La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad, y giró al Senado, el proyecto para agravar las penas a los barrabravas que cometan actos de violencia en los estadios de fútbol, que no podrá aplicarse en los torneos de fútbol local que se reinician en la segunda semana de enero de 2019, porque la Cámara Alta decidió no incluirlo en la sesión convocada para hoy.
Durante la sesión, la tercera del período extraordinario de sesiones, los diputados debatieron el texto enviado semanas atrás por el Poder Ejecutivo luego de los incidentes ocurridos en las inmediaciones del estadio Monumental, en el barrio de Núñez, cuando un grupo de personas atacó con piedras el micro donde viajaba el plantel de Boca Juniors.
La iniciativa fue enviada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en 2016 al Congreso, pero había perdido estado parlamentario y, tras los hechos de violencia que obligaron a suspender la final de la Copa Libertadores entre River y Boca -que se realizó finalmente en Madrid el 9 de diciembre-, el Gobierno volvió a impulsar.
Al abrir el debate, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR-Jujuy), aseguró que la iniciativa busca incorporar algunas contravenciones que, dijo, “adquieren calidad de delito” y algunas medidas de prevención de ilícitos en los partidos, así como la incorporación de la figura del arrepentido y el juicio abreviado para los que provoquen incidentes en los partidos de fútbol.
Baldassi
En esa línea, el diputado nacional y exárbitro de fútbol Héctor Baldassi (Pro-Córdoba) destacó la importancia de “dar el puntapié inicial para erradicar la violencia en las canchas, prevenir sus acciones y someterlos a la justicia para que paguen el daño con la pena que corresponde”, al advertir que “no hay más margen para esto como cualquier otro delito; los que hacen estos hechos tienen que pagar”.
Desde el FPV-PJ, el presidente de la comisión de Deportes, Daniel Scioli, dijo que ese bloque acompaña en general el proyecto pero consideró “insuficiente” el dictamen del oficialismo, al sostener que "apunta a incrementar las penas” pero “no ataca los problemas que van detrás”.
A su turno, el justicialista salteño, Pablo Kosiner, apoyó el proyecto pero reclamó “plantear una ley realista” porque “la Argentina no es sólo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No es justo castigar al todo el país por la inoperancia de las fuerzas de seguridad que no supieron, o no quisieron, evitar los incidentes que ocurrieron en la final de la Libertadores”, señaló.
En tanto, la massista Carla Pitiot pidió “poner fin a la convivencia que existe entre el poder y la delincuencia. Tenemos que dar un gesto político de que no queremos más mafias en el fútbol. Debemos ser firmes con las barras y darles a los argentinos un espectáculo y no un negocio para poquitos”.
Al cierre de esta edición se aprestaban a aprobar el proyecto para capacitar a funcionarios públicos en la temática de género, conocido como "Ley Micaela", en homenaje a Micaela García, la joven asesinada en Gualeguay en 2017.
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La iniciativa fue enviada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en 2016 al Congreso, pero había perdido estado parlamentario y, tras los hechos de violencia que obligaron a suspender la final de la Copa Libertadores entre River y Boca -que se realizó finalmente en Madrid el 9 de diciembre-, el Gobierno volvió a impulsar.
Al abrir el debate, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR-Jujuy), aseguró que la iniciativa busca incorporar algunas contravenciones que, dijo, “adquieren calidad de delito” y algunas medidas de prevención de ilícitos en los partidos, así como la incorporación de la figura del arrepentido y el juicio abreviado para los que provoquen incidentes en los partidos de fútbol.
Baldassi
En esa línea, el diputado nacional y exárbitro de fútbol Héctor Baldassi (Pro-Córdoba) destacó la importancia de “dar el puntapié inicial para erradicar la violencia en las canchas, prevenir sus acciones y someterlos a la justicia para que paguen el daño con la pena que corresponde”, al advertir que “no hay más margen para esto como cualquier otro delito; los que hacen estos hechos tienen que pagar”.
Desde el FPV-PJ, el presidente de la comisión de Deportes, Daniel Scioli, dijo que ese bloque acompaña en general el proyecto pero consideró “insuficiente” el dictamen del oficialismo, al sostener que "apunta a incrementar las penas” pero “no ataca los problemas que van detrás”.
A su turno, el justicialista salteño, Pablo Kosiner, apoyó el proyecto pero reclamó “plantear una ley realista” porque “la Argentina no es sólo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No es justo castigar al todo el país por la inoperancia de las fuerzas de seguridad que no supieron, o no quisieron, evitar los incidentes que ocurrieron en la final de la Libertadores”, señaló.
En tanto, la massista Carla Pitiot pidió “poner fin a la convivencia que existe entre el poder y la delincuencia. Tenemos que dar un gesto político de que no queremos más mafias en el fútbol. Debemos ser firmes con las barras y darles a los argentinos un espectáculo y no un negocio para poquitos”.
Al cierre de esta edición se aprestaban a aprobar el proyecto para capacitar a funcionarios públicos en la temática de género, conocido como "Ley Micaela", en homenaje a Micaela García, la joven asesinada en Gualeguay en 2017.