Fuerte protesta en Ecuador por el alza del 123% en las naftas
Manifestantes y policías se enfrentaron en Quito a pesar del estado de excepción que decretó el Gobierno para tratar de frenar el malestar
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, impuso ayer el "estado de excepción" por 60 días, en una jornada de paros, protestas y bloqueos de caminos contra el aumento de un 123% en los precios de los combustibles decidido por el Gobierno en el contexto de un programa de ajuste acordado con el FMI.
La extrema medida tomada por Moreno se conoció después de que las calles de distintas ciudades del país se convirtieran en escenario de enfrentamientos entre manifestantes y policías, en medio de bloqueos que dejaron intransitables a varias calles, avenidas y autopistas.
Los primeros reportes extraoficiales de esos incidentes no incluyeron heridos, pero sí al menos una decena de detenidos.
En Quito, a las afueras del Palacio de Gobierno, la policía disparó granadas de gas lacrimógeno contra los manifestantes, en su mayoría estudiantes, trabajadores y miembros de organizaciones indigenistas que se resisten a aceptar la eliminación de subsidios a los combustibles, lo cual impacta en los precios de venta al público.
Pese a la convulsión, el gobierno de Moreno ratificó la medida y redobló la apuesta con la declaración del estado de excepción, una herramienta legal a la que las autoridades pueden recurrir en situaciones que considere extraordinarias.
"No existe posibilidad de cambiarlas, especialmente las relacionadas con un subsidio perverso que hacía demasiado daño al país", ratificó el presidente.
Uno de los artículos del estado de excepción faculta a la presidencia a limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información.
En marzo pasado, con necesidades de liquidez, Ecuador llegó a un acuerdo con distintos organismos internacionales para acceder a una línea de crédito por 10.000 millones de dólares, 4.200 millones de los cuales fueron aportados por el FMI.
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La extrema medida tomada por Moreno se conoció después de que las calles de distintas ciudades del país se convirtieran en escenario de enfrentamientos entre manifestantes y policías, en medio de bloqueos que dejaron intransitables a varias calles, avenidas y autopistas.
Los primeros reportes extraoficiales de esos incidentes no incluyeron heridos, pero sí al menos una decena de detenidos.
En Quito, a las afueras del Palacio de Gobierno, la policía disparó granadas de gas lacrimógeno contra los manifestantes, en su mayoría estudiantes, trabajadores y miembros de organizaciones indigenistas que se resisten a aceptar la eliminación de subsidios a los combustibles, lo cual impacta en los precios de venta al público.
Pese a la convulsión, el gobierno de Moreno ratificó la medida y redobló la apuesta con la declaración del estado de excepción, una herramienta legal a la que las autoridades pueden recurrir en situaciones que considere extraordinarias.
"No existe posibilidad de cambiarlas, especialmente las relacionadas con un subsidio perverso que hacía demasiado daño al país", ratificó el presidente.
Uno de los artículos del estado de excepción faculta a la presidencia a limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información.
En marzo pasado, con necesidades de liquidez, Ecuador llegó a un acuerdo con distintos organismos internacionales para acceder a una línea de crédito por 10.000 millones de dólares, 4.200 millones de los cuales fueron aportados por el FMI.