Un país sin cultura de diálogo
El 13 de octubre, la Argentina vivió el primer debate presidencial obligatorio de su breve historia democrática. A todas luces fue un episodio gris, que probablemente sólo sobreviva en nuestra memoria colectiva por la relevancia institucional de haber generado una nueva plataforma de difusión que va más allá de las campañas de marketing formal y los memes que inundan las redes.
Desde casi todo punto de vista, fue significativamente menos dinámico que el de 2015, cuando aún no existía una ley y los organizadores de Argentina Debate pudieron asignar un rol activo a los periodistas que oficiaban de moderadores. Podríamos decir que si en este encuentro se hubiese grabado a cada candidato por separado para luego editar un debate completo, casi ninguno de nosotros habría notado la diferencia.
Irónicamente, fue la misma ley creada para institucionalizar el diálogo y la promoción de propuestas la principal responsable de establecer las restricciones y los obstáculos que impidieron que este intercambio suceda. Esto se debe fundamentalmente a que tanto sus creadores como sus promotores buscaron un modelo que pudiera deslizarse por el poder legislativo sin ofender ni asustar a nadie. El precio de esa tibieza está a la vista.
Por supuesto, hubo elementos destacables. El respeto del público ante las declaraciones de propios y ajenos, la asistencia perfecta y la preparación de varios de los candidatos evidencian que hay una plataforma desde la cual se puede construir hacia arriba.
En ese sentido, el saldo fue positivo. Sin embargo, un diagnóstico más profundo del evento indica que la Argentina es un país sin cultura de debate y sin cultura de diálogo.
Este déficit se hace evidente en todas las esferas del poder. Hoy celebramos que los candidatos al poder ejecutivo nacional se hagan presentes de manera conjunta en un escenario mientras aquellos que se postulan a las gobernaciones y las intendencias, en la gran mayoría de los casos, pueden esquivar esta responsabilidad cívica, y llegar al electorado usando el dinero de las arcas públicas.
Parecería ser que la casta política aun no cree que el debate público sea una cuestión relevante para el electorado, el cual, para hacer un mea culpa, tampoco se ha manifestado masivamente reclamando que este suceda. No sabemos si no hay debate porque no se demanda o no se demanda porque no se sabe que puede existir.
Tal vez el tiempo demuestre que la única vía para que el debate entre candidatos ingrese en la normalidad de una campaña sea por medio de imposiciones legales que obliguen a aquellos candidatos que se benefician con el silencio a hacerse presentes ante sus electores.
Desde una perspectiva optimista, podemos esperar que este primer experimento de debate presidencial sea el puntapié inicial para que otros niveles de gobierno tomen el ejemplo y comiencen a reproducirlo en una especie de derrame de valores. Pero aún estamos muy lejos de que esta excepción se transforme en una regla.
* Integrante de la Fundación para la Investigación y Debate de la Argentina Contemporánea (FIDAC).
Juan Pablo Menchón * Politólogo
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Desde casi todo punto de vista, fue significativamente menos dinámico que el de 2015, cuando aún no existía una ley y los organizadores de Argentina Debate pudieron asignar un rol activo a los periodistas que oficiaban de moderadores. Podríamos decir que si en este encuentro se hubiese grabado a cada candidato por separado para luego editar un debate completo, casi ninguno de nosotros habría notado la diferencia.
Irónicamente, fue la misma ley creada para institucionalizar el diálogo y la promoción de propuestas la principal responsable de establecer las restricciones y los obstáculos que impidieron que este intercambio suceda. Esto se debe fundamentalmente a que tanto sus creadores como sus promotores buscaron un modelo que pudiera deslizarse por el poder legislativo sin ofender ni asustar a nadie. El precio de esa tibieza está a la vista.
Por supuesto, hubo elementos destacables. El respeto del público ante las declaraciones de propios y ajenos, la asistencia perfecta y la preparación de varios de los candidatos evidencian que hay una plataforma desde la cual se puede construir hacia arriba.
En ese sentido, el saldo fue positivo. Sin embargo, un diagnóstico más profundo del evento indica que la Argentina es un país sin cultura de debate y sin cultura de diálogo.
Este déficit se hace evidente en todas las esferas del poder. Hoy celebramos que los candidatos al poder ejecutivo nacional se hagan presentes de manera conjunta en un escenario mientras aquellos que se postulan a las gobernaciones y las intendencias, en la gran mayoría de los casos, pueden esquivar esta responsabilidad cívica, y llegar al electorado usando el dinero de las arcas públicas.
Parecería ser que la casta política aun no cree que el debate público sea una cuestión relevante para el electorado, el cual, para hacer un mea culpa, tampoco se ha manifestado masivamente reclamando que este suceda. No sabemos si no hay debate porque no se demanda o no se demanda porque no se sabe que puede existir.
Tal vez el tiempo demuestre que la única vía para que el debate entre candidatos ingrese en la normalidad de una campaña sea por medio de imposiciones legales que obliguen a aquellos candidatos que se benefician con el silencio a hacerse presentes ante sus electores.
Desde una perspectiva optimista, podemos esperar que este primer experimento de debate presidencial sea el puntapié inicial para que otros niveles de gobierno tomen el ejemplo y comiencen a reproducirlo en una especie de derrame de valores. Pero aún estamos muy lejos de que esta excepción se transforme en una regla.
* Integrante de la Fundación para la Investigación y Debate de la Argentina Contemporánea (FIDAC).
Juan Pablo Menchón * Politólogo