Narraciones, dramatizaciones, dibujos y mesas de debates intramuros. Por tercer año consecutivo, la Universidad Nacional de Río Cuarto trabajará con presos y agentes penitenciarios en el marco del Programa Provincial de Capacitación en Derechos Humanos en Contextos de Encierro.
Entre mediados de 2017 y 2018, suman 160 los internos de la cárcel local capacitados por el Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC. También se formaron 42 presos de la cárcel de Villa Dolores y 60 agentes penitenciarios de Río Cuarto.
Se trabajó con diversas estrategias de aprendizaje tales como el relato narrativo, las lecturas comprensivas, los debates y puestas en común y la elaboración de proyectos jurídicos-políticos vinculados con la problemática del delito y su complejidad.
Según se indicó desde el Observatorio de DDHH, “los trabajos presentados evidenciaron una excelente comprensión de la problemática propuesta y una necesidad profunda de aportar nuevos conocimientos para mejorar el funcionamiento del Sistema Penitenciario en relación a las demandas sociales”.
“La experiencia fue muy enriquecedora, consideramos de relevante importancia el espacio que abrimos desde la Universidad en el contexto de encierro carcelario a partir de una propuesta de formación que nos permite exponer ante el ministro de Justicia, con datos precisos y objetivos, la experiencia, la problemática y el conocimiento de ese contexto, con el objetivo de abrir, también, espacios de transformación desde una perspectiva de DDHH”, sostuvo la magister Lilián Martella, coordinadora de la iniciativa.
Es una labor que busca promover y fomentar en personas que se encuentran privadas de la libertad y en los agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba un análisis reflexivo que favorezca prácticas sociales acordes a la perspectiva de Derechos Humanos.
Estos espacios de expresión y aprendizaje tienden a la reinserción social de los internos y la concientización de los agentes penitenciarios sobre la promoción y protección de los derechos humanos.
Son clases presenciales y la dinámica propuesta para el desarrollo de los contenidos fue la de aula taller a los fines de lograr el objetivo de alentar la adquisición de las habilidades necesarias para transformar la información teórica en comportamientos prácticos, que ayuden a la resolución de conflictos que puedan presentarse en el contexto de encierro.
Para esto se trabajó alrededor de una idea central, la dimensión colectiva que los DDHH actualizan: “El Estado reconoce y garantiza los derechos humanos declarados a cada uno de los habitantes de nuestro territorio, de manera individual, pero el ejercicio de los mismos es siempre en relación con otros iguales en derechos; el ejercicio y goce de los mismos exige un compromiso colectivo.”
Los contenidos fueron organizados alrededor de ejes centrales tratando de superar la mirada jurídica reduccionista para poder reflexionar en todas aquellas dimensiones de “lo humano” que los DDHH atraviesan.
El Servicio Penitenciario determina quiénes son los que participan y hay estímulos, tanto para los reclusos, como para los guardias. Los presos que asisten a estos cursos reciben los beneficios que prevé el artículo 140 de estímulo educativo, por el que reducen las fases de la ejecución de la pena a medida que realizan actividades de formación. Y el personal suma puntaje en su curriculum, lo cual mejora su carrera.
Las clases para los detenidos se dictan en la cárcel y para los guardias en el campus. Con los internos trabajan en grupos de 30 personas, debido a que no hay espacios amplios en la alcaidía local como para reunir a una mayor cantidad de gente.
El año pasado se capacitaron aquí 87 presos; en total fueron 125 personas, de los cuales 38 trabajan para el Servicio. A esto se sumó que la Universidad Nacional de Río Cuarto extendió su servicio a la cárcel de Villa Dolores, en la que se trabajó con 42 internos, para lo cual los docentes locales viajaron todos los jueves de 2018.
Actividades de contención
Los alumnos de estos cursos desarrollan actividades prácticas sobre aquello que está enunciado formalmente como derecho humano, y lo ponen en tensión con la realidad fáctica que se vive tanto en el servicio penitenciario, como en la sociedad toda.
