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Amnistía Internacional apuntó contra la falta de acción social en Argentina

En su informe anual, el organismo internacional analizó la situación en la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. En nuestro país pidió por una mayor intervención en hechos de violencia de género, ESI y contención a los pueblos originarios, entre otros

Amnistía Internacional presentó su informe anual, en el que recorre las vulneraciones de derechos humanos en Argentina que afectan directamente a mujeres y diversidades, víctimas de violencia institucional, pueblos indígenas, personas refugiadas y poblaciones afectadas por la crisis climática, entre otros.

El capítulo referido a nuestro país acompaña el lanzamiento del reporte global, que profundiza en las falsas promesas de los dirigentes del mundo que no pudieron enfrentar las devastadoras consecuencias de la pandemia, más aún en las Américas, región que ya tenía las tasas más altas de desigualdad de ingresos en el mundo antes del Covid-19.

“El 2021 debería haber sido un año de recuperación. En cambio, dejó un legado de profunda desigualdad. Si bien podemos mencionar esfuerzos, como el plan de vacunación para contener el Covid o la continuidad de avances en políticas de género y diversidad, la inestabilidad y las falsas promesas siguen haciendo mella en los derechos humanos tanto de la población de nuestro país como en la de toda la región”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Este informe global detalla cómo, dos años después de empezada la pandemia, las Américas siguen siendo la región con más muertes causadas por Covid-19, en gran parte debido al acceso limitado y desigual a la atención sanitaria, a sistemas de salud pública con financiación insuficiente, y a políticas y medidas de protección social inadecuadas para las comunidades marginadas. La impunidad por violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional sigue siendo motivo de gran preocupación en más de la mitad de los países de la zona, al mismo tiempo que han aumentado los ataques contra la independencia judicial.

Además, sostienen que Estados de toda Américas llevaron a cabo en 2021 un ataque sostenido contra la defensa de los derechos humanos dirigido contra personas que se manifestaban pacíficamente, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en un intento de silenciar o erradicar la disidencia.

Entre sus conclusiones, el informe de Amnistía Internacional para el año pasado indica: “La situación de los derechos humanos en el mundo es que los Estados más favorecidos, junto con grandes empresas, profundizaron la desigualdad global. El reporte detalla las causas fundamentales, como la codicia empresarial y el egoísmo estatal, así como el abandono de la infraestructura sanitaria y pública por gobiernos de todo el mundo”, y en este sentido, Mariela Belski concluyó: “Su impacto perjudicó a las comunidades más marginadas del planeta, incluidas las de África, Asia y América Latina”.

Informe de Argentina

Respecto de lo sucedido en Argentina, desde la ONG internacional contemplan que el país se mantiene “sumido en una profunda crisis económica y social”, e indican:“Según cifras oficiales, en junio de 2021 el 40,6% de la población vivía en la pobreza y la tasa de desempleo ascendía al 8,6% en el tercer trimestre del año”.

En otro fragmento, el informe dice: “Los trabajadores sanitarios y esenciales continuaron desempeñando un papel fundamental en la respuesta al Covid-19. Para el cierre del año, la campaña de vacunación avanzó y alrededor del 79% de la población contó con el plan de dos dosis. La pandemia de Covid-19, entonces, profundizó las desigualdades existentes: la violencia contra las mujeres y las niñas y la falta de medidas efectivas para abordarla seguían siendo motivo de grave preocupación. Pese a la relevancia de la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina se evidenciaron problemas en la implementación de la ley en todo el territorio nacional”.

Además, destacan que continuaba la alarma por la proliferación de casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en diferentes jurisdicciones del país y que “persistía la impunidad en las investigaciones de desapariciones forzadas. En tanto, las poblaciones indígenas enfrentaban graves dificultades para acceder a los derechos colectivos sobre el territorio. El estricto control de la circulación, restablecido en respuesta a la segunda ola de Covid-19, dejó a cientos de argentinos varados en el extranjero, sin acceso a una atención sanitaria adecuada y, en algunos casos, a la reunificación familiar”.

Entre los principales puntos que se mencionan sobre el país en el informe se repasa la situación de derechos humanos durante el año pasado y se destacan:

- Derechos sexuales y reproductivos: a un año de la aprobación de la ley de interrupción del embarazo, no se logró su efectiva implementación. Entre varias dificultades, se registra la escasez de información, la falta de acceso a medicación, el desarrollo de políticas públicas y la insuficiente capacitación. Además, se observa la injusta criminalización de una profesional.

- Violencia contra las mujeres: en 2021 se registró un femicidio cada 30 horas. La violencia de género en la Argentina es, a esta altura, una crisis endémica que ningún gobierno ha podido resolver.

- Paridad: se perpetúa la histórica exclusión de las mujeres de los espacios de decisión en los tres poderes del Estado. El 15 de diciembre de 2021 venció el plazo para el envío del pliego al Senado para ocupar el cargo vacante tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco en el máximo tribunal de Justicia de la Nación. La perpetuación de la vacancia actual supone una situación de absoluta gravedad institucional, porque hoy está compuesta íntegramente por varones.

- Educación Sexual Integral (ESI): a 16 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral persiste una brecha significativa entre el marco normativo y su implementación real. Solo el 4% de estudiantes de nivel secundario afirma haber recibido la totalidad de los contenidos básicos. Por su parte, siete de cada diez docentes sostienen que necesitan más capacitación.

“Los Estados más favorecidos, junto con grandes empresas, profundizaron la desigualdad global”, dice el informe.

- Violencia Institucional: al finalizar el año quedó pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional por parte de funcionarios policiales en los Servicios de Seguridad y Penitenciarios.

“En los últimos años, Amnistía Internacionalrelevó casos en todo el país. Muchos de los que se siguieron registrando a lo largo de 2021 ilustran prácticas abusivas, fuertemente arraigadas y extendidas por parte de las fuerzas de seguridad”, indica el informe.

- Pueblos indígenas: según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, hay en el país 1.760 comunidades identificadas por el Programa de Relevamiento Territorial. Pese a la obligación que surge de la Ley de Emergencia Territorial de relevar a todas, a 16 años de su sanción solo el 43% concluyeron el proceso.

- Crisis climática: las intensas olas de calor, sequías e incendios en grandes extensiones de tierras en todo el país volvieron a poner en la agenda la necesidad de tratar en el Parlamento, con la mayor celeridad posible, la Ley de Humedales.