derechos | pandemia | Covid-19

Señalan que la pandemia aumentó desigualdades, violencia institucional y el abandono del Estado

En su informe anual, la ONG Amnistía Internacional alertó sobre la crisis económica en Argentina durante el Covid-19, el incremento de casos de agresiones por género y la desprotección de sectores fundamentales como el de la salud

La ONG Amnistía Internacional lanzó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en todo el mundo, y de los relevamientos realizados destacaron que con el Covid-19 se “visibilizó y profundizó la desigualdad sistémica, la represión como respuesta estatal y las políticas perjudiciales implementadas a nivel internacional”, indicaron. El estudio destacó que América fue el continente más afectado y que en Argentina no sólo se incrementó la crisis económica, sino que también aumentaron los hechos de violencia de género y a las comunidades originarias.

“La situación de los derechos humanos en el mundo documenta cómo las mujeres, las personas refugiadas, migrantes, el personal sanitario, los pueblos indígenas, las personas negras y otros grupos históricamente olvidados debieron soportar los peores efectos de la pandemia, mientras algunos líderes globales aprovecharon la crisis para intensificar su ataque a los derechos humanos”, sostiene el informe en uno de sus fragmentos. Se trata de un extenso trabajo que realizó Amnistía Internacional con relevamientos por continente y por país, y que en la jornada de ayer dieron a conocer en todo el mundo. Entre otros puntos, el estudio da cuenta del surgimiento de movimientos como las manifestaciones de Black Lives Matter en Estados Unidos y las protestas de #End SARS en Nigeria, y lo que consideran como victorias conseguidas por el activismo de derechos humanos en 2020, especialmente en materia de género: en Argentina, al igual que en Corea del Sur e Irlanda del Norte, donde se despenalizó el aborto.

“La situación de los derechos humanos en el mundo documenta cómo las mujeres, las personas refugiadas, los pueblos indígenas, las personas negras y otros grupos históricamente olvidados debieron soportar los peores efectos de la pandemia, mientras líderes globales intensificaron su ataque a los derechos humanos”.

Respecto de este trabajo, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, indicó: “La pandemia puso en evidencia la falta de inversión en temas clave como salud, tecnología, ciencia, trabajo y educación. Si bien nadie esperaba esto, los países menos preparados y más pobres han sido los más afectados. Los trabajadores de sectores informales, las mujeres y otros grupos marginados son quienes más están padeciendo los efectos de la pandemia. Este es un momento histórico, hoy más que nunca se requiere cooperación internacional y liderazgos positivos que pongan el respeto pleno por los derechos humanos y la reducción de la desigualdad en el centro de sus agendas”.

Argentina y América

“América fue el continente más afectado por el Covid-19, con más de 54 millones de casos y 1,3 millón de muertes”, dice el trabajo de la ONG internacional, y completa: “Al comenzar el 2020, era la región más desigual del mundo, situación que empeoró con la pandemia, al caer en la pobreza otros 22 millones de personas, en tanto que el número de las que vivían en la pobreza extrema aumentaba en 8 millones”. En este sentido, considera que el coronavirus golpeó duramente a la extensa economía informal de la región, mientras que “las medidas gubernamentales con frecuencia afectaron los derechos económicos, sociales y culturales de quienes estaban en situaciones de mayor precariedad”, indicaron.

Entre las observaciones realizadas sobre las violaciones a los Derechos Humanos, según Amnistía Internacional “las detenciones arbitrarias fueron práctica habitual, en muchos casos estuvieron relacionadas con la aplicación de las restricciones asociadas al Covid-19, y en algunos países se obligaba a las personas a someterse a cuarentena en centros gestionados por el Estado que no cumplían las normas sanitarias ni de distancia física”. Y agregaron: “Al menos 10.558 trabajadores y trabajadoras de la salud de las Américas habían muerto a causa del Covid-19 hasta el 5 de marzo de 2021, mientras el personal sanitario de casi todos los países se quejaba de que sus respectivos gobiernos no proporcionaban condiciones de trabajo seguras ni suficientes equipos de protección individual”.