La profesora Lilián Martella, subcoordinadora del Observatorio de Derechos Humanos, responsable de esta actividad, dijo: “La idea es profundizar el trabajo atendiendo todas las experiencias que vamos teniendo con los internos y con el personal del servicio penitenciario”. “Es parte del compromiso que tenemos con los derechos humanos en estos contextos, que son hostiles para su vigencia”.
“Es una dimensión ética, política, psicológica, que implica el ejercicio de derechos, más que el conocimiento del derecho en sí. Ejercer el derecho es una cuestión que no es de abogados, es de seres humanos, de ciudadanos. Está vinculado con respetar y considerar al otro”, expresó.
“Sentimos que es un espacio que hemos ganado desde el Observatorio. Antes se trabajaba muy desde afuera. Y ahora lo hacemos cara a cara; ya no son los relatos de familiares u otras expresiones. Se entra y se trabaja con los actores del sistema”.
“Es una experiencia enriquecedora para todos los sujetos que intervinimos. Así lo han manifestado los internos en todas las actividades de las que han participado y en las distintas evaluaciones. También lo ha sido para el personal del Servicio Penitenciario y para nosotros, los docentes. Es un espacio de diálogo y formación, que está en el marco de la educación no formal”, señaló Martella, a la vez que subrayó: “Los internos conocen la ley mejor que cualquier abogado penalista. En eso no nos concentramos tanto, sino más bien en identificar las tensiones que hay entre el deber ser -la ley- y la realidad fáctica, las condiciones para ejercer los derechos y la importancia del registro del otro, la importancia de ejercer los derechos considerando al otro, que es igual”.
En referencia a los agentes vinculados al Servicio, la docente comentó: “Es una experiencia muy enriquecedora que las personas que trabajan con los internos puedan llegarse hasta el campus; muchos de ellos nunca asistieron a la Universidad”. Y acotó: “Se trabaja en una dinámica de aulas-talleres, con lecturas, análisis de videos, siempre a partir de lo que les interesa a ellos, que es discutir sobre la normativa que los regula en el Servicio Penitenciario, entre otras cuestiones. Se hacen narraciones y trabajos prácticos tratando de que expongan los cambios que harían dentro del Servicio; una expresión para la que no hay lugar en otro ámbito, porque ellos no están agremiados ni representados”.
También apuntó: “Ellos valoran este espacio de diálogo para poder poner en palabras lo que necesitan decir. Cada encuentro en la Universidad con los trabajadores del servicio se extiende a lo largo de cuatro horas. Por las guardias, los traslados y el escaso personal que existe en el Servicio, no pueden asistir todas las semanas, por eso, las reuniones son cada quince días”.
“Este año hubo un alto nivel de deserción del personal que participaba de estos cursos, en parte porque la cantidad de internos los ha superado. Es una cárcel que tiene capacidad para 300 internos y hay casi 800”, remarcó la subcoordinadora del Observatorio de la UNRC.
Sobre las bondades de estos encuentros intramuros, Lilián Martella manifestó: “Hemos trabajado con internos que tienen un alto conocimiento y muy rico nivel de reflexión”.
“La falta de condiciones económicas, políticas y sociales para que no haya delincuencia y para que pueda haber ejercicio de derechos humanos es el eje central de esa realidad. La cárcel está poblada de pobres, marginados, gente que está arrojada al mundo sin oportunidades”, subrayó.
Y siguió: “La delincuencia es una red en la que están implicados sectores que deciden sobre nuestras vidas. Hay una red entre la delincuencia y el sistema social y político. El sistema capitalista liberal necesita que haya delincuentes”.
“A esta gente la hemos hecho trabajar en la elaboración de proyectos para prevenir la delincuencia. La idea es pensar cómo pueden ellos prevenir la condición de delincuentes. Se han mostrado muy creativos; fue muy interesante verlos trabajar en eso, tanto al personal como a los internos. Y nos han presentado proyectos muy interesantes, en los que se evidencia mucho conocimiento de la ley, de cómo funciona el sistema, cosas que nosotros desconocemos. Ellos tienen mucho por decir, tanto el personal, como los internos”.
Son seis los docentes que llevan adelante este trabajo. Es una actividad que se enmarca en una de las mesas del Observatorio, la de Trabajo sobre DDHH, Seguridad y Contextos de Encierro.
Estímulo educativo
Durante 2018 se desarrollaron en Río Cuarto seis cursos entre mayo y diciembre, destinados a internos alojados en el Establecimiento Penitenciario N°6. Y en Villa Dolores se llevaron a cabo dos cursos entre septiembre y diciembre, en el Establecimiento Penitenciario N°8.
La magister Lilián Martella dijo que los internos, en su mayoría, manifestaron interés en participar del espacio propuesto, y consideraron importante la adquisición de nuevos conocimientos para resolver diferentes conflictos de derechos.
Sostuvo: “Durante todo el cursado, los participantes intervinieron de manera muy activa, interrogando sobre todos aquellos contenidos que no alcanzaban a comprender, como así también para posicionarse sobre algunas temáticas particulares. Hubo un buen nivel de reflexión crítica y valoración positiva del espacio de diálogo abierto”.
Se observó una buena predisposición para las actividades de lectura, de trabajos en grupos cooperativos y para todas las propuestas didácticas. La coordinadora de la actividad indicó: “Identificaban muy especialmente las contradicciones objetivas entre el mundo del ser y del deber ser; entre lo normativo conceptual y la facticidad material. En este sentido, relacionaban constantemente los conocimientos teóricos-normativos expuestos con hechos de la actualidad que están ocurriendo en nuestro país o en otros países, como así también, en las distintas actividades didácticas expresaban sus vivencias cotidianas en el establecimiento. Estas manifestaciones interpelaban a los docentes toda vez que se intentaba afirmar la importancia de respetar los derechos fundamentales en las prácticas cotidianas. Esto resultó un desafío interesante, tanto para los docentes como para los participantes, en el sentido de potenciar la idea de con-vivir de acuerdo a una perspectiva de DDHH”.
Martella remarcó que no hubo deserción de los internos y que se evidenció compromiso y entusiasmo a lo largo de todos los encuentros. Aunque admitió: “Se pudo advertir que un factor determinante en la continuidad y finalización del curso fue conocer que era considerado en el marco del Articulo 140 de estímulo educativo (Ley 24.660. Ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad)”.
Una modalidad única en el país
Este programa impulsado por la Provincia, del que también participan las universidades nacionales de Córdoba y Villa María y la Católica de Córdoba, apunta a la promoción de derechos tendientes a la reinserción social de los internos carcelarios y a brindar a los participantes conocimientos acerca de las normas de derechos humanos, relacionados con el trabajo de los funcionarios de prisiones y los detenidos.
Se capacita a los internos con el fin de concientizarlos sobre los derechos humanos y contribuir al desarrollo de un pensamiento crítico-reflexivo que fomente la participación en actividades individuales y grupales en un marco de tolerancia y respeto colectivo.
El personal del Servicio Penitenciario, por su parte, recibe conocimientos teóricos-conceptuales y prácticos acerca de las normas de derechos humanos que guardan relación con el trabajo de los funcionarios de prisiones.
En este marco, se realizó una nueva reunión de la mesa de “Capacitación en DDHH en Contextos de Encierro”, programa provincial que abre el tercer año de implementación en todas las cárceles de Córdoba. El encuentro tuvo lugar en la Sala de Situaciones de la sede central del Ministerio de Justicia, y estuvo presidido por el ministro Martín Farfán, a quien acompañó el equipo de coordinadores del programa: Sandra Chiavaro, directora general de Capacitación Profesional Penitenciaria y Federico Robledo, director de Políticas Penitenciarias. También participaron la directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, Roxana Gauna; el director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba, Cristian Sommer; el director del Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María, Omar Barberis; Lilián Martella, en representación del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto; y del Servicio Penitenciario de la Provincia estuvieron presentes la directora general de Formación Profesional, Elizabeth Soria, la subdirectora de Técnica, Gabriela Vilchez y el profesor Fernando Chales del departamento de Educación.
Deolinda Abate Daga. Prensa UNRC
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Se trabajó con diversas estrategias de aprendizaje tales como el relato narrativo, las lecturas comprensivas, los debates y puestas en común y la elaboración de proyectos jurídicos-políticos vinculados con la problemática del delito y su complejidad.
Según se indicó desde el Observatorio de DDHH, “los trabajos presentados evidenciaron una excelente comprensión de la problemática propuesta y una necesidad profunda de aportar nuevos conocimientos para mejorar el funcionamiento del Sistema Penitenciario en relación a las demandas sociales”.
“La experiencia fue muy enriquecedora, consideramos de relevante importancia el espacio que abrimos desde la Universidad en el contexto de encierro carcelario a partir de una propuesta de formación que nos permite exponer ante el ministro de Justicia, con datos precisos y objetivos, la experiencia, la problemática y el conocimiento de ese contexto, con el objetivo de abrir, también, espacios de transformación desde una perspectiva de DDHH”, sostuvo la magister Lilián Martella, coordinadora de la iniciativa.
Es una labor que busca promover y fomentar en personas que se encuentran privadas de la libertad y en los agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba un análisis reflexivo que favorezca prácticas sociales acordes a la perspectiva de Derechos Humanos.
Estos espacios de expresión y aprendizaje tienden a la reinserción social de los internos y la concientización de los agentes penitenciarios sobre la promoción y protección de los derechos humanos.
Son clases presenciales y la dinámica propuesta para el desarrollo de los contenidos fue la de aula taller a los fines de lograr el objetivo de alentar la adquisición de las habilidades necesarias para transformar la información teórica en comportamientos prácticos, que ayuden a la resolución de conflictos que puedan presentarse en el contexto de encierro.
Para esto se trabajó alrededor de una idea central, la dimensión colectiva que los DDHH actualizan: “El Estado reconoce y garantiza los derechos humanos declarados a cada uno de los habitantes de nuestro territorio, de manera individual, pero el ejercicio de los mismos es siempre en relación con otros iguales en derechos; el ejercicio y goce de los mismos exige un compromiso colectivo.”
Los contenidos fueron organizados alrededor de ejes centrales tratando de superar la mirada jurídica reduccionista para poder reflexionar en todas aquellas dimensiones de “lo humano” que los DDHH atraviesan.
El Servicio Penitenciario determina quiénes son los que participan y hay estímulos, tanto para los reclusos, como para los guardias. Los presos que asisten a estos cursos reciben los beneficios que prevé el artículo 140 de estímulo educativo, por el que reducen las fases de la ejecución de la pena a medida que realizan actividades de formación. Y el personal suma puntaje en su curriculum, lo cual mejora su carrera.
Las clases para los detenidos se dictan en la cárcel y para los guardias en el campus. Con los internos trabajan en grupos de 30 personas, debido a que no hay espacios amplios en la alcaidía local como para reunir a una mayor cantidad de gente.
El año pasado se capacitaron aquí 87 presos; en total fueron 125 personas, de los cuales 38 trabajan para el Servicio. A esto se sumó que la Universidad Nacional de Río Cuarto extendió su servicio a la cárcel de Villa Dolores, en la que se trabajó con 42 internos, para lo cual los docentes locales viajaron todos los jueves de 2018.
Actividades de contención
Los alumnos de estos cursos desarrollan actividades prácticas sobre aquello que está enunciado formalmente como derecho humano, y lo ponen en tensión con la realidad fáctica que se vive tanto en el servicio penitenciario, como en la sociedad toda.
La profesora Lilián Martella, subcoordinadora del Observatorio de Derechos Humanos, responsable de esta actividad, dijo: “La idea es profundizar el trabajo atendiendo todas las experiencias que vamos teniendo con los internos y con el personal del servicio penitenciario”. “Es parte del compromiso que tenemos con los derechos humanos en estos contextos, que son hostiles para su vigencia”.
