeres “Cesam”. Ambos dependen de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Y, en esta dirección, sostuvo que “son una minoría” las chicas que delinquen.

Respecto a estos espacios, hizo alusión también a su infraestructura. “Hay que traspasar un vallado, como el de una cárcel, un alambrado que debe tener como 6 metros, un portón, pasar por la casilla de control y después llegás y hacés la visita a los distintos y pequeños lugares de alojamiento que hay de acuerdo a la edad de los chicos”, declaró. 

Y añadió: “Pero están más o menos todos juntos, tienen comedores y habitaciones comunes. Hay algunos que permanecen por la situación de riesgo o por el tipo de delito que cometieron, detrás de las rejas. Y hay un personal especializado, que es policial, y que depende de la SENAF y que está controlando lo que pasa”.

Posteriormente contó que hay equipos técnicos que trabajan con los chicos y que se desarrollan diversos talleres y cursos para escolarizar, con la finalidad de que los chicos puedan ir terminando la educación primaria. “Pero es todo muy acotado. Y se observa mucho tiempo extra, libre y de encierro. Y los chicos reclaman”, advirtió. 

Otra problemática tiene que ver con la lejanía. “Por la distancia en la que se encuentran, no existe la posibilidad de asiduidad de concurrencia de la familia. Y en este proyecto no he visto o, por lo menos, no se destaca el trabajo en el afuera con la familia ni en el antes ni en el después”, insistió.

Por último, Fernández comentó: “Todo depende de la voluntad política de que esto funcione. La voluntad política de que se implemente lo que se escribe. Porque a veces las leyes son muy buenas pero no hay cómo ponerlas en funcionamiento”. 

Y resaltó que “los menores son los que menos garantías tienen en el campo jurídico” porque, por ejemplo, en el interior, hay fiscales y jueces múltiples. “El menor ingresa, el juez de menores investiga porque no hay fiscales de menores, hace el seguimiento a través de las medidas cautelares o tutelares que se tomen de acuerdo a las circunstancias, resuelve sobre si el menor es o no responsable del hecho que se le atribuye y, por último, ese mismo juez de menores le hace el juicio y lo condena o absuelve. 

Entonces, el chico no tuvo ninguna de las garantías que establecen hasta los pactos internacionales”, ejemplificó. Y dijo que, lamentablemente, cerraron lugares de alojamiento como “La Marietita” o “El Gurisito”.

Y, tras la charla, sigo convencido de que hay que comprender que, como me dijo un colega en esta redacción, la inseguridad es hija, ante todo, de la exclusión social.



Franco Gerarduzzi.  Redacción Puntal Villa María

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