“Ante el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, desde Capredis reafirmamos que construir una ley permanente debía ser la oportunidad para impulsar un mecanismo de consulta pública, federal y accesible. Esto habría permitido que las personas con discapacidad y sus organizaciones de todo el país debatieran las propuestas con tiempo, propusieran modificaciones y participaran activamente en la validación de acuerdos”, señaló la Cámara.
Y agregó: “Aun con nuestras reservas sobre los tiempos y las formas, lo ocurrido en el Congreso representa un triunfo rotundo de la unidad y de la presión sostenida por todo el colectivo, que logró ser escuchado y consiguió incorporar mejoras sustanciales al texto legislativo. Valoramos el consenso alcanzado entre los distintos sectores y la genuina predisposición al diálogo en la búsqueda de soluciones. Estos avances reflejan una clara voluntad de optimizar las herramientas normativas vigentes. No obstante, estaremos atentos y realizaremos un seguimiento riguroso para asegurar su efectivo cumplimiento, recordando que la actual ley de emergencia aún no se está aplicando a cabalidad”.
La Cámara de Prestadores reclamó que el proceso debería contemplar la escucha activa para construir normas inclusivas, eficaces y respetuosas de los derechos humanos.
Los prestadores además volvieron a reclamar la actualización de los valores que se reconocen por las prácticas. “Advertimos que resulta impostergable contemplar una recomposición arancelaria para los prestadores y servicios integrales. La sostenibilidad de las prestaciones básicas y la continuidad de la atención dependen directamente de una actualización de valores acorde a la realidad económica actual”, señaló Capredis.
En la última y maratónica sesión, la Cámara de Diputados aprobó con una abrumadora mayoría la nueva ley sobre protección social de la Discapacidad, en el marco de negociaciones entre el oficialismo y la oposición que permitieron sumar al peronismo a un acuerdo con La Libertad Avanza y bloques dialoguistas.
De esta manera, se alcanzó la media sanción con 237 votos positivos, 9 negativos y cuatro abstenciones, y la iniciativa fue girada al Senado, donde se espera un tratamiento en el corto plazo.
El dictamen de mayoría, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, que el oficialismo acordó con el presidente del bloque de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, toma en cuenta prácticamente todo el esquema de beneficios plasmados en la ley 27.793 sobre Discapacidad pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad, convirtiéndola en una norma de orden público, con efectos permanentes, que exceden los gobiernos de turno. Ese fue uno de los aspectos más destacados durante el extenso debate que se produjo en el Congreso.
Lo que se mantiene de la ley de emergencia es, por ejemplo, la compatibilidad entre el goce de una pensión contributiva por discapacidad (70 por ciento del haber jubilatorio mínimo) para titulares del CUD y tener un empleo formal o monotributo, siempre y cuando los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.
Además se mantiene el principio de nomenclador único, se ratifica la indexación automática periódica de los aranceles de las prestaciones por el índice de movilidad jubilatoria (atado al Indice de Precios al Consumidor), y se garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para quienes tengan la pensión por discapacidad.
En cuanto al financiamiento, se establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior en términos reales al ejercicio fiscal del año anterior.
Por otro lado, se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos de Anses, Arca, SINTyS y Renaper bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Y se incorporó a pedido de aliados una cláusula transitoria que exige un cronograma para el pago de las compensaciones atrasadas a prestadores, con un plazo máximo de 30 días para la reglamentación del Poder Ejecutivo Nacional.
Uno de los aspectos que llamó la atención fue el número que consiguió un proyecto que al principio era resistido. Durante toda la jornada, los referentes de Unión por la Patria se juntaron durante horas con representantes de colectivos de discapacidad para discutir con ellos la posibilidad de confluir con el oficialismo en el dictamen de mayoría en lugar de seguir aferrándose a la prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2027. Ese criterio terminó generando las condiciones para un acuerdo y para una amplia votación a favor.
