Radican denuncia por el conflicto con los terrenos; réplica municipal
La demanda fue presentada por Mujeres Sin Techo y familias de la barriada de Las Playas. Es en contra del Ejecutivo municipal por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público
La semana pasada, un grupo de personas que está conformado por integrantes del colectivo Mujeres Sin Techo junto y por familias del barrio Las Playas tomó terrenos ubicados en calle Costa Rica, entre Alvear y Jorge Newbery. Durante esa jornada, este matutino dialogó con los representantes de 42 familias que reclaman que se hagan efectivos los convenios firmados con la Municipalidad de Villa María y que se les entreguen efectivamente los terrenos acordados. Explicaron que el convenio debía cumplirse el 31 de agosto.
Cabe recordar que el pasado 10 de octubre, un grupo de 33 mujeres, en representación de las 19 familias de Mujeres Sin Techo y de las 23 de barrio Las Playas, fueron recibidas por el propio intendente Martín Gill, luego de ocupar pacíficamente el primer piso de la Municipalidad por varias horas. En esa oportunidad, el conflicto se destrabó con el compromiso de “resolver la problemática habitacional antes de que finalice diciembre, a partir de 23 hectáreas expropiadas en Las Playas para terrenos sociales”, afirmó una de las integrantes de la primera agrupación señalada, Nadia Brossard.
También es preciso indicar que el 19 de diciembre, la fiscal de Instrucción del Segundo Turno, Juliana Companys, fue al lugar a dialogar con los manifestantes, quienes se retiraron voluntariamente. Otro punto significativo tiene que ver con que el asesor letrado del Municipio, Eduardo Rodríguez, expuso que “no hay incumplimiento”. Y, a la vez, aseguró que es un problema que enfrenta a “dos sectores privados de la ciudad”: por una parte, al propietario de las tierras y, por otra, a aquellos particulares “que las han usurpado”.
En ese momento, Rodríguez precisó: “El Municipio ha ido avanzando en el trámite de expropiación y en breve estaremos tomando posesión y haciendo las intervenciones que sugieran desde el Instituto Municipal de la Vivienda y desde la Secretaría de Obras Privadas para nivelar el terreno”. Y añadió: “Posteriormente se identificarán los inmuebles y se cumplirá lo convenido”. Y al referirse a los terrenos tomados, manifestó: “El Municipio los declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación, pero el gobierno no se puede meter sin cumplimentar todos los trámites administrativos”.
Denuncia
Durante la mañana de ayer, PUNTAL VILLA MARÍA conversó con Brossard, quien contó que, bajo el asesoramiento del abogado Eduardo Rigalt, interpusieron una denuncia penal “para que se investigue al intendente de Villa María, Martín Rodrigo Gill, y a las y los funcionarios de la Municipalidad de Villa María que resulten responsables por la posible comisión del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. Esto, según precisa la denuncia, es por lo sucedido “en perjuicio de 42 personas con sus familias cuyo derecho constitucional al acceso a una vivienda digna nos está siendo impedido por incumplimiento, omisión y retardo de actos que son de oficio obligatorio del gobierno municipal”.
“Lo hacemos porque hay 42 familias, en estas dos organizaciones, que tienen convenios de posesión de los terrenos ubicados en el barrio Las Playas, en Jorge Newbery y Costa Rica, desde el 31 de agosto de este año. O sea que el Municipio ha otorgado convenios de posesión sin ser poseedores en tierras privadas”, indicó la mujer. Y agregó que el intendente habló “personalmente” con ellas y les dijo que “en el Presupuesto municipal se habían destinado 500 mil pesos para la expropiación de las 23 hectáreas del barrio Las Playas”.
Al respecto concluyó que ayer, cuando presentaron la denuncia, vieron “que no hubo ningún depósito de ese dinero; es decir que han presentado hace 5 o 7 días una demanda de expropiación pero sin hacer ningún tipo de depósito de dinero”.
Rigalt, por su lado, afirmó que dentro de los funcionarios demandados se encuentran aquellos que “actuaron en las gestiones de los préstamos y sesión de posesión”, entre los que está “gente del Instituto Municipal de la Vivienda y los que obraron en los convenios y demás”.
La palabra del asesor del Municipio
Rodríguez también habló con este diario y señaló que se enteraron extraoficialmente de lo sucedido porque no fueron notificados.
“Si hay alguna actuación judicial, haremos la defensa que tenemos que hacer. Estamos convencidos de que hemos actuado dentro de la ley”, sostuvo. Seguidamente, añadió: “La expropiación está en trámite. Se ha demorado por causas ajenas al Municipio. Y los convenios que se han firmado, en algunas oportunidades se les fue cambiando la fecha de vencimiento porque se demoraba el trámite. Si en vez de hacer la denuncia y hacer el acampe hubieran accedido a cambiar la fecha de los documentos de los convenios no hubiera habido ningún problema”. Y cerró: “Es más, el convenio no habla de un lote en especial porque tampoco están definidos. El convenio dice que cuando se dé la expropiación ellas van a tener ahí un terreno de determinadas características a determinadas condiciones de compra”.
