La iniciativa propone crear un Programa Nacional de Refinanciación de Deudas Familiares en Mora, destinado a personas que figuran en Situación 2 o 3 de la Central de Deudores del Banco Central.
El mecanismo permitiría reemplazar deudas provenientes de préstamos bancarios, tarjetas de crédito y otras formas de financiamiento familiar por un nuevo crédito, con plazos más extensos y menores costos financieros.
El proyecto establece préstamos de hasta 60 meses, ajustados por UVA y con una tasa máxima del 7,5% anual.
La operatoria estaría a cargo de bancos y entidades financieras que adhieran voluntariamente, mientras que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses podría aportar fondeo.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es que el Estado no asumiría las deudas privadas ni otorgaría garantías sobre el capital refinanciado.
El riesgo crediticio permanecería en las entidades financieras participantes.
Para reducir el costo de los nuevos préstamos, los diputados plantean una serie de incentivos tributarios.
Entre ellos se destaca la exención del IVA sobre los intereses de los créditos otorgados dentro del programa.
Además, se invita a las provincias y municipios a reducir o eliminar Ingresos Brutos, el Impuesto a los Sellos y las tasas locales que alcancen a estas operaciones.
El proyecto también incorpora mayores exigencias de transparencia.
El Banco Central debería informar de manera clara las condiciones de cada refinanciación, incluyendo la tasa de interés, el costo financiero total y la proporción de ese costo que corresponde a impuestos nacionales, provinciales y municipales.
La propuesta será puesta a consideración en el marco del debate legislativo que comenzará este martes.
El proyecto busca que bancos, Estado y jurisdicciones provinciales y municipales compartan el esfuerzo para abaratar el costo del financiamiento y ofrecer una alternativa de pago a quienes quedaron atrapados en situaciones de mora.
La iniciativa plantea así una salida basada en la refinanciación de las deudas existentes y no en su estatización, con la intención de extender los plazos, reducir el costo financiero y facilitar que miles de familias puedan volver a cumplir con sus obligaciones.
