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La persistencia de la desconfianza social hacia las endoscopías

El informe según el cual desde la muerte de la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin las endoscopías se han reducido entre un 20 y un 50 por ciento, según se trate de hospitales públicos, clínicas privadas o instituciones académicas, da cuenta del pernicioso efecto sobre la salud pública que ha tenido lo que según toda la evidencia ha constituido un acto de mala praxis extremadamente inusual con muy pocas posibilidades de repetirse.

El primer aniversario de la muerte de la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin trajo a colación, junto a las reseñas que evocan su figura y su trayectoria y el resumen de la marcha de la causa judicial, la difusión de un relevamiento según el cual parte de la reacción social de desconfianza hacia el procedimiento médico durante el cual se produjo el trágico resultado ha persistido hasta la actualidad. El informe según el cual las endoscopías se han reducido entre un 20 y un 50 por ciento, según se trate de hospitales públicos, clínicas privadas o instituciones académicas, da cuenta del pernicioso efecto sobre la salud pública que ha tenido lo que según toda la evidencia ha constituido un acto de mala praxis extremadamente     inusual con muy pocas posibilidades de repetirse.

El estudio difundido entre sus asociados por una entidad que agrupa a los especialistas de Buenos Aires advierte que las prevenciones que lógicamente habían despertado las endoscopías -y también por asociación las colonoscopías- en el momento de conocerse lo ocurrido a Pérez Volpin no ha cedido en la medida de lo esperado, pese al tiempo transcurrido. Y señala que la renuencia y las dudas con que muchos pacientes reciben la indicación no siempre son vencidas por los argumentos de los profesionales.

La organización insta a redoblar los esfuerzos en explicar que se trata de procedimientos seguros que se vienen empleando desde hace años sin que existan complicaciones serias en la inmensa mayoría de los casos. Y que, desde luego, han permitido salvar numerosas vidas, además de mejorar la calidad de muchas más, al contribuir a obtener diagnósticos más rápidos y eficaces. Sin embargo, las estadísticas -más allá de que puedan o no extrapolarse al resto del país- sugieren que el suministro de información veraz y comprobable no siempre alcanza a vencer un prejuicio cuando, como en este caso, ha sido inducido por un episodio concreto que en rigor no ha sido hasta ahora debidamente aclarado.

Si bien la difusión de las circunstancias de la intervención durante la cual falleció Pérez Volpin, examinadas incluso por especialistas en este tipo de procedimientos, permitieron inferir de manera relativamente rápida que sólo un grueso error -o varios- de los practicantes podía explicar el trágico desenlace, lo cierto es que el juicio oral y público todavía no se realizó, aunque la elevación data de septiembre último. Y según también se recordó en oportunidad de cumplirse un año del episodio, está a la espera de la conformación de una junta médica pedida por los defensores de los imputados y ordenada por el mismo tribunal que antes la había negado por considerarla innecesaria.

En principio, no está claro hasta qué punto incidiría en la percepción social acerca de las endoscopías una hipotética condena del encargado de la operación, de la anestesista o de ambos. Pero es razonable inferir que les daría un argumento más a quienes deben explicarle al paciente que la muerte de Pérez Volpin no sobrevino por la materialización de un riesgo inherente al procedimiento en sí sino a un error médico muy difícil de reproducir. Una Justicia más diligente podría entonces contribuir a vencer una desconfianza que, en este caso, actúa en contra de la salud de quien comprensiblemente la siente.

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