Franco Gerarduzzi. Redacción Puntal Villa María
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Cabe recordar que el pasado 10 de octubre, un grupo de 33 mujeres, en representación de las 19 familias de Mujeres Sin Techo y de las 23 de barrio Las Playas, fueron recibidas por el propio intendente Martín Gill, luego de ocupar pacíficamente el primer piso de la Municipalidad por varias horas. En esa oportunidad, el conflicto se destrabó con el compromiso de “resolver la problemática habitacional antes de que finalice diciembre, a partir de 23 hectáreas expropiadas en Las Playas para terrenos sociales”, afirmó una de las integrantes de la primera agrupación señalada, Nadia Brossard.
También es preciso indicar que el 19 de diciembre, la fiscal de Instrucción del Segundo Turno, Juliana Companys, fue al lugar a dialogar con los manifestantes, quienes se retiraron voluntariamente. Otro punto significativo tiene que ver con que el asesor letrado del Municipio, Eduardo Rodríguez, expuso que “no hay incumplimiento”. Y, a la vez, aseguró que es un problema que enfrenta a “dos sectores privados de la ciudad”: por una parte, al propietario de las tierras y, por otra, a aquellos particulares “que las han usurpado”.
En ese momento, Rodríguez precisó: “El Municipio ha ido avanzando en el trámite de expropiación y en breve estaremos tomando posesión y haciendo las intervenciones que sugieran desde el Instituto Municipal de la Vivienda y desde la Secretaría de Obras Privadas para nivelar el terreno”. Y añadió: “Posteriormente se identificarán los inmuebles y se cumplirá lo convenido”. Y al referirse a los terrenos tomados, manifestó: “El Municipio los declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación, pero el gobierno no se puede meter sin cumplimentar todos los trámites administrativos”.
Denuncia
Durante la mañana de ayer, PUNTAL VILLA MARÍA conversó con Brossard, quien contó que, bajo el asesoramiento del abogado Eduardo Rigalt, interpusieron una denuncia penal “para que se investigue al intendente de Villa María, Martín Rodrigo Gill, y a las y los funcionarios de la Municipalidad de Villa María que resulten responsables por la posible comisión del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. Esto, según precisa la denuncia, es por lo sucedido “en perjuicio de 42 personas con sus familias cuyo derecho constitucional al acceso a una vivienda digna nos está siendo impedido por incumplimiento, omisión y retardo de actos que son de oficio obligatorio del gobierno municipal”.
“Lo hacemos porque hay 42 familias, en estas dos organizaciones, que tienen convenios de posesión de los terrenos ubicados en el barrio Las Playas, en Jorge Newbery y Costa Rica, desde el 31 de agosto de este año. O sea que el Municipio ha otorgado convenios de posesión sin ser poseedores en tierras privadas”, indicó la mujer. Y agregó que el intendente habló “personalmente” con ellas y les dijo que “en el Presupuesto municipal se habían destinado 500 mil pesos para la expropiación de las 23 hectáreas del barrio Las Playas”.
Al respecto concluyó que ayer, cuando presentaron la denuncia, vieron “que no hubo ningún depósito de ese dinero; es decir que han presentado hace 5 o 7 días una demanda de expropiación pero sin hacer ningún tipo de depósito de dinero”.
Rigalt, por su lado, afirmó que dentro de los funcionarios demandados se encuentran aquellos que “actuaron en las gestiones de los préstamos y sesión de posesión”, entre los que está “gente del Instituto Municipal de la Vivienda y los que obraron en los convenios y demás”.
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Rodríguez también habló con este diario y señaló que se enteraron extraoficialmente de lo sucedido porque no fueron notificados.
“Si hay alguna actuación judicial, haremos la defensa que tenemos que hacer. Estamos convencidos de que hemos actuado dentro de la ley”, sostuvo. Seguidamente, añadió: “La expropiación está en trámite. Se ha demorado por causas ajenas al Municipio. Y los convenios que se han firmado, en algunas oportunidades se les fue cambiando la fecha de vencimiento porque se demoraba el trámite. Si en vez de hacer la denuncia y hacer el acampe hubieran accedido a cambiar la fecha de los documentos de los convenios no hubiera habido ningún problema”. Y cerró: “Es más, el convenio no habla de un lote en especial porque tampoco están definidos. El convenio dice que cuando se dé la expropiación ellas van a tener ahí un terreno de determinadas características a determinadas condiciones de compra”.
Franco Gerarduzzi. Redacción Puntal Villa María