Fuentes consultadas por este medio aseguraron que el asunto de la reubicación de la sede judicial se encuentra “en tratativas”.
“Es algo que debe definir el Poder Judicial y la Procuraduría General de la Nación. Porque si bien salio así en el fallo, hay que ver en qué estado se encuentra (la vivienda) y si va a servir para esos fines”, le confiaron ayer a Puntal Villa María.
El fallo del TOF2, dado a conocer en las últimas horas, también dispuso que los siete integrantes de una asociación ilícita destinada a cometer delitos tributarios y financieros fueran condenados a penas de hasta 3 años de prisión de ejecución condicional y a pagar 500 mil dólares. La sentencia recayó sobre Fernando Ateca, Jorge Sufe, Miguel Alvarez, Delfín Polack, Richard Grenat, María Eugenia Tabares y Carlos Giovanardi.
De acuerdo a la acusación, con fecha aún no precisada pero anterior al 16 de mayo de 2018, y por medio de empresas radicadas en las ciudades de Villa María y James Craik, Ateca, Sufe, Polack, Tabares, Grenat, Giovanardi y Álvarez, conformaron una asociación ilícita destinada a cometer una indeterminada cantidad de delitos financieros y tributarios.
Entre estos delitos se contaban actividades de intermediación financiera no autorizada, recibiendo depósitos a plazo para aplicarlos posteriormente a operatorias de compra y venta de divisas; la compra y venta de títulos valores; otorgar préstamos a terceros e inversiones en el mercado de valores por intermedio de agentes de bolsa, entre otras actividades, todo ello sin contar con autorización emitida por el Banco Central de la República Argentina.
