Un freno a la caída social
Estamos viviendo una verdadera catástrofe social que atraviesa a una vasta mayoría de los argentinos. La situación golpea especialmente en los sectores más pobres y afecta el derecho básico a la alimentación. Ya no se trata de un fenómeno de calidad nutricional, sino que estamos ante algo más grave: es evidente que hay un problema de hambre. Por eso consideramos que la media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación al proyecto de ley de emergencia alimentaria es un primer paso para detener la caída social.
Desde 2017 venimos observando un deterioro fuerte de la vida cotidiana y se ha incrementado la cantidad de personas que asisten a merenderos y comedores escolares y comunitarios en todo el país. La acción de los movimientos sociales, de distintas asociaciones civiles y eclesiales, de las maestras que ponen tiempo extra en las escuelas, o de personas que simplemente se juntan para ayudar a sus vecinos, hace que la situación no sea aún más dramática. Sin embargo, la devaluación sufrida en agosto y el traslado a precios en los alimentos y bebidas no alcohólicas multiplica la demanda social y los comedores ya no dan abasto. En cada barrio, se hace lo que se puede con lo poco que se tiene.
La declaración de la emergencia alimentaria es un piso para garantizar lo mínimo: el abastecimiento de merenderos y comedores escolares y comunitarios. El principal objetivo del proyecto es la cobertura de las necesidades nutricionales de niñas y niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza. De esta forma, dispone un incremento de como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición. Y facilita a que se aceleren los procesos licitatorios para la compra de alimentos.
El texto acordado extiende la emergencia alimentaria hasta diciembre de 2022. A partir del 1° de enero del año que viene, el jefe de Gabinete podrá actualizar de manera trimestral las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas la variación porcentual del rubro ''alimentos y bebidas no alcohólicas'' del ÍPC y la variación de la Canasta Básica Alimentaria.
En tiempos de emergencia, debemos garantizar los derechos básicos. Comer no puede ser un pri- vilegio en un país que elabora alimentos para 400 millones de personas. El hambre, la desnutrición y la malnutrición causan daños irreparables que deben ser prevenidos y abordados en forma urgente, estratégica e integral con recursos suficientes por parte del Estado. Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional debe transformarse en consenso básico y en una política de Estado prioritaria del nuevo contrato social que necesita nuestro país.
* Ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación.
Daniel Arroyo * Diputado de la Nación
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Desde 2017 venimos observando un deterioro fuerte de la vida cotidiana y se ha incrementado la cantidad de personas que asisten a merenderos y comedores escolares y comunitarios en todo el país. La acción de los movimientos sociales, de distintas asociaciones civiles y eclesiales, de las maestras que ponen tiempo extra en las escuelas, o de personas que simplemente se juntan para ayudar a sus vecinos, hace que la situación no sea aún más dramática. Sin embargo, la devaluación sufrida en agosto y el traslado a precios en los alimentos y bebidas no alcohólicas multiplica la demanda social y los comedores ya no dan abasto. En cada barrio, se hace lo que se puede con lo poco que se tiene.
La declaración de la emergencia alimentaria es un piso para garantizar lo mínimo: el abastecimiento de merenderos y comedores escolares y comunitarios. El principal objetivo del proyecto es la cobertura de las necesidades nutricionales de niñas y niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza. De esta forma, dispone un incremento de como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición. Y facilita a que se aceleren los procesos licitatorios para la compra de alimentos.
El texto acordado extiende la emergencia alimentaria hasta diciembre de 2022. A partir del 1° de enero del año que viene, el jefe de Gabinete podrá actualizar de manera trimestral las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas la variación porcentual del rubro ''alimentos y bebidas no alcohólicas'' del ÍPC y la variación de la Canasta Básica Alimentaria.
En tiempos de emergencia, debemos garantizar los derechos básicos. Comer no puede ser un pri- vilegio en un país que elabora alimentos para 400 millones de personas. El hambre, la desnutrición y la malnutrición causan daños irreparables que deben ser prevenidos y abordados en forma urgente, estratégica e integral con recursos suficientes por parte del Estado. Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional debe transformarse en consenso básico y en una política de Estado prioritaria del nuevo contrato social que necesita nuestro país.
* Ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación.
Daniel Arroyo * Diputado de la Nación