Preocupaciones principales
Demarchi enfatizó que “la representación legal y la participación del juez son insustituibles por cualquier mecanismo que se pretende instaurar como más sencillo y menos burocrático”. La presidenta argumenta que el divorcio es una situación compleja que requiere la contención y el cuidado que solo puede proporcionar el sistema judicial. “Entramos en un tiempo de lenguaje engañoso si le hacemos creer a la ciudadanía que este trámite de finalización de un vínculo matrimonial puede hacerse sin ninguna consecuencia en un registro civil o administración pública”, advirtió la letrada.
Riesgos potenciales
El Colegio de Abogados señala varios riesgos asociados con la propuesta: falta de detección de situaciones de violencia o coacción, posible desventaja económica para una de las partes, riesgo de que algunos ciudadanos puedan imponer el divorcio a otros y ausencia de garantías para los derechos fundamentales de los involucrados.
“La gravedad y el perjuicio enormes que pueden derivarse de un divorcio tramitado por la administración pública radica en que quienes gestionen estos trámites no detecten situaciones de violencia o falta de voluntad para la disolución porque no tienen la formación jurídica necesaria”, explicó Demarchi.
Consecuencias legales y sociales
En una declaración más extensa, Demarchi profundizó sobre las posibles consecuencias de esta reforma: “Ni hablar de todas las nulidades que se pueden venir en materia de distribución económica, materia de custodia de los niños, responsabilidad parental, de lo que devenga de ahí respecto de las compensaciones económicas. Hasta cuando existe la comunidad ganancial (lo que se hizo en pareja) tampoco se sabe hasta dónde va a llegar".
La presidenta hizo una analogía para ilustrar la importancia de la especialización en estos procesos: “Es cierto que podemos tomar al divorcio como un trámite, pero también es un trámite el hecho de sacarse una muela y uno ¿iría a un abogado para sacarse una muela?, claro que no, pero tampoco iríamos a un odontólogo a hacer un trámite de divorcio porque es uno de los trámites más difíciles de la ciudadanía y el abogado es el que debe acompañar y el juez el que debe resolver”.
Llamado a la reflexión y acción
La institución hace un llamado a un análisis profundo y exhaustivo del proyecto antes de avanzar con cualquier tipo de reforma. “La simplificación no puede ser a costa de derechos fundamentales”, subrayó la presidenta.
Demarchi anunció que desde la institución apelarán a la información buscando llegar a la sociedad, “comunicando permanentemente que esto es atentatorio contra los derechos fundamentales, ya que se saca de la órbita de Familia, se saca de la especialidad de familia, se saca del magistrado que se ha formado en familia, dejándolo en la administración pública”, dijo la abogada.
Concluyó enfáticamente: “Esto es mentira, no será más bueno, no será más bonito y no será más barato. Lo que se dice es que si se hace por la administración pública será un trámite más, pero el punto es que no es un trámite más. Todos los inconvenientes que traerá el hecho de que se haga sin ninguna de las garantías de los derechos fundamentales terminarán en la Justicia”; además remarcó:“El punto es que no es un trámite más y todos los inconvenientes que va a traer el hecho de que se haga en la administración pública sin ningún control y garantías de derechos fundamentales. La persona va a terminar en la Justicia, porque el punto es que el magistrado escucha las partes”.
La responsable del colegio local advirtió que se trata de otro intento más de decir que será un trámite más barato, para “lisa y llanamente, dejar a cierta cantidad de gente a la vera del desarrollo”, declaró.
El Colegio de Abogados de Villa María invita a la comunidad y a los profesionales del derecho a sumarse al debate sobre este importante tema, reafirmando su compromiso de velar por un sistema judicial que ofrezca garantías y seguridad jurídica a todas las familias.