“Es una dimensión ética, política, psicológica, que implica el ejercicio de derechos, más que el conocimiento del derecho en sí. Ejercer el derecho es una cuestión que no es de abogados, es de seres humanos, de ciudadanos. Está vinculado con respetar y considerar al otro”, expresó.
“Sentimos que es un espacio que hemos ganado desde el Observatorio. Antes se trabajaba muy desde afuera. Y ahora lo hacemos cara a cara; ya no son los relatos de familiares u otras expresiones. Se entra y se trabaja con los actores del sistema”.
“Es una experiencia enriquecedora para todos los sujetos que intervinimos. Así lo han manifestado los internos en todas las actividades de las que han participado y en las distintas evaluaciones. También lo ha sido para el personal del Servicio Penitenciario y para nosotros, los docentes. Es un espacio de diálogo y formación, que está en el marco de la educación no formal”, señaló Martella, a la vez que subrayó: “Los internos conocen la ley mejor que cualquier abogado penalista. En eso no nos concentramos tanto, sino más bien en identificar las tensiones que hay entre el deber ser -la ley- y la realidad fáctica, las condiciones para ejercer los derechos y la importancia del registro del otro, la importancia de ejercer los derechos considerando al otro, que es igual”.
En referencia a los agentes vinculados al Servicio, la docente comentó: “Es una experiencia muy enriquecedora que las personas que trabajan con los internos puedan llegarse hasta el campus; muchos de ellos nunca asistieron a la Universidad”. Y acotó: “Se trabaja en una dinámica de aulas-talleres, con lecturas, análisis de videos, siempre a partir de lo que les interesa a ellos, que es discutir sobre la normativa que los regula en el Servicio Penitenciario, entre otras cuestiones. Se hacen narraciones y trabajos prácticos tratando de que expongan los cambios que harían dentro del Servicio; una expresión para la que no hay lugar en otro ámbito, porque ellos no están agremiados ni representados”.
También apuntó: “Ellos valoran este espacio de diálogo para poder poner en palabras lo que necesitan decir. Cada encuentro en la Universidad con los trabajadores del servicio se extiende a lo largo de cuatro horas. Por las guardias, los traslados y el escaso personal que existe en el Servicio, no pueden asistir todas las semanas, por eso, las reuniones son cada quince días”.
“Este año hubo un alto nivel de deserción del personal que participaba de estos cursos, en parte porque la cantidad de internos los ha superado. Es una cárcel que tiene capacidad para 300 internos y hay casi 800”, remarcó la subcoordinadora del Observatorio de la UNRC.
Sobre las bondades de estos encuentros intramuros, Lilián Martella manifestó: “Hemos trabajado con internos que tienen un alto conocimiento y muy rico nivel de reflexión”.
“La falta de condiciones económicas, políticas y sociales para que no haya delincuencia y para que pueda haber ejercicio de derechos humanos es el eje central de esa realidad. La cárcel está poblada de pobres, marginados, gente que está arrojada al mundo sin oportunidades”, subrayó.
Y siguió: “La delincuencia es una red en la que están implicados sectores que deciden sobre nuestras vidas. Hay una red entre la delincuencia y el sistema social y político. El sistema capitalista liberal necesita que haya delincuentes”.
“A esta gente la hemos hecho trabajar en la elaboración de proyectos para prevenir la delincuencia. La idea es pensar cómo pueden ellos prevenir la condición de delincuentes. Se han mostrado muy creativos; fue muy interesante verlos trabajar en eso, tanto al personal como a los internos. Y nos han presentado proyectos muy interesantes, en los que se evidencia mucho conocimiento de la ley, de cómo funciona el sistema, cosas que nosotros desconocemos. Ellos tienen mucho por decir, tanto el personal, como los internos”.
Son seis los docentes que llevan adelante este trabajo. Es una actividad que se enmarca en una de las mesas del Observatorio, la de Trabajo sobre DDHH, Seguridad y Contextos de Encierro.
Estímulo educativo
Durante 2018 se desarrollaron en Río Cuarto seis cursos entre mayo y diciembre, destinados a internos alojados en el Establecimiento Penitenciario N°6. Y en Villa Dolores se llevaron a cabo dos cursos entre septiembre y diciembre, en el Establecimiento Penitenciario N°8.
La magister Lilián Martella dijo que los internos, en su mayoría, manifestaron interés en participar del espacio propuesto, y consideraron importante la adquisición de nuevos conocimientos para resolver diferentes conflictos de derechos.
Sostuvo: “Durante todo el cursado, los participantes intervinieron de manera muy activa, interrogando sobre todos aquellos contenidos que no alcanzaban a comprender, como así también para posicionarse sobre algunas temáticas particulares. Hubo un buen nivel de reflexión crítica y valoración positiva del espacio de diálogo abierto”.
Se observó una buena predisposición para las actividades de lectura, de trabajos en grupos cooperativos y para todas las propuestas didácticas. La coordinadora de la actividad indicó: “Identificaban muy especialmente las contradicciones objetivas entre el mundo del ser y del deber ser; entre lo normativo conceptual y la facticidad material. En este sentido, relacionaban constantemente los conocimientos teóricos-normativos expuestos con hechos de la actualidad que están ocurriendo en nuestro país o en otros países, como así también, en las distintas actividades didácticas expresaban sus vivencias cotidianas en el establecimiento. Estas manifestaciones interpelaban a los docentes toda vez que se intentaba afirmar la importancia de respetar los derechos fundamentales en las prácticas cotidianas. Esto resultó un desafío interesante, tanto para los docentes como para los participantes, en el sentido de potenciar la idea de con-vivir de acuerdo a una perspectiva de DDHH”.
Martella remarcó que no hubo deserción de los internos y que se evidenció compromiso y entusiasmo a lo largo de todos los encuentros. Aunque admitió: “Se pudo advertir que un factor determinante en la continuidad y finalización del curso fue conocer que era considerado en el marco del Articulo 140 de estímulo educativo (Ley 24.660. Ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad)”.
Una modalidad única en el país
Este programa impulsado por la Provincia, del que también participan las universidades nacionales de Córdoba y Villa María y la Católica de Córdoba, apunta a la promoción de derechos tendientes a la reinserción social de los internos carcelarios y a brindar a los participantes conocimientos acerca de las normas de derechos humanos, relacionados con el trabajo de los funcionarios de prisiones y los detenidos.
Se capacita a los internos con el fin de concientizarlos sobre los derechos humanos y contribuir al desarrollo de un pensamiento crítico-reflexivo que fomente la participación en actividades individuales y grupales en un marco de tolerancia y respeto colectivo.
El personal del Servicio Penitenciario, por su parte, recibe conocimientos teóricos-conceptuales y prácticos acerca de las normas de derechos humanos que guardan relación con el trabajo de los funcionarios de prisiones.
En este marco, se realizó una nueva reunión de la mesa de “Capacitación en DDHH en Contextos de Encierro”, programa provincial que abre el tercer año de implementación en todas las cárceles de Córdoba. El encuentro tuvo lugar en la Sala de Situaciones de la sede central del Ministerio de Justicia, y estuvo presidido por el ministro Martín Farfán, a quien acompañó el equipo de coordinadores del programa: Sandra Chiavaro, directora general de Capacitación Profesional Penitenciaria y Federico Robledo, director de Políticas Penitenciarias. También participaron la directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, Roxana Gauna; el director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba, Cristian Sommer; el director del Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María, Omar Barberis; Lilián Martella, en representación del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto; y del Servicio Penitenciario de la Provincia estuvieron presentes la directora general de Formación Profesional, Elizabeth Soria, la subdirectora de Técnica, Gabriela Vilchez y el profesor Fernando Chales del departamento de Educación.
Deolinda Abate Daga. Prensa UNRC