Respecto de lo ocurrido puntualmente en nuestro país, se hizo hincapié en la crisis económica, mientras que consideraron que las medidas tomadas para evitar el contagio del virus “significaron un incremento en la violencia por motivos de género” y llevó a que los pueblos indígenas se vieran desproporcionadamente afectados. “La pandemia generó dolorosas muertes y, paralelamente, el crecimiento de la desigualdad, los abusos por parte de los Estados y una crisis moral provocada por la asignación inequitativa de las vacunas entre países ricos y pobres. Al mismo tiempo, fue un año de celebración para el movimiento de mujeres ya que, después de décadas de lucha, se conquistó en nuestro país el derecho al aborto legal. Por estos claroscuros, el balance de este año nos muestra la importancia de mantenernos resilientes y el impacto concreto que puede generar la lucha por un mundo más justo”, agregó Mariela Belski.

Sobre la crisis económica y social, la ONG destaca que, según cifras oficiales, “en junio, el 40,9% de la población vivía en la pobreza y el índice de desempleo era del 13,1%. Persistía la preocupación por los pagos de deuda y la obligación de los Estados de proteger los derechos sociales y económicos durante la pandemia y el periodo de recuperación”, sostiene el informe, en tanto que con el decreto para la cuarentena se lanzó un “estricto control de los desplazamientos entre provincias y dejó a centenares de personas atrapadas fuera de su jurisdicción, sin acceso a suficiente atención médica, higiene y, en ocasiones, a la reunificación familiar”.

Por otra parte, el informe destaca el trabajo del personal sanitario, “que realizaba labores esenciales, quienes desempeñaron un papel fundamental en la respuesta a la Covid-19”, en tanto que agrega: “Un total de 64.958 profesionales de la salud se habían infectado con el virus hasta el 18 de diciembre”.

Otro de los aspectos analizados tiene que ver con cuestiones de género, en tanto que consideraron que “la pandemia agravó y puso de relieve las desigualdades de género existentes. Según los datos disponibles, “el trabajo no remunerado doméstico y de cuidados representaría el 16% del producto interior bruto si fuera remunerado. Las mujeres realizaban más del 75% del trabajo doméstico y de cuidados del país”. Del mismo modo, señalan que la violencia de género aumentó durante la pandemia en Argentina, “en noviembre, las llamadas de emergencia a las líneas de atención telefónica habían aumentado un promedio de más del 18% en comparación con 2019”, dicen y rescatan relevamientos de organizaciones sociales que dan cuenta de los 298 femicidios cometidos durante 2020.

No obstante, destacaron lo que fue la despenalización de la interrupción del embarazo y la aprobación por unanimidad del “Programa de los Mil Días”, cuyo objetivo era fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y niños y niñas en sus primeros años de vida. “En Argentina, según datos oficiales, se registraba un parto de una niña menor de 15 años cada cuatro horas. La mayoría de esas niñas se veían forzadas a llevar a término embarazos que eran consecuencia de violencia sexual. Durante la pandemia se incrementaron las barreras para acceder a un aborto legal. Además, a las mujeres y las adolescentes se les interrumpió el tratamiento anticonceptivo por el temor a contraer la Covid-19 al acudir a los centros de salud”, dice el estudio.

Hechos de violencia

Finalmente, el trabajo difundido ayer por Amnistía Internacional se refiere a la violación de los derechos de las comunidades de pueblos originarios y la invasión a sus territorios. “Continuaba la injerencia en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas por parte de particulares o de fuerzas estatales”, dice el informe en uno de sus fragmentos, y agrega: “Las comunidades sufrían actos de violencia, restricciones de la libertad de circulación y escasez en el suministro de alimentos, y carecían de acceso suficiente a agua potable y de condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Preocupaban las repercusiones del Covid-19 para los pueblos indígenas, que seguían enfrentándose a obstáculos para acceder a las prestaciones sociales”.

Del mismo modo, se cuestionaron hechos de abuso de las Fuerzas de Seguridad; “en mayo, agentes de policía mataron en la provincia de Tucumán a Luis Espinoza, cuyo cadáver no fue hallado hasta una semana después de su muerte”. “También en mayo, las fuerzas de seguridad irrumpieron violentamente en las viviendas de integrantes del pueblo indígena Qom en Fontana (provincia de Chaco) y se llevaron detenidos a tres hombres y una niña de 16 años. Éstos denunciaron haber sido sometidos a tortura y otros malos tratos, incluido el abuso sexual de la niña”; y “El cadáver de Facundo Astudillo Castro fue hallado 107 días después de que se denunciara su desaparición a finales de abril. Había sido visto por última vez en un puesto de control policial de la provincia de Buenos Aires. La autopsia determinó que había muerto por asfixia. La existencia de informes policiales contradictorios y otros indicios señalaban que la policía de Buenos Aires podría ser responsable de su desaparición y muerte”, son algunos de los fragmentos del informe que hacen referencia a estos hechos.

Menos derechos para personas migrantes e impunidad por el atentado de la Amia

Entre otros puntos analizados por el informe de la situación argentina en relación a los derechos humanos, se hace referencia al decreto 70/2017, que modificó la Ley de Migraciones e “introducía graves medidas regresivas en relación con los derechos de las personas migrantes, continuaba en vigor pese a que varios mecanismos de derechos humanos lo habían considerado inconstitucional”, dice el relevamiento.

En este sentido, considera que las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo “encontraban dificultades para llevar a cabo los procedimientos de regularización y acceder a los programas de asistencia social. Estos colectivos, con acceso limitado al mercado de trabajo formal y a una vivienda adecuada, se encontraban entre los más afectados por la crisis de Covid-19. El cierre de las fronteras afectó al reasentamiento de refugiados a través del Programa Siria, un programa argentino de patrocinio comunitario. Se paralizó el reasentamiento de nueve familias refugiadas sirias cuyo traslado a Argentina había sido aprobado y se suspendió el trámite de nuevas solicitudes de patrocinio comunitario”.

“El decreto introducía graves medidas regresivas en relación con los derechos de las personas migrantes”.

Finalmente, si bien se destaca que se seguían realizando los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (“Entre 2006 y diciembre de 2020 se dictaron 250 sentencias, con lo que el total de personas declaradas culpables se elevó a 1.013 y el de absoluciones, a 164”, destacan), se hace mención a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado “responsable de violar el derecho a la vida y a la integridad física de las víctimas, así como de operaciones de encubrimiento que favorecían la impunidad, en relación con el atentado con explosivos en la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) en julio de 1994”.

Derechos humanos en 2020 en cifras

Entre otros aspectos, el estudio realizado por Amnistía Internacional destaca cifras de lo que fue el 2020 y la situación con los derechos humanos a nivel mundial:

- 58% de los 149 países analizados tuvieron denuncias creíbles de tortura u otros malos tratos bajo custodia del Estado.

- 56% adoptó medidas contra el Covid-19 discriminatorias para grupos marginados.

- 28% registró muertes de personas bajo custodia del Estado como consecuencia de tortura u otros malos tratos.

- 36% mantuvo presos de conciencia, es decir personas encarceladas o sometidas a otras restricciones de su libertad a causa de sus creencias, su origen étnico, sexo, color o idioma.

- 27% sumó nuevos casos de desapariciones forzadas.

- 31% registró ejecuciones extrajudiciales.

- 16% sumó denuncias de detención de personas LGBTI debido a su orientación sexual o su identidad de género.

- 28% registró denuncias de desalojos forzosos.

Luis Schlossberg. Redacción Puntal