El gobierno de Ecuador dijo ayer que desactivó un intento de "golpe de Estado" promovido por opositores vinculados al expresidente Rafael Correa con apoyo "foráneo", mientras que los movimientos indigenistas, que lideran desde hace 10 días una revuelta popular, advirtieron que las protestas continuarán hasta lograr que el FMI "se vaya del país".
Pese a que el gobierno del presidente Lenín Moreno aseguró que la normalidad se recupera de a poco en el país, ocho policías, entre ellos una mujer, fueron retenidos por activistas indígenas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), en una acción que las autoridades consideran secuestro.
Desde el estallido de la crisis, el pasado 1 de octubre, cinco personas murieron en medio de las protestas y más de 800 fueron detenidas, de acuerdo con informes proporcionados por fuentes oficiales u organismos independientes.
La reacción popular, que involucra también a sindicatos y movimientos sociales, siguió a una decisión de Moreno de eliminar un subsidio a los combustibles, con su consecuente impacto en los precios de las naftas, en el marco de un acuerdo de ajuste económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La fuerza de las protestas movió a Moreno a declarar el estado de excepción, que suspende algunas garantías constitucionales, y a mudar la sede del gobierno a Guayaquil, unos 400 kilómetros al suroeste de Quito, ciudad esta última sitiada por acampes, movilizaciones y asambleas de las organizaciones indígenas.
Ayer, en una entrevista con la agencia de noticias Europa Press, el canciller ecuatoriano, José Valencia, afirmó que fue desactivado un intento de "golpe de Estado" en el que involucró a seguidores de Correa que, dijo, actuaron con el apoyo de una "acción foránea".
"Eso sólo tiene un calificativo: un golpe de Estado, una subversión del orden democrático", apuntó.
Valencia fue consultado puntualmente sobre si cree que hay un nexo entre Correa y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. "Sí, tenemos muchos indicios de que por ahí apuntan las cosas, de que hay una acción foránea", respondió el funcionario.
Poco después, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó en su cuenta de Twitter que 17 personas, la mayoría de ellas venezolanos, fueron detenidas en el aeropuerto de Quito cuando tenían en su poder información sobre los movimientos de Moreno, quien no tuvo apariciones públicas desde anoche hasta entrada la tarde de ayer.
El texto está acompañado por una fotografía en la que se ve a algunos de los detenidos, arrodillados y con las manos contra una pared.
"Cada nuevo evento confirma todos los intereses que están detrás del caos en el país; lo enfrentamos con la fuerza de la ley, la defensa de la democracia y sin subestimar lo que se encuentra en juego", apuntó la ministra.
Pese al clima de vuelta a la normalidad que pretendió instalar el gobierno, las comunidades indígenas advirtieron que su lucha seguirá hasta que el FMI "se vaya del país", a la vez que descartaron la posibilidad de cualquier tipo de diálogo con un gobierno al que tildaron de "asesino".
A través de una declaración pública, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) llamó a sus seguidores a "radicalizar" la protesta, con el sostenimiento de los bloqueos en calles y autopistas e incluso con las "tomas de gobernaciones y edificios públicos".
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Desde el estallido de la crisis, el pasado 1 de octubre, cinco personas murieron en medio de las protestas y más de 800 fueron detenidas, de acuerdo con informes proporcionados por fuentes oficiales u organismos independientes.
La reacción popular, que involucra también a sindicatos y movimientos sociales, siguió a una decisión de Moreno de eliminar un subsidio a los combustibles, con su consecuente impacto en los precios de las naftas, en el marco de un acuerdo de ajuste económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La fuerza de las protestas movió a Moreno a declarar el estado de excepción, que suspende algunas garantías constitucionales, y a mudar la sede del gobierno a Guayaquil, unos 400 kilómetros al suroeste de Quito, ciudad esta última sitiada por acampes, movilizaciones y asambleas de las organizaciones indígenas.
Ayer, en una entrevista con la agencia de noticias Europa Press, el canciller ecuatoriano, José Valencia, afirmó que fue desactivado un intento de "golpe de Estado" en el que involucró a seguidores de Correa que, dijo, actuaron con el apoyo de una "acción foránea".
"Eso sólo tiene un calificativo: un golpe de Estado, una subversión del orden democrático", apuntó.
Valencia fue consultado puntualmente sobre si cree que hay un nexo entre Correa y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. "Sí, tenemos muchos indicios de que por ahí apuntan las cosas, de que hay una acción foránea", respondió el funcionario.
Poco después, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó en su cuenta de Twitter que 17 personas, la mayoría de ellas venezolanos, fueron detenidas en el aeropuerto de Quito cuando tenían en su poder información sobre los movimientos de Moreno, quien no tuvo apariciones públicas desde anoche hasta entrada la tarde de ayer.
El texto está acompañado por una fotografía en la que se ve a algunos de los detenidos, arrodillados y con las manos contra una pared.
"Cada nuevo evento confirma todos los intereses que están detrás del caos en el país; lo enfrentamos con la fuerza de la ley, la defensa de la democracia y sin subestimar lo que se encuentra en juego", apuntó la ministra.
Pese al clima de vuelta a la normalidad que pretendió instalar el gobierno, las comunidades indígenas advirtieron que su lucha seguirá hasta que el FMI "se vaya del país", a la vez que descartaron la posibilidad de cualquier tipo de diálogo con un gobierno al que tildaron de "asesino".
A través de una declaración pública, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) llamó a sus seguidores a "radicalizar" la protesta, con el sostenimiento de los bloqueos en calles y autopistas e incluso con las "tomas de gobernaciones y edificios públicos".