Unas 250 personas marcharon ayer para exigir que se actualicen los honorarios. Aseguran que “hay terapias en riesgo” y que el sistema se encuentra “al borde del colapso”
Villa María participó este miércoles de la jornada que se convocó en todo el país para exigir la sanción de una Ley de Emergencia en Discapacidad.
A nivel local, la marcha reunió a unas 250 personas en Plaza Centenario.
Entre los asistentes, había familiares de personas con discapacidad, prestadoras de servicios y también pacientes que corren el riesgo de quedarse sin terapias.
La situación, según describen, es crítica y desesperante y pone en “jaque” a un gran número de tratamientos.
“Este escenario realmente nos está afectando a todos, tanto a familiares como a prestadores”, remarcó en diálogo con este medio Patricia Juncos, referente de Hablemos de Autismo y Neurodiversidad VM.
La mujer también compartió el caso de su hijo de 6 años, Santiago, a quien en noviembre le cortaron todas las prestaciones.
“Eso ocurrió porque me sacaron el monotributo social. Tuve que hacer un nuevo monotributo y llamar a un abogado. Recién el mes pasado pude conseguir la habilitación”, comentó la entrevistada.
Cynthia Vilella, psicopedagoga e integrante del espacio terapéutico Acompañarte, trajo a la marcha la preocupación de quienes prestan el servicio.
“Vemos que existe una demora en las autorizaciones. Ya estamos prácticamente en junio y yo tengo pacientes que aún no han sido autorizados”, exteriorizó.
Y agregó: “Además de que los honorarios se quedaron muy atrás, también está la cuestión del momento en el que cobramos la prestación. Nosotras ya sabemos que los pagos ingresan después de 60 y hasta de 90 días”.
Virginia Genné, psicopedagoga de la ciudad, compartió el caso que le tocó transitar con una paciente, a quien se la empezó a tratar en marzo y recién fue autorizada en mayo. “Se trabajó durante dos meses ad honorem”, mencionó.
Susana Blanco, jubilada y mamá de un adulto con discapacidad, hizo extensiva su preocupación por la carencia de hogares que existe en Villa María.
Ante ese escenario, la mujer tuvo que recurrir a un espacio que se encuentra en la localidad de San Agustín.
“El otro día le pregunté a una autoridad municipal qué iba a pasar cuando yo cumpla 70 años y no me den más el carnet de conducir. Hoy tengo que hacer 174 kilómetros para ver a mi hijo, hace 18 años que viajo”, afirmó.
El escenario que transitan familias y prestadoras también fue abordado por el Concejo Deliberante, que este miércoles aprobó un proyecto declarando la preocupación ante el sostenido desfinanciamiento del sistema de apoyo a personas con discapacidad.
Al tomar la palabra, la concejala Natalia González apuntó contra la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) por los aranceles establecidos que ponen “en riesgo” a los pacientes y “al borde del colapso” a las instituciones que brindan la atención